El fiscal pide tres años de cárcel por la paliza a cuatro ediles socialistas de Hernani

La Audiencia de San Sebastián juzgó ayer a Íñigo Nieto y Mirari Alberdi, vecinos de Hernani (Guipúzcoa) acusados de haber golpeado a cuatro concejales socialistas de ese municipio el 28 de junio de 1995. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía pidió para cada uno tres años y un día de prisión, así como multas e indemnizaciones, como autores de delitos de atentado a la autoridad, faltas contra el orden público y lesiones.

La agresión a los ediles socialistas se produjo al término de las fiestas patronales y estuvo precedida de un conato de agresión del que fue víctima el alcalde, José Antonio Rekondo, de Eusko Alkartasuna (EA).Tras protagonizar ese incidente, unos 25 simpatizantes de ETA, entre los que se encontraban presuntamente los inculpados,se dirigieron contra los concejales, insutándoles y amenazándoles gravemente con expresiones como "perros", "ladrones", "váis a morir", "hijos de puta" u "os queda poco".A la vista de la situación, los ediles trataron de huir, pero los agresores les cortaron el paso y les propinaron puñetazos y patadas. La peor parte se las llevó José Ramón Chica Fernández, que no pudo zafarse y fue derribado y golpeado en el suelo. Las patadas sólo cesaron gracias a la intervención de una edil de IU y de otros vecinos. Con el labio partido, las gafas rotas, erosiones y hematomas por todo el cuerpo, Chica fue conducido al ambulatorio y luego al hospital. Sus lesiones tardaron en curar 10 días.

El concejal identificó ayer a Nieto y Alberdi como a dos de sus agresores, pero la defensa, ejercida por Íñigo Iruin, puso de relieve el hecho de que Chica no denunció haber sido golpeado por los inculpados en sus primeras manifestaciones a la Ertzaintza. Sus compañeros, que echaron en falta los testimonios ante el tribunal de personas que presenciaron los hechos, declararon haber visto a Nieto y entre los agresores, pero no pudieron confirmar su participación en los golpes y las patadas.

Tampoco la concejala de IU, que contribuyó a detener la paliza declaró, contra los acusados ni identificó a otros supuestos componentes del grupo.

Varios cientos de personas, jóvenes vecinos de Hernani, en su mayoría, se movilizaron, dentro y fuera del Palacio de Justicia, en apoyo de los acusados.

Por otra parte, la Fiscalía de Guipúzcoa pidió ayer dos meses de prisión, sustitutivos por sanción económica, para Bonifacio Arrondo, el joven de Zarautz (Guipúzcoa) acusado de haber denunciado falsamente que había sido víctima de torturas policiales. El médico forense que le atendió al día siguiente de su detención, en febrero de 1991, se reiteró ante el tribunal en el informe por el que estableció entonces que no mostraba señal alguna de torturas y malos tratos.

La juez Carmen Zubimendi no accedió al aplazamiento, solicitado por la defensa, pero admitió como prueba los escritos de organismos internacionales que denuncian la persistencia de malos tratos y torturas en España y critican una supuesta pasividad forense a la hora de investigar las que no dejan huellas físicas.