El nuevo fiscal del Estado rechaza que el Gobierno pueda destituirlo
El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, se mostró ayer en desacuerdo con la potestad del Gobierno para destituirle "en cualquier momento" y defendió unas garantías legales que favorezcan su "independencia". Ortiz Úrculo, que clausuró un curso sobre Constitución española y Derecho comunitario, propuso que el fiscal general disponga de una partida presupuestaria "individualizada", a fin de que "no dependa para todo del Ministerio de Justicia" y sepa lo que puede hacer o no.
El máximo cargo del ministerío público estimó "fundamental corregir la lentitud de la Justicia, que debe ser cada vez más creíble", dijo, "para que sea también más eficaz". En relación con los documentos del Cesid señaló que el Tribunal Supremo "hará lo que tenga que hacer". Refiriéndose en concreto a la admisión a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de dos recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo gubernamental de no desclasificarlos, Ortiz Úrculo se limitó a señalar: "Al ministerio fiscal le va a tocar en su día infórmar".
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