La juez rechaza archivar el caso del presunto pago de sobornos en Marbella

La juez María Antonia García Montes, que instruye la causa sobre el presunto pago de sobornos a socialistas en Marbella ha rechazado el archivo del caso pedido por los principales imputados, y ha ordenado que siga la instrucción "sin perjuicio de lo que pueda resultar" de las investigaciones. Habían pedido el archivo las defensas de Jaime Montaner, ex consejero andaluz de Política Territorial; de Antonio Prieto, ex contable del PSOE regional, y de José y Rafael Salinas, padre y hermano del ex vicepresidente de la Junta José ,Miguel Salinas.

Mientras, el PSOE, que está personado en la causa como acusación particular, se ha opuesto a la fianza de 130 millones de pesetas que el fiscal anticorrupción ha pedido para José Salinas para poder hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles. En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción 12 de Sevilla, el letrado del PSOE señala que tal petición es ligera", "prematura" y cree que "no es el, momento oportuno" para plantearla. La juez García Montes aún no ha resuelto sobre esta fianza, pedida a comienzos de septiembre por el -fiscal anticorrupción, que pretende que Salinas deposite una cantidad proporcional a los 220 millones de pesetas que, según Jesús Gil, le pidió en 1986 para conseguir que la Junta aumentase la edificabilidad de una parcela de su propiedad en Marbella.Documentación El caso se encuentra a la espera de que el juzgado reciba todos los certificados del Registro Mercantil y las escrituras solicitadas por la juez para completar la investigación. Las pesquisas comenzaron a finales de junio pasado con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en el Juzgado de Guardia de Sevilla. Además de Salinas y Jesús Gil, hasta ahora han declarado en estas actuaciones como imputados Jaime Montaner, que aprobó la recalificación pretendida por el ahora alcalde marbellí; Antonio Prieto, que como contable del PSOE cobró dos de los cheques emitidos, por Gil, e Higinio Garrido, yerno de Salinas, que presuntamente participó en las reuniones en las que se pidieron tales pagos.

También están imputados en la causa dos empresarios que percibieron sendos cheques de diez millones de pesetas cada uno.