Las agencias privadas de adopción funcionarán sin ánimo de lucro

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Hasta el 31 de agosto pasado, 542 familias habían solicitado al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia (IMAIF) la adopción de un niño extranjero. Se trata de una demanda que registra una curva ascendente imparable. En 1995, el IMAIF recibió 509 solicitudes. La datos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales son contundentes: en cinco años la demanda ha aumentado un 173%. Sólo de 1993 a 1995, el incremento fue del 43%.

Para la consejera de Sanidad, Rosa Posada, ese aumento de la demanda es un síntoma de "salud social". La consejera atribuye el incremento de peticiones a dos factores: "La mundialización de la información, que difunde las precarias condiciones de la infancia en otros países, y la respuesta solidaria que está caracterizando este fin de siglo".

La consejería prevé, además, un aumento de peticiones cuando las agencias estén en activo. "La gente se acerca más a las asociaciones que a la Administración; en este campo se la mira como un freno a los deseos", afirma Esperanza García, responsable del IMAIF.

Trámites de urgencia

El decreto que regula la actuación de las "instituciones colaboradoras de adopción internacional" surge como desarrollo de la Ley del Menor, aprobada por el Gobierno socialista de Joaquín Leguina en diciembre pasado. Al tratarse del desarrollo de una normativa de carácter nacional, el decreto debe pasar por el Consejo de Estado, trámite que la consejera, Rosa Posada, va a pedir por la vía de urgencia para que las agencias puedan estar acreditadas y actuar ya. en 1997.

Entre los requisitos que recoge el borrador del decreto figura que la entidad deberá. estar acreditada simultáneamente en la Comunidad de Madrid y en "cada uno de los países en los que desee intervenir". Aunque actualmente cualquier persona puede adoptar un niño en el país que desee, las agencias centrarán su labor en aquellos que tienen firmados convenios con el Gobierno español.

Esta situación se da con Perú, Colombia, Bolivia y Rumania. Un quinto país, India, "no tiene convenio firmado, pero realiza los trámites con mucha diligencia, así como China, que se ha abierto mucho desde que en el otoño de 1995 se empezó a negociar el convenio", según explica Esperanza García. En esa situación de trámites comenzados, pero aún no concluidos, están Chile, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Bulgaria, Hungría y Polonia.

La acreditación de la Comunidad tendrá una validez de dos años, y se renovará a partir de ese momento por anualidades, pero si en el plazo de seis meses no se ha tramitado ninguna adopción se pierde la acreditación. Esto ocurre también en aquellos casos en que se compruebe que ha habido beneficio económico por parte de la agencia. "El control de la Administración en este sentido va a ser absoluto", afirma Rosa Posada.

El decreto estipula también que, para realizar su labor, las agencias deberán contar con un equipo formado como mínimo por un abogado, un psicólogo y un asistente social, que tengan experiencia en los temas de familia, infancia y adolescencia.

Simultáneamente con la elaboración del texto, la consejería ha firmado dos convenios con los colegios de Psicólogos y el de Asistentes Sociales para la formación de profesionales que elaboren certificados de idoneidad. Se conoce así a un requisito imprescindible para formalizar la adopción: un documento, que otorga la Comunidad que evalúa la situación de aquellos que solicitan una adoptación declarándoles aptos para ello.

El certificado de idoneidad tarda actualmente unos ocho meses en tramitarse, pero los convenios firmados con los colegios profesionales rebajará ese plazo a unos tres meses, según la propia Esperanza García. Hasta finales de año está previsto que se formen 60 psicólogos para asesorar a las familias tanto en los trámites previos como en el seguimiento posterior que exigen algunos países. India, por ejemplo, realiza el seguimiento durante cinco años y Bolivia durante dos.