González cierra su etapa de "prudencia" y advierte que el Gobierno no es quién para mandarle callar

Felipe González, secretario general del PSOE, anunció ayer oficialmente que ha terminado su etapa de "descompresión" y se pone al frente del partido para hacer oposición al Gobierno de José María Aznar. De entrada descalificó al nuevo Gabinete. "Todavía no saben que están en el Gobierno y ya va siendo hora de que se enteren" dijo. Por ahora tiene claro que el PSOE se opondrá al proyecto de Presupuestos para 1997 y al modelo de financiación autonómica. No piensa hacer caso al vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, que le declaró inhabilitado para criticar por estar pendiente de si el Tribunal Supremo le llama por el caso GAL. "En democracia no es el Gobierno quien da derecho a hablar" replicó González.

Felipe González ya ha dicho en público, después de la reunión de la comisión ejecutiva federal de ayer, que ha acabado su etapa de "prudencia". Sus compañeros respiran tranquilos al entender que, no puede dar marcha atrás. Algunos le habían oído decir al principio del verano que quizá prolongaría "unos meses más" su actitud de permanecer en un segundo plano. En la reunión de ayer, González precisó que el adversario de los socialistas es el PP, nunca CiU o el PNV, y anticipó que dirigirán las críticas al Gobierno por la nueva financiación autonómica.El ex presidente del Gobierno se mostró de buen humor y en tono relajado señaló que las declaraciones de Álvarez-Cascos se explican por sí mismas. "Mientras mantuve un nivel de discreción prudente para dar margen al Gobierno a que tomara las riendas, se dijo que estaba de vacaciones; y cuando anuncié que había terminado las vacaciones -estoy en mí despacho desde el 12 de agosto-, se afirmó que no tengo derecho a hablar".

A su juicio, "el derecho a hablar en democracia no lo da el Gobierno. Todo el mundo tiene legitimidad para hablar porque lo, ampara la Cónstitución y en mi caso hay un apoyo de más de nueve millones de ciudadanos que deben estar estupefactos ante esas declaraciones". González avisó: "Voy a hacer una oposición racional y seria. Espero que el Gobierno me pernúta hablar". "Creo que molesto mucho más de lo razonable", añadió en tono que pretendía ser modesto, pero que sonó un tanto burlón.

Se le recordó a González que las apreciaciones del vicepresidente primero del Gobierno tenían que ver con el hecho de que sunombre está en el Tribunal Supremo, pendiente de decisión por el caso GAL "No logro tener preocupación por la actuación que tenga a bien hacer el Tribunal Supremo", contestó.

Según, el secretario general del PSOE, su ausencia de preocupación tiene que ver con la convicción de que todos los ciudadanos deben tener igual trato ante la ley, con las mismas garantías. "Aunque desde el punto de vista ambiental", se quejó, "parece que se quieren hacer diferencias en mi contra". González expresó esta opinión en alto, aunque ya la había comentado en los últimos quince días en alguna ocasión.

De manera informal dejó traslucir cierta contrariedad por "la presión ambiental que sufren los magistrados del Tribunal Supremo". En ese contexto, solicitó, siempre aparentando que no está preocupado, igualdad ante la ley.

González habló del Gobierno para mal. Horas antes de que se reuniera el Consejo de Política Fiscal y Financiera para decidir el nuevo modelo de financiación autonómica, pidió al Ejecutivo que "en un simple folio" explique cuánto corresponde a cada comunidad. Cuánto cuesta y cómo se va a repartir la carga, precisó. Dio por supuesto que si hace veinticuatro horas el presidente de Castilla y León, el popular Juan José Lucas, estaba descontento con el modelo y ayer ya no lo estaba, es porque alguien le ha explicado cuánto va a corresponder a su comunidad. Los socialistas "y la opinión pública" también quieren tener acceso a esa información. "No podemos empezar a discutir el modelo si no lo conocernos".

La hipótesis de prorrogar el actual sistema de financiación para dar tiempo a que haya un "acuerdo nacional" le parece a González razonable. Si no fuese posible el acuerdo y si el PSOE se persuadiese de que va a haber diferencias entre unas comunidades y otras, no habría que. echar en saco roto, dijo, la idea de un recurso de inconstitucionalidad.

Discusión presupuestaria

González, no obstante, considera que los socialistas aparecerán como grupo de oposición de manera destacada en la próxima discusión de los Presupuestos del Estado, aunque ayer esbozó otro de los aspectos sobre el que estará muy vigilante: los posibles cambios en el modelo de sanidad pública. Apoyará -" haré mío"- un eventual acuerdo sobre las pensiones siempre que no lleve "una bomba de relojería".Sus desacuerdos no lo serán sólo con el Gobierno. Antes de empezar a hablar con la dirección de IU dio casi por imposible la creación de una "plataforma que agrupe a una mayoría social". Considera seguro que en el Parlamento, PSOE e IU votarán juntos "15 o 20 temas", pero nada de estrategias" globales mientras les separen tres asuntos básicos: el papel de España en la OTAN, en la UE y, por último, lo que significa el "pacto constitucional". La comisión que debatirá con IU la integrarán Cipriá Ciscar, Joaquín Almunia, Txiki Benegas y Clementina Diez.