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Entrevista:Javier Delgado Barrio | Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

"Invocar la seguridad del Estado no da discrecionalidad al Gobierno"

Responde al modelo de juez reflexivo y constitucional. Después de 35 años en la carrera y ano y medio en el Constitucional, todo lo jurídico lo analiza desde la óptica de la ley suprema. Cree positiva la atención hacia la justicia y mantiene que la seguridad del Estado no da discrecionalidad al Gobierno para decidir sobre los papeles del Cesid.

El nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, nació hace, 63 años en Barbastro (Huesca), está casado y tiene cuatro hijos. Ha preparado con gran cuidado su discurso sobre la transparencia de la justicia, que expondrá mañana respetuosamente al Rey, pero no se rasga las vestiduras si alguien desentierra el hacha de guerra de. la República.Pregunta. ¿Qué opina de las recientes críticas al Rey?

Respuesta. En una sociedad democrática, con pluralismo y libertad de expresión amplísima, las declaraciones de Julio Anguita me parecen explicables y justificables dentro de nuestro sistema. Otra cosa es la oportunidad que pueda tener en este momento pIantear un tema como la República, que yo creo que no le preocupa al pueblo español.

P. Anguita ha presentado sus críticas como respuesta a la ruptura del consenso constitucional. Usted, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, ¿qué grado de cumplimiento de la ley suprema observa en los poderes públicos?

R. Yo creo que Anguita estima que ha habido incumplimiento de las prescripciones constitucionales ,que apunjan al Estado social de derecho. Ese es un asunto fundamentalmente político. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que la Constitución está siendo objeto de un cumplimiento amplio por el legislador, porque son pocas las leyes que se recurren, y por el Ejecutivo. En cuanto al poder judicial, de un millón y medio de sentencias dictadas en 1995, los ciudadanos sólo pidieron amparo al Constitucional contra unas 4.000. Además, los jueces están aplicando la legislación preconstitucional a la luz de la Constitución. P. ¿Es apetecible para un juez gobernar a los jueces?

R. Para mí, apetecible en absoluto. Este cargo no me apetece nada, sino que es un sacrificio, porque altera mi sistema de vida en relación con mi temperamento reflexivo y me introduce en un tipo de trabajo opuesto al mío tradicional. Ahora bien, rechazarlo no resultaba fácil, apreciado un conjunto de circunstancias y mi cariño de siempre a la carrera judicial y la posibilidad de desarrollar una tarea eficaz en beneficio de la justicia para los ciudadanos.

P. En el orden de prioridades de este CGPJ, ¿qué está antes, la defensa de la independencia judicial o el funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia?

R. Cualitativamente, lo fundamental para este CGPJ; y para todos, es la defensa de la independencia judicial. Con ese objeto, nace en la Constitución de 1978, al desapoderar al poder ejecutivo de las competencias que antes tenía respecto a los jueces -potestad disciplinaria, nombramientos, ascensos, etcétera- y dárselas al CGPJ. Claro que la sola defensa de la independencia no lleva muchas horas de trabajo durante cinco años para 21 personas, por lo que éste Consejo tiene que hacer otras cosas, sobre todo colaborar para que la Justicia sea eficaz y menos lenta.

P. ¿Qué soluciones propone?R. Este Consejo quiere saber exactamente cuáles son los puntos negros que provocan la lentitud. Va a examinar los órganos judiciales en tres fases: primero, hasta el momento de la sentencia; segundo, la de la sentencia, y tercero, la de su ejecución. Y vamos a pedir una participación amplísima de secretarios judiciales, abogados, procuradores jueces, asociaciones, etcétera. Identificados los puntos negros, buscaremos las soluciones. Pero tampoco tiene este Consejo una varita mágica.P. Algunos retrasos son evidentes.R. La jurisdicción más lenta es la contencioso -administrativa, esencial para el Estado de derecho, ya que, por imperativo constitucional, controla la actuación de la Administración. En 1996 comenzamos con 244.000 asuntos pendientes.P. Uno de los motivos de ese atasco es la no creación de los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo, previstos legalmente. ¿Cuándo empezarán funcionar?

R. Es cierto que la ley los prevé, pero hay que advertir que existe una importante polémica doctrinal sobre su conveniencia o inconveniencia.

P. Eduardo García de Enterría es uno de los principales oponentes, pero la ley sigue previendo esos juzgados.

R. La polémica existe, pe rono me voy a referir a ella. En estos momentos, utilizando un lenguaje de gestor que no me gusta pero que debo utilizar ahora, la creación de esos 114 juzgados importaría unos 6.000 millones de pesetas, difícilmente asumibles por los Presupuestos que parece que se avecinan, y produciría 20.000 sentencias al año. En cambio, la creación de esas 114 plazas judiciales en las actuales

Salas de lo contencioso-administrativo permitirían que se dictara el mismo número de sentencias con un coste de la décima parte.P. Algunos jueces se quejan de que a los que no trabajan lo suficiente, el Poder Judicial les pone un juez de apoyo, lo cual no estimula a los que cumplen religiosamente.

R. Si esas situaciones se dieran, las consecuencias serían catastróficas o por lo menos, ridículas. En cualquer caso, si el mal estado del juzgado es culpa de una negligencia del juez, debe producirse una actuación disciplinaria, claro está.

P. ¿Cree también sancionables los excesos verbales de algunos jueces en sus resoluciones?

R. La independencia judicial es absolutamente esencial, por lo que cualquier medida que pueda, restringirla o rozarla es siempre peligrosa.

P. Pero al ciudadano le produce una sensación de arbitrismo que el juez aproveche el ejercicio de su poder para excesos verbales más propios de una tertulia.

R. La resolución judicial debe ser motivada. Y esa motivación debe conducir a la decisión. Una parte de la motivación es imprescindible para llegar al fallo. Todo lo que conduzca a la decisión, aunque sea de forma dudosa, hay que respetárselo al juez. En el extremo opuesto, podemos encontrar manifestaciones del juez que no tienen nada que ver con la decisión, que son desahogos verbales que no contribuyen en absoluto a justificar la decisión. Se trata no sólo de críticas para otros poderes, sino de expresiones irrespetuosas para el ciudadano. Podemos entender que la independencia no ampara esos excesos verbales.

P. ¿Qué medidas hay previstas para modernizar la Justicia?

R. Fundamentalmente, la informática.

P. La inversión anual en informática para la Justicia es de sólo 150 millones de pesetas... Se produce un agravio comparativo con Hacienda, Interior y otros órganos.R. Yo, que estoy en una relación cordial con la ministra de Justicia, no me refiero personalmente, sino sobre todo institucionalmente, espero que nos ayudará económicamente en todo lo que sea posible en estas circunstancias, que no son buenas desde el punto de vista presupuestario.P. ¿Qué impresión le produce la presencia intensiva de los jueces en las primeras páginas de los periódicos?

R. Creo que es un fenómeno absolutamente inevitable, una vez que hay en los juzgados asuntos que tienen un indudable interés para el ciudadano. A mí no me gustaría nada que tratándose asuntos importantes en los _juzgados hubiera una indiferencia pública hacia esos órganos judiciales. La Constitución ha querido otra cosa, cuando diseña un sistema de justicia tan absolutamente transparente y lo ofrece a la mirada del ciudadano. La publicidad del ejercicio del poder, emanado del pueblo, y la participación ciudadana no son posibles en secreto. Y me llama la atención que la Constitución dedique sólo el artículo 80 a la publicidad del poder legislativo sesiones parlamentarias públicas], mientras que hay tres preceptos distintos que instauran la transparencia del poder judicial: el artículo 24.2

[derecho a un proceso público], el 120.1

[publicidad de las actuaciones judiciales] y el 120.3

[publicación de las sentencias]. ¡Tres veces insiste! Si después de eso, el ciudadano volviera la. espalda a esa realidad judicial que la Constitución ha querido mostrarle, sería un poco deprimente y me parecería una insensibilidad. . Es decir, la presencia constante de los jueces en la prensa me parece perfectamente normal, con los asuntos que hay en los juzgados: los ciudadanos quieren saber lo que hacen los jueces.

P. ¿Hay que recortar o potenciar el poder de los jueces?R. Tal como está en nuestra Constitución, ni una cosa ni otra. Al juez le confía la Constitución la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Los poderes del juez son exactamente los que dice la Constitución y su ejercicio más o menos amplio depende exclusivamente de lo que es la realidad española: si ofrece muchos casos para que los jueces ejerciten sus poderes, no nos encontraremos ante poderes excesivos, sino ante un número excesivo de asuntos en los cuales los jueces tienen que ejercitar sus poderes. Todo depende de la litigiosidad que se produzca. En 1995, el poder judicial ha resuelto más de cinco millones y medio de asuntos, de los cuales sólo unos pocos provocan la atención de los medios de comunicación social.

P. ¿Cree suficiente el actual control judicial sobre los actos del Ejecutivo?

R. Si cuando hablamos del control judicial nos referimos a la Constitución, mi respuesta es sí. El Estado de derecho tiene una cláusula regia que somete toda la actuación de la Administración al control judicial y que se corresponde con preceptos de la Constitución como el artículo 106: "Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa... "P. En la práctica real, ¿ese control es suficiente?

R. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa se está impugnando todo y si la ley cercena esas posibilidades de acceso a los jueces, estaremos en un caso de posible inconstitucionalidad. Yo lo que destaco es que la Constitución establece el control judicial sobre los actos de la Administración con absoluta generalidad.

P. La seguridad del Estado, invocada para no entregar los papeles del Cesid, ¿es argumento suficiente para obstaculizar la investigación judicial de un delito?R. La seguridad del Estado está aludida en el artículo 105.b de la Constitución, como excepción a la transparencia en puntos concretos de actuaciones del Ejecutivo. Tendrían que concurrir muchas circunstancias y datos concretos para poder contestar a esa pregunta. Lo que sí puedo destacar es una cosa. En mi opinión, cuando hablamos de la seguridad del Estado, cuando decimos que el Consejo de Ministros puede hacer algo invocando la seguridad del Estado, no estamos diciendo que el Gobierno tiene discrecionalidad para decidir lo que estime oportuno. La seguridad del Estado es un concepto jurídico indeterminado, por consiguiente reglado. Es decir, queda afectada la seguridad del Estado, ¡o no queda afectada. la seguridad del Estado!.

P. ¿Y cabe invocar la credibilidad de nuestros servicios secretos en el exterior y argumentar que habrían padecido mucho si se hubieran desclasificado los famosos documentos del Cesid?

R. (Pausa) Diría algo parecido. Suponiendo que ese dato pueda tener alguna virtualidad, sería un concepto jurídico indeterminado.

P. ¿Es más seguro el Estado cuando permite la impunidad de un delincuente?

R. No.

P. ¿Cree que si algunos gobernantes hubieran, asumido la responsabilidad política habrían evitado la penal?

R. El problema no es tan sencillo. Aunque se hubieran depurado responsabilidades políticas, eso no significaría que el proceso penal no siguiera su curso. Lo que ocurriría sería que la decisión judicial ya no tendría consecuencias políticas. Que quede muy claro que aún cuando se hubieran exigido responsabilidades políticas, eso no paralizaría la acción de la justicia.

P. Entre las consecuencias penales, ¿cree normal la presencia ante los jueces, como testigos o imputados, de dirigentes políticos, incluso el presidente del Gobierno, o es lógica cierta alarma política?

R. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que ministros, diputados, etcétera, son personas como las demás y, por consiguiente, la igualdad ante la ley produce perfectamente, con naturalidad, su presencia en los tribunales.P. ¿Cree que tras algunas investigaciones penales hay venganzas políticas, intenciones torcidas u operaciones de acoso y derribo?

R. Por parte del juez, no. No lo creo.

P. Personalmente, ¿cuál es su criterio sobre la vuelta a la judicatura de los jueces dedicados a la política?R. Coincido con lo que señaló el Consejo General del Poder Judicial. Habría que realizar un contraste entre lo que hizo el juez en la política y lo que va a hacer cuando vuelva a la judicatura, porque si la actuación política no puede influir para nada en lo que va a hacer después en el cargo judicial, yo no veo necesaria esa espera de tres años.

P. Usted se quedó en minoría en el pleno del Poder Judicial que devolvió al fiscal general del Estado a la presidencia del acto de apertura del año judicial. ¿Se sentirá incómodo mañana en esa presidencia?

R. (Se ríe abiertamente) A lo largo de mi vida he participado en muchísimas deliberaciones y no es, desde luego, la primera vez que me quedo en minoría. Ése es un acontecimiento absolutamente ordinario en la vida profesional del juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de septiembre de 1996

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