Los vecinos de San Blas cesan en su protesta ras la promesa oficial de tirar los módulos

Una tregua después de cuatro meses de movilizaciones. Los vecinos de San Blas que desde finales de mayo se manifiestan contra la masiva venta de droga en los módulos de la avenida de Guadalajara cesaron ayer sus protestas tras obtener un compromiso institucional para desmantelar este poblado de prefabricados antes del 31 de marzo de 1997. Ayer, en medio de un fuerte despliegue policial y de las protestas de los afectados, comenzó el derribo de 110 chabolas ilegales (no censadas) que rodean este asentamiento provisional de familias gitanas construido en 1982 por el Ministerio de la Vivienda.

Los mismos vecinos que ayer firmaron la tregua con el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, y otros representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se, mostraban disconformes la semana pasada con la oferta institucional de desmontar para marzo los 11 módulos (77 familias) que aún quedan en la avenida de Guadalajara Ellos proponían diciembre como fecha tope.Emilio Pedroso, portavoz vecinal, explica así el cambio de actitud: "Llevamos 12 años esperando que se desmantelen los módulos; después de todo ese tiempo no tiene sentido hacer una cuestión de honor por un mes arriba o abajo". "En una negociación hay que mostrar cierta flexibilidad", añadió.

El Ayuntamiento de Madrid comenzó los derribos de las chabolas ilegales que rodean los prefabricados en unas casas de camineros habitadas por ocho familias que ofrecieron cierta resistencia a abandonar el edificio. Dos chabolistas fueron sacadas en volandas por los agentes. Al final, la presión policial les hizo ceder. "Nos echan a la calle como perros", se quejaban.

"Dicen que nos ofrecen un albergue o una pensión, pero ¿para qué?, ¿para que se nos llenen los niños de piojos?", añadían. Estas familias se cobijaron ayer noche en los antiguos laboratorios Landerlan, en la calle de Miguel Yuste, 48 de San Blas.

A primera hora de la tarde se registraron algunos momentos de tensión cuando dos mujeres chabolistas comenzaron a increpar a la policía mientras la piqueta tiraba su chamizo, sin que la cosa llegara a mayores. "Luego dan pisos a los que venden droga, pues levantaremos la chabola en cuanto se despisten", se quejaban. Ayer fueron derribadas 13 chabolas. La demolición de otras 27, también con orden judicial, se producirá hoy.

70 derribos pendientes

Quedan pendientes otros 70 derribos solicitados por el Ayuntamiento y sobre los que todavía no se ha pronunciado el juez. Desde enero, el Consorcio ha desmantelado 8 módulos (56 familias) y 11 (77 familias) en 1995. Hace diez años eran 392 los módulos existentes.La diputada de IU en la Asamblea de Madrid Virginia Díaz aseguro ayer que con estos desalojos lo único que se va a conseguir es trasladar de sitio las chabolas derribadas. "Las volverán a levantar en otro lugar", afirma. Reclama la necesidad, de un plan que solucione los problemas del chabolismo.

En junio, al inicio de las protestas vecinales, la Comunidad de Madrid prometió desmantelar para 1998 las casas modulares cuyos habitantes están incluidos en el censo elaborado por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada. El compromiso firmado ayer establece que las 77 familias censadas serán realojadas para marzo en pisos sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y en otros comprados en el mercado libre cedidos en alquiler.

Dada la intensa venta de droga que se registra desde hace años en este barrio cabe suponer que hay habitantes de los módulos cuyos ingresos superan con creces los baremos exigidos para la adjudicación de una vivienda social (ganar menos de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional). De hecho, a pesar de tener garantizado el realojamiento, algunas familias censadas se han negado a abandonar su ruinoso casetón, y el Consorcio ha tenido que forzar su marcha a través de los juzgados. El problema es que para eliminar el derecho al realojamiento por ingresos excesivos hay que demostrar la posesión de ese dinero. Algo diíicil tratándose de ganancias ilegales. Además, quienes tienen propiedades las registran a nombre de terceros.

Sin embargo, a pesar de estas trabas para probar ingresos de origen ilegal, reconocidos por responsables de estos temas, ayer, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano., volvió a insistir en que no se realojará a vendedores de droga. "Todo el que trafique con droga no recibirá ni una vivienda ni ninguna ayuda de la Administración", aseguró el regidor, según informa Europa Press.

Las manifestaciones diarias contra la venta de droga en los módulos, ya habitual, pero más intensa desde comienzos de año, comenzaron el 31 de mayo. Por aquellas fechas era fácil ver a decenas de toxicómanos consumiendo papelinas junto a la tapia que rodea los prefabricados.

Las protestas, en los momentos más álgidos, no concentraron a más de dos mil participantes. Pero consiguieron permanecer al pie del cañón durante cuatro meses, incluso en verano.Cada día, a la hora de la concentración, la policía tomaba el poblado para evitar enfrentamientos entre manifestantes y habitantes de los módulos. Varias veces, los vecinos aseguraron haber recibido pedradas que llegaban de los prefabricados. Algunos toxicómanos también se han quejado de manifestantes que se tomaban la justicia por su mano. Pero los momentos de mayor crispación se vivieron el 4 de septiembre, cuando la protesta acabó en una batalla campal entre vecinos y chabolistas al intentar los primeros impedir el acceso de toxicómanos. Dos manifestantes resultaron heridas.