Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Eso cuesta dinero

ESTE CURSO, los escolares de 12 años, además de estrenar lapiceros y libretas, se van a encontrar con una novedad mucho mayor: la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), que supone su automático aumento de rango. Dejan la primaria para incorporarse a los estudios de secundaria. El nuevo catálogo de enseñanzas implica transformaciones severas de la distribución escolar. Abandonar la primaria, en el caso de la enseñanza pública, supone ir a estudiar a un instituto. Esta mudanza crea el primer problema grave, irregularmente resuelto en el territorio español y según la Administración competente en la materia. En las zonas donde la Administración no ha consensuado un mapa escolar, y muy especialmente en el ámbito rural, los alumnos se ven obligados a coger un autobús y a cubrir diariamente decenas de kilómetros para estudiar lo que sus amigos mayores estudiaban el año pasado en su misma escuela. Un cambio que supone incomodidades y, en determinados casos, una deslocalización del estudiante que sólo puede justificarse si el instituto receptor ofrece todo lo que promete la ESO, promesa muy difícil de cumplir.Aunque la LOGSE no es una ley reciente, en muchos institutos las brigadas de obreros han llegado tardíamente para acomodar precariamente las instalaciones a las nuevas necesidades. En algunos casos, la ampliación del número de aulas se hace a costa de servicios auxiliares que desaparecen, y, en otros, los martillos neumáticos estarán repiqueteando el primer día de curso.

En teoría, la ESO ha de ofrecer al alumno un abanico de créditos opcionales que permitan satisfacer sus intereses personales sin perjuicio de las obligaciones insalvables de un aprendizaje. Al margen de la discutible y discutida marginación de determinadas disciplinas humanísticas al ámbito optativo, la situación se agrava porque muchos institutos no podrán satisfacer esta demanda opcional.

El PP no votó la ley que introdujo la ESO. Si a esta falta de convicción se añade que esta reforma educativa es cara, el debate no se sitúa tanto en la bondad del proyecto, sino en la eficacia de su realización. Una ESO sin dotación suficiente va a crear frustración tanto entre los profesores como en el alumnado. Un síntoma: los grupos de alumnos, por ley, no pueden superar los 30, pero los sindicatos interpretan que las normas agosteñas del ministerio permiten aglomeraciones de 39 alumnos por grupo.

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La ESO demanda un esfuerzo por parte de los maestros y profesores: se mezclan en los institutos las dos culturas profesionales y se aumenta la tutela personalizada del alumno. Este esfuerzo debe ser exigido, pero la autoridad académica no tendrá argumentos si no pone los medios mínimos necesarios para ejercer la tarea docente. La ESO parte de una correcta filosofía: hasta los 16 años se debe suministrar los conocimientos que necesita un ciudadano para serlo, al margen de su preparación especializada, lo que explicaría, por ejemplo, el retraso del ingreso en la Formación Profesional. Pero despertar la necesidad en el alumno de esa educación, y no sólo imponerla, es tarea tan esencial como difícil.

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