Anasagasti quiere volver a ver los papeles
Iñaqui Anasagasti (PNV) y Rosa Aguilar (IU-IC) habían mostrado su deseo de acudir ante el magistrado Gómez de Liaño. Uno y otro introdujeron ayer significativos matices a su postura. El diputado vasco consideró "apropiada" la decisión de la Mesa y valoró que se tomase por unanimidad, porque con ello "se ha logrado que no se divida" en un asunto de tanta trascendencia.A Anasagasti se le recordó que el acuerdo incluye la afirmación rotunda de que "el secreto nunca puede amparar acciones delictivas", y se le preguntó por qué no fue a los jueces si en la reunión de octubre de 1995 con el entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, advirtió algo delictivo en los documentos. El diputado fue tajante: "Yo no percibí en aquel momento indicios de delito", pero inmediatamente aclaró que se les habló durante cinco horas, que se les enseñaron cientos de documentos y que le gustaría una nueva reunión sobre los documentos específicos que se refieren al caso GAL -"si es que éstos existen", aclaró el diputado-, y así podrían "considerar si hay delito o no".
Rosa Aguilar se movió en un terreno más sutil, ya que después de pedir un nuevo informe jurídico que precise hasta dónde llega el deber de silencio sobre los secretos oficiales, explicó que no es fácil valorar la existencia de un delito y que un documento puede parecer delictivo a un diputado y a otro no.
A su juicio, es necesario "un informe jurídico que entre en el fondo del asunto" para que los diputados afectados sepan "en qué marco legal se pueden desenvolver". Rosa Aguilar informó que el presidente del Congreso, Federico Trillo, contestó a su petición sugiriéndole que esperase a que el magistrado decida si llama o no a alguno de los diputados para declarar como testigos. En su opinión, "si el juez llama a alguno, el Congreso tendrá que elaborar ese informe jurídico", y si no los llama, "le habrá resuelto el gran problema que tiene en este momento el presidente Trillo".
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