CiU y Coalición Canaria enmendarán la Ley de Secretos Oficiales

El chaparrón de críticas al proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno no amainó ayer. A políticos, juristas e historiadores se sumaron editores de diarios y periodistas. Incluso el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo, próximo al PP, criticó el texto. El Grupo Catalán y Coalición Canaria, aliados del Gobierno, anunciaron si propósito de enmendar el proyecto para que se garantice el derecho a la libertad de expresión.

Manel Josep Silva, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, anunció a Europa Press que su grupo presentará "las enmiendas necesarias para garantizar la libertad de expresión". Argumentó que es preferible que haya cierto grado de abuso de dicha libertad a que se recorte en la misma medida. Luis Mardones, de Coalición Canaria, se manifestó en la misma línea, advirtiendo que las cortapisas que el texto pone al derecho a la información pueden incurrir en inconstitucionalidad.Pedro Crespo de Lara, secretario general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, afirmó que el proyecto "vulnera gravemente la doctrina del 'derecho a saber' como fundamento del periodismo de investigación". Agregó que el Gobierno "pretende crear espacios de su actividad no sujetos a control alguno, cuyos emplazamientos y límites serían por él determinados soberanamente, mediante el simple trámite de declarar la materia secreto oficial, sin que el Parlamento ni los tribunales de justicia pudieran fiscalizarlo".

A juicio de Crespo de Lara, las sanciones administrativas, de hasta 100 millones, "abocarían a la ruina o, cuando menos, a graves problemas económicos al órgano de prensa que osara publicar un secreto oficial".

El ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo declaró que la reforma de la Ley de Secretos "no era tan urgente" y rechazó, "tanto política como históricamente", que los secretos no se desclasifiquen hasta pasados 50 años. Calvo Sotelo dijo que la polémica de los papeles del Cesid "forma parte de la herencia mala que ha recibido el Gobierno" y recomendó a éste que tome "mayor distancia respecto al anterior en una materia en la que no tiene nada que ver".

El ex ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra consideró el proyecto "un poco precipitado" y opinó que, debido a su vinculación con el caso Cesid puede perderse "una oportunidad para establecer un sistema exacto de control político" de lo secretos.

En defensa del texto salió el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, quien indicó que la urgencia se deriva de la necesidad de evitar "situaciones generadas por gobiernos anteriores" Agregó que el Ejecutivo esta abierto a "mejorar el texto" en el Parlamento.