Aluvión de críticas políticas y Jurídicas al proyecto de ley de Secretos Oficiales

Madrid - 04 sept 1996 - 00:00CEST

El proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno recibió ayer, en el inicio del curso parlamentario, una abundante cosecha de críticas políticas, jurídicas y periodísticas. El ex ministro socialista Juan Alberto Belloch cree "manifíestamente excesivo" el régimen sancionador, que para la Federación de Asociaciones de la Prensa es "un verdadero dislate". Según la portavoz de IU-IC, Rosa Aguilar, "más que una ley de secretos es una ley de manos libres". En el ámbito jurídico, mientras la Asociación Francisco de Vitoria advierte del riesgo de "quiebra de los esquemas jurídicos" la Asociación Profesional de la Magistratura rechaza la posibilidad de sancionar hechos no delictivos.

El chaparrón de críticas obligó a salir en defensa del proyecto de ley al vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Ambos recordaron que el articulado puede ser modificado durante su tramitación en el Parlamento, una vez que se reciba el dictamen del Consejo General del Poder Judicial.De hecho, Mayor Oreja expresó su convencimiento de que "al final" de la tramitación parlamentaria, la ley será "razonable y democrática". "No hay ningún motivo para que sea una ley más complicada ni más beligerante contra ninguna libertad" que las de otros países occidentales, añadió Mayor. Ante las críticas de que se trata de un texto aberrante", el ministro replico que "cuando se publique en el BOE, los españoles verán que no es un proyecto aberrante".

El ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, considera que "hay excesos evidentes, como el tratamiento en relación a los medios de comunicación". "Me parece que el viraje [del PP] es un poco sorprendente, es excesivo. No se puede pasar de entender que hay que dar todos los documentos secretos a los jueces siempre que se piden, como se entendió en la oposición, a un mecanismo en el que el periodista no pueda ni procurarse una fotocopia de un documento secreto, sin necesidad de divulgarlo, porque tiene un riesgo de multa [de un millón de pesetas]".

El ex ministro atribuyó al Ejecutivo, más que la estrategia del globo sonda con un borrador técnico, "la técnica del tiro de mortero". "Como en la mili, que se lanzaba 10 grados más y 10 grados menos, para finalmente acertar. Pues a lo mejor están en eso".

Tribunal Constitucional

Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, anunció que su grupo se plantea incluso llegar al Tribunal Constitucional para evitar la ausencia de control del Gobierno que provocaría la aprobación del texto en sus términos actuales. El líder de IU, Julio Anguita, agregó que el proyecto es "un ataque al Estado de derecho" en el contexto de una "involución democrática" amparada por diversas fuerzas políticas para "encubrir a delincuentes".El proyecto también ha sido acogido con críticas por las asociaciones judiciales. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura considera cuestionable que la Administración pueda imponer multas cuando no se ha producido delito. Según el portavoz de esta agrupación, Ángel Calderón, si la ley orgánica se aprobara en su actual redacción, "tendría un alcance desmesurado".

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, considera "muy difícil pensar que la prensa revele secretos de manera no delictiva y que, sin embargo, pudiera ser sancionable". Por parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, María Tardón calificó de " poco fundada en derecho" la redacción del proyecto.

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), por medio de su secretario general, José María Torre, calificó de "disparate" el proyecto. "Que se castigue a los funcionarios, que son los que han permitido que se revelen secretos, pero no a los periodistas", dijo. "Confío en que este texto se pula y que las personas sensatas que hay en todos los partidos ayuden a corregirlo", añadió.

El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, declaró a la cadena COPE que es una "aberración" decir que el Gobierno arremete contra los medios de comunicación. La futura ley, aseguró, "no va contra nadie, sino sólo busca defender el interés general de España y del conjunto de los españoles".

El vicepresidente advirtió que serán sancionados todos los medios de comunicación que revelen secretos porque "no hay patente de corso para infringir las leyes".

Alvarez Cascos recordó que las sanciones administrativas están sujetas a las garantías procesales del ordenamiento jurídico.

La decisión de declarar un secreto también será secreta

El proyecto de ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno no sólo protege los documentos y asuntos declarados secretos por el Consejo de Ministros o por el ministro correspondiente, sino también la propia decisión de declarar algo secreto. En definitiva: no se sabrá ni siquiera qué secretos existen.El articulado de la ley, que ayer publicó El Mundo, prevé que se sancione como falta administrativa, al margen de que constituya o no delito, la mera posesión de documentos secretos; por ejemplo, por un periodista, aunque no lo publique.

Las autoridades correspondientes, explica, "notificarán a los directores o responsables de los medios de comunicación social la naturaleza secreta de un asunto, cuando prevean su posible publicación".

Las sanciones previstas por el proyecto son de hasta un millón de pesetas por poseer documentos secretos, por incumplir las medidas de protección de los mismos y por utilizarlos fuera de los cauces legales; y de hasta 100 millones, por divulgarlos, falsificarlos o destruirlos.

Cuando la sanción afecte a documentos clasificados como "alto secreto" la sanción la impondrá el Consejo de Ministros. En los demás casos, la potestad corresponde al ministro. Se consideran circunstancia agravante, a la hora de imponer la multa, la reincidencia; entendiendo por ella la comisión en el término de seis años de más de una infracción de la misma naturaleza".

La potestad de clasificar una materia como secreta corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo: Consejo de Ministros y ministro, según los casos. El Congreso, el Senado y el Defensor del Pueblo podrán conocer asuntos clasificados en los términos previstos por sus respectivos reglamentos y por la ley que regula esta última institución. Cuando un juez solicite un documento secreto, el Gobierno tendrá tres alternativas: negarse a desclasificarlo; entregarlo al juez o emitir una certificación con aquellos extremos del documento que sean suceptibles de revelación.

Los documentos secretos serán de dominio público una vez transcurridos 50 años desde su clasificación; mientras que los confidenciales lo seguirán siendo 25 años. No obstante, el órgano que clasificó un documento puede prorrogar la vigencia del secreto más allá de estos plazos.

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