De Grandes reta a los diputados, que conozcan un delito a que acudan al juez

Los portavoces del PP y del PSOE en el Congreso, Luis de Grandes y Joaquín Almunia, respectivamente, coincidieron ayer en criticar la petición del juez Javier Gómez de Liaño para que los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales declaren sobre los papeles del Cesid. De Grandes lanzó un reto: si alguno conoce la existencia de un delito "no tiene que preguntar a nadie para estar eximido del secreto". Almunia fue tajante: "Yo aseguro que no tuvimos conocimiento de nada que le pudiera interesar a Gómez de Liaño para instruir el sumario".

De Grandes y Almunia se referían a la, reunión de la Comisión de Secretos del Congreso, en octubre de 1995, con el entonces ministro de Defensa, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, donde se mostraron los llamados papeles del Cesid.Según Almunia, "sólo desde la frivolidad o la irresponsabilidad se podría confundir el interés en el esclarecimiento de hechos delictivos por parte del juez con el contenido de esa reunión".

Para el portavoz del Grupo Popular, la petición de Gómez de Liaño supone "una peligrosa incursión en la división de poderes". De Grandes declaró ayer que hablaba a título personal y que está a la espera del dictamen de los servicios jurídicos del Congreso, pero adelantó que, en su opinión, debiera ser el Pleno de la Cámara quien autorizase o denegase la comparecencia ante el juez de algún diputado con acceso a los secretos oficiales, ya que fue el Pleno quien les facultó para tener acceso a tales asuntos.

También aquí hubo coincidencia entre populares y socialistas ya que Almunia, después. de a Firmar que a los diputados que tienen acceso a los secretos oficiales se les elige "para escuchar sercretos y no revelarlos", explicó que "quien nos habilita para tener acceso a los secretos oficiales es el Pleno y estamos sujetos a las responsabilidades que contrajimos al asumir ese mandato del Pleno".

El vicepresidente primero del Congreso, Enrique Fernández Miranda, del PP, declaró a Europa Press, en clara advertencia a Iñaki Anasagasti (PNV) y Rosa Aguilar (IU), que "no sería bueno que los secretos oficiales fuesen desclasificados por diputados que no tienen capacidad jurídica de hacerlo".

La Mesa del Congreso conocerá el próximo martes, día 10, el informe que los servicios jurídicos de la Cámara están preparando sobre este asunto, pero fuentes parlamentarias informaron que uno de los puntos del informe señala que la competencia legal para desclasificar un documento y levantar el secreto corresponde al Gobierno.

PNV e IU reclaman a Aznar

Respecto a los papeles del Cesid, el PNV decidió ayer en la reunión de su ejecutiva solicitar la comparecencia parlamentaria del presidente de Gobierno, José María Aznar, para explicar la postura del Ejecutivo.El PNV se suma así a la iniciativa de IU, a la que también se adhirió el Grupo Mixto. Izquierda Unida acordó el 20 de agosto pedir la comparecencia del presidente del Ejecutivo y trasladó a los grupos Vasco y Mixto su iniciativa. El grupo Mixto ya había anunciado su intención de unirse a la solicitud de Izquierda Unida.

El Portavoz Popular, De Grandes, dijo ante un grupo de periodistas que está seguro de que el Congreso recuperará definitivamente la tranquilidad en el periodo de sesiones que se abrió ayer y mostró el deseo de su grupo de que "al Parlamento sea el protagonista de la vida política y no los juzgados, y que ustedes no tengan que ir a las puertas de la Audiencia Nacional para ver cuál es el día a día de la vida de los españoles".

Almunia, portavoz socialista, adelantó el propósito de proponer a su grupo que apoye el nombramiento de Manuel Aznar -hermano del presidente del Gobierno- como adjunto al Defensor del Pueblo ya que, al margen de quién sea su hermano, lleva muchos años trabajando en la institución y le merece el máximo respeto.

También explicó que el propio Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, le informó de la propuesta y que la comentó con el portavoz del Grupo Popular, y que a ambos les advirtió que el nombramiento generaría comentarios de todo tipo. En cuanto a la posibilidad de que se fije la edad de doce años como mínimo para exigir responsabilidades penales a los menores, Almunia fue muy tajante al afirmar que quien plantee tal exigencia es "un absoluto indocumentado -en materia no ya penal, sino de derechos civiles y humanos- o es un perverso".