Vigilantes poco diligentes

"Lo que yo tengo en Estados Unidos..." El presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Rodolfo Martín Villa, interrumpió abruptamente al director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano, ante el temor, seguramente infundado, de que revelase algún dato sensible.Aquel 21 de marzo de 1990 fue la última vez que, Manglano acudió al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para explicar los presupuestos, del servicio secreto. O, mejor dicho, una parte de ellos, pues ahora se ha sabido que en la partida correspondiente del presupuesto sólo figura el 40% del gasto total del Cesid.

Durante sus 14 años al frente del centro de espionaje español, Manglano ha comparecido media docena de veces ante las Cortes; mientras que los diputados entraron una sola vez, el 17 de diciembre de 1993, en la sede central del Cesid, a las afueras de Madrid. "Ha habido mucha cortesía y muy poca información", fue el resumen de la visita que hizo uno de los invitados.

Según la vigente ley de Secretos Oficiales, y así se mantiene en el anteproyecto elaborado por el Gobierno, sólo tres instituciones gozan del extraordinario privilegio de acceder a los secretos de Estado, cuyo conocimiento se niega a los jueces. Son el Congreso y el Senado, en la forma determinada por sus respectivos reglamentos, y el Defensor del Pueblo, de acuerdo con lo dispuesto en su ley reguladora.

Sin embargo, el reglamento del Senado ni siquiera alude al acceso de los senadores a los documentos secretos. Tampoco lo habían pedido nunca hasta que, el pasado otoño, la comisión, investigadora sobre los GAL reclamó al Gobierno los papeles del Cesid. La petición habría originado un conflicto institucional, pues el Ejecutivo decía que sólo la Comisión de Secretos del Congreso estaba facultada para verlos, si el fulminante haraquiri que se hizo la comisión no hubiese dejado la demanda sin respuesta.

Ley de Secretos Oficiales

La facultad que la Ley de Secretos Oficiales concede a las Cortes, se limita a conocer los documentos secretos, pero no a decidir su desclasificación o entrega a los jueces, una competencia reservada en exclusiva al Poder Ejecutivo. Lo máximo que puede hacer el Legislativo es instar al Gobierno a que desclasifique determinados documentos. Esta resolución no vincularía al Consejo de Ministros, pero tendría un indudable peso político.Paradójicamente, no fue el Congreso, cuyos miembros en la Comisión de Secretos vieron los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, sino el Senado, ignorante de su contenido, el que debatió, el 26 de octubre pasado, una moción en la que se instaba al Gobierno a entregarlos al juez Garzón. El pleno de la Cámara Alta rechazó la moción del senador de Izquierda Unida Álvaro Martínez de forma abrumadora: cinco votos a favor (del PNV y el Grupo Mixto) y 209 en contra (de PP, PSOE y CiU). El senador popular José, Ignacio Ceniceros justificó la postura de su grupo, entonces en la oposición, con el argumento de que el contencioso estaba pendiente de resolución por parte del Tribunal de Conflictos Y había que esperar a la sentencia. Por su parte, el Defensor del Pueblo no ha hecho uso de la facultad de solicitar al Gobierno documentos secretos -que le reconoce el capítulo V de la ley orgánica que regula dicha institución- en los más de 15 años que lleva en vigor. Ello se debe a que el acceso del Defensor del Pueblo a los secretos de Estado está sujeto a múltiples limitacionesLa solicitud de un documento secreto sólo puede producirse si, en el curso de la investigación de una queja, es necesario para resolverla, lo que hasta ahora no se ha producido. Además, el Defensor del Pueblo no puede intervenir en aquellos casos que se encuentren sub iudice, lo que excluye todo lo relacionado con los GAL. Finalmente, al contrario de lo que sucede con las Cortes, el Consejo de Ministros tiene la posibilidad de negar un documento secreto al Defensor del Pueblo, por lo que su posición no es mucho mejor que la de los jueces. Fernando Álvarez de Miranda, titular de la institución, se ha limitado, en su último informe, a alertar sobre las deficiencias de la actual legislación de secretos oficiales y a reclamar una nueva ley. En múltiples declaraciones públicas, el defensor ha pedido, además, que la potestad del Consejo de Ministros para clasificar secretos esté sujeta a algún control judicial, en contra de lo, que prevé el, proyecto del Gobierno.No obstante, el verdadero poder de Álvarez de Miranda radica en su capacidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, una vez que se apruebe, si considera que no responde satisfactoriamente a los problemas planteados.El Congreso, única instancia en definitiva que se ha ocupado de controlar los secretos oficiales, lo ha hecho de forma intermitente, a golpe de escándalo periodístico. La Comisión de Secretos Oficiales, regulada por una resolución del entonces presidente de la Cámara, Félix Pons, de 2 de junio de 1992, no se ha reunido con regularidad, sino sólo cuando el Gobierno se ha visto obligado a dar alguna explicación. El hecho de que esté formada por los portavoces de los grupos parlamentarios, con muchas otras ocupaciones, tampoco ha facilitado la dedicación ni la especialización de sus miembros.

El entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, en su comparecencia del 9 de diciembre de 1993 ante la Comisión de Defensa del Congreso, a la que informó sobre el escándalo de las escuchas del diario La Vanguardia de Barcelona, en el que estaban implicados agentes del Cesid, prometió ofrecer información suplementaria de carácter reservado ante la Comisión de Secretos Oficiales.

Jamás lo hizo. Nadie se lo reclamó. El asunto había desaparecido de las primeras páginas de los periódicos, desplazado por nuevos y más espectaculares escándalos. Y, sin embargo, como reconocería más tarde el propio García Vargas, el caso La Vanguardia fue una desatendida señal de alarma sobre la profunda crisis del servicio secreto, que estalló año y medio año después.

A partir de 1986, el Gobierno remitió al Congreso los seis acuerdos de coordinación con la OTAN, que desarrollan la contribución militar de España a la Alianza. Los documentos, de carácter secreto, quedaron depositados en el despacho del presidente de la Cámara, para consulta de los diputados. Sólo uno solicitó verlos. Además de secretos, estaban redactados en inglés, lo que los hacía más herméticos.

Secretos de guerra

Durante la guerra del Golfo, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores se reunieron en varias ocasiones con los diputados para informarles a puerta cerrada sobre la evolución del conflicto y el papel de las Fuerzas Armadas españolas, que desplazaron varios buques a la zona. Nunca les revelaron, sin embargo, la más comprometida aportación de nuestro país: el uso de la base aérea de Morón (Sevilla) por parte de los bombarderos B-52 norteamericanos que atacaban Irak.Fue el primer ministro del Reino Unido, John Major, quien ante el Parlamento de Londres y a puerta abierta reveló que las fortalezas volantes que machacaban a los ejércitos de Sadam Husein despegaban desde territorio británico y español.

El 15 de junio del año pasado, tres días después de publicarse los papeles sobre el Gabinete de Escuchas del centro, Narcís Serra y García Vargas comparecieron ante la Comisión de Secretos, a la que informaron del cese de Manglano como director del Cesid. Las explicaciones que recibieron los diputados fueron prácticamente las mismas que los periodistas. Con un matiz. La reserva permitió a los ministros poner nombre al principal sospechoso del escándalo, el coronel Perote, a quien públicamente no podían todavía acusar.Aquella fue la última sesión parlamentaria de Serra y García Vargas, quienes dimitieron pocos días después como vicepresidente y ministro de Defensa, arrastrados por la tormenta política que generó el caso. Diez años antes, el 26 de abril de 1985, Serra y Manglano habían acudido por vez primera a una reunión secreta del Congreso. Aquel día, seguramente sin pensarlo demasiado, Serra contestó, a una pregunta del diputado del PNV Andoni Monforte, que el Cesid "naturalmente" investigaba a los GAL, aunque en ese momento no disponía "de muchos datos" sobre ese grupo terrorista.