Partidos y asociaciones judiciales creen que el juez Liaño se extralimitó en sus críticas

La acusación al Gobierno de "entorpecer" la investigación del caso Lasa-Zabala hecha por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño desató ayer una tormenta política y judicial en la que predominaron las quejas sobre las adhesiones al polémico magistrado. El Gobierno prefirió dar la callada por respuesta, pero PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria, así como las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, reiteraron su apoyo a la decisión de no desclasificar los documentos del Cesid y, al contrario que el PNV e IU, valoraron como una "grave extralimitación" las invectivas del magistrado.

Las polémicas opiniones vertidas por el juez Javier Gómez de Liaño en el auto con el que decretó la puesta en libertad del ex agente del Cesid Pedro Gómez Nieto obtuvieron ayer un duro varapalo desde las más altas instancias del PP. Un dirigente de la máxima confianza de José María Aznar manifestó a este diario en directa alusión al magistrado: "El hermano del abogado de Mario Conde no va a mover un pelo del Gobierno por mucho que él se desmelene. Nos parece muy bien el silencio con que le está respondiendo el Gobierno y que interpretamos como el más absoluto desprecio".El mismo destacado miembro de la dirección del partido gubernamental expresó su convicción de que Gómez de Liaño trata de provocar una reacción fuerte del Gobierno contra él. Por eso, agregó, la reacción del Ejecutivo es ignorar sus afirmaciones vertidas en el auto, tales como que el Gabinete "entorpece" la causa y "siembra un dilatado campo de impunidad" al no desclasificar los documentos del Cesid sobre los GAL. A Gómez de Liaño, agregó el mismo dirigente popular, lo que le gusta es salir en los periódicos "y en esa afición el Gobierno no le va a ayudar".

"En estos momentos, la actitud del Gobierno es no comentar para nada ni resoluciones, ni decisiones, ni autos ni contenidos de lo que los jueces puedan exponer. Ellos son libres de decir lo que quieran en el ejercicio de su independencia, como el Ejecutivo es libre de tomar las decisiones que legalmente considere convenientes", dijeron por su parte fuentes de Presidencia del Gobierno.

Sin embargo, analistas jurídicos del Ejecutivo convinieron en que el auto de Gómez de Liaño es más político que jurídico". Las mismas fuentes razonaron que resulta un caso "prácticamente único" porque no se recuerda un escrito judicial "tan politizado".

Más expresivo fue el secretario general del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, que calificó de "grave equivocación" las valoraciones, hechas por el juez, del estilo de que el Gobierno "ha sembrado un dilatado campo de impunidad en tomo al caso".

"Juez de combate"

Para Juan Pedro Hemández Moltó, miembro del comité federal del PSOE, Gómez de Liaño ha traspasado todos los límites de lo admisible para un magistrado y en sus acusaciones muchos ciudadanos habrán visto antes que a un juez "de instrucción" a un "Juez de combate". "El nivel de pasión con que algunos jueces impulsan su trabajo siembra dudas sobre el nivel de serenidad y objetividad con el que se llevan los procesos", añadió.El secretario general del Grupo Socialista del Congreso, Jesús Caldera, consideró "gravísirno" el contenido del auto porque el juez, dijo, "realiza unas críticas que no le competen". En su opinión, defiende unos "juicios preconcebidos" antes que el verdadero valor de la Justicia al dar crédito "a una documentación que o no existe o es falsa".

Convergencia i Unió (CiU), por boca de su portavoz parlamentario, Joaquim Molins, respondió al juez con el argumento de que el Gobierno "cumplió su obligación" al negarse a desclasificar los papeles del Cesid. Y añadió: "Así como es obligación del Gobierno hacer lo que está haciendo, mi obligación como diputado de la Comisión de Secretos es no ir a declarar". Razonó esta actitud alegando que, si hubiera observado algún delito sustantivo en la Comisión cuando Gustavo Suárez Pertierra mostró a los diputados los documentos del Cesid, "no habría esperado" a que le llamara un juez.

El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones admitió la posibilidad de tener que acudir ante el juez, pero advirtió que él lo haría con la disposición de acatar el deber de "no divulgar secretos oficiales". Mardones discrepa de Liaño, quien en el auto indica que la comparecencia de los diputados es facultad individual. Según, Mardones, esta decisión corresponde al Pleno del Congreso.

IU, por el contrario, dirigió sus críticas al Gobierno. Pedro Antonio Ríos subrayó que su formación "aplaude" las acusaciones del juez, de quien cree que no se ha extralimitado al denunciar la "actitud chulesca" del Gobierno. IU le anima incluso a "no quedarse de brazos cruzados". En esa línea, Rosa Aguilar dijo que las palabras de Liaño "expresan su impotencia ante la mordaza que le ha puesto el Gobierno" y agregó que el presidente de la Cámara, Federico Trillo (PP), "hará todo lo posible por obstaculizar" la comparecencia ante el juez de los diputados.

Independencia

Entre los jueces y fiscales las opiniones están más divididas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Javier Delgado, respaldó el auto de Gómez de Liaño por entender que les una resolución judicial dentro del marco de la independencia que garantiza la Con stitución". Delgado precisó que la resolución "representa la opinión del juez sobre lo que el ordenamiento jurídico tiene que decir a propósito de este problema".Sin embargo, el secretario general de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, calificó la resolución como "un exceso y algo ilógico". Requero opinó que Liaño "está confundido" sobre lo que debe ser una resolución judicial, ya que hace una interpretación "como persona y no como juez, sin tener en cuenta que es el Estado el que ha de aplicar el ordenamiento jurídico a un caso concreto". Según este magistrado, Liaño ha criticado y ha hecho una valoración "muy personal" de la actuación de otros poderes del Estado, convirtiendo su resolución "en una carta al director de un periódico o un artículo periodístico".

Igualmente, Salvador Viada, de la mayoritaria Asociación de Fiscales, dijo que no se puede permitir la intervención del poder ejecutivo en el judicial, "ni viceversa". Según él, los jueces no deben opinar sobre política y el Gobierno ha de colaborar con la Justicia.

Gregorio Álvarez, miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, apoyó a Liaño, señaló que es "habitual" que un juez haga en sus resoluciones consideraciones como las de él y reiteró que "de ninguna manera los secretos de Estado pueden encubrir la comisión de ningún delito". María Tardón, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, manifestó su decepción por la negativa del Gobierno a entregar los papeles del Cesid y expresó su apoyo a Liaño.