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Terrorismo de hoy, cuestión de Estado

Diego López Garrido

España es uno de los Estados del mundo que soporta con más gravedad y duración la lacra terrorista. Es junto con el caso de Irlanda del Norte, en el Reino Unido- el único país de la Unión Europea que, hoy, esta sacudido regularmente por atentados que siegan la vida de seres humanos y por luchas callejeras de gran agresividad. Es, probablemente, el país democrático que más está siendo golpeado por ese tipo de violencia. Una violencia que se dice política, en un Estado en el que hay cauces políticos a través de los cuales se están defendiendo todas las posiciones y planteamientos, que están siendo sometidas a la decisión libre de las urnas.La cultura de la violencia ya nada tiene que ver con el progreso de los derechos nacionales. Las elecciones vascas reiteradamente, dictaminan que el bando de la violencia no tiene apoyo mayoritario, y la sociedad vasca reacciona cada vez con más resolución contra el terrorismo realmente existente. A pesar de ello, ETA sigue matando, secuestrando y extorsionando. El fenómeno ETA es ciertamente complejo y no cabe limitarse a la mera represión policial y judicial, pero es siempre inaceptable en sus efectos contra el derecho a la vida.

El terrorismo es, sin duda, en su complejidad, una cuestión social y de Estado en la que, por definición, las diferencias partidistas se difuminan. Que eso es así explica que, en febrero y mayo de 1988, todas las fuerzas políticas identificadas con la democracia, en el País Vasco y en España, decidieran crear las llamadas Mesas de Ajuria Enea y de Madrid. Se trataba y se trata de ofrecer un frente común de unidad política en la lucha contra el terrorismo. Unidad que ha sido positiva, porque las acciones terroristas han ido disminuyendo y el grado de aislamiento de los violentos aumentando, a pesar del retroceso que ha supuesto el caso GAL.

Estos acuerdos de 1988, recordemos, se firman después de los atentados de los GAL; son posibles precisamente porque han desaparecido los GAL. Los GAL, por supuesto, están en el' debe de un Gobierno socialista responsable político de una guerra-sucia que se convirtió en terrorismo de Estado, que todavía no ha dado una explicación política de aquel vergonzoso y criminal episodio, que pesa como una losa sobre la credibilidad moral de ese partido. Sin embargo, la trama GAL no tiene vigencia fáctica ya, a pesar de que su impacto emotivo sea fuerte y produzca efectos políticos, que se sienten con especial intensidad en el País Vasco.

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La trama de la guerra sucia es ahora una cuestión básicamente judicial, porque la justicia persigue la aplicación de la ley a quienes la violaron, aunque fuese hace una década. Dicha naturaleza judicial obliga a colaborar con los jueces. Por eso se exige al Gobierno que desclasifique los ya célebres documentos del Cesid. o la cuestión GAL, repito, está en el ámbito de la justicia, no es una amenaza a la integridad física de nadie, y así es percibida por los ciudadanos y ciudadanas. Tiene aún la componente política de lo que no ha saldado sus cuentas con la justicia, de la enorme gravedad de los delitos y de haberse perpetrado desde el poder, pero la sociedad no vive con la misma angustia las muertes producidas hace anos que las muertes por llegar.

Por todo ello, me parece una insensatez absoluta que, desde algunos ámbitos políticos muy respetables, se haya lanzado o se pretenda introducir la idea de que la discrepancia de los partidos de Ajuria Enea respecto a la desclasificación de los documentos del Cesid, o la puesta en libertad del general Galindo (decidida por un tribunal), tienen la categoría de ruptura del consenso en la lucha antiterrorista; de modo que, si no hubiera un acuerdo en esos temas, saltarían por los aires los acuerdos de 1988 o entrarían en una lógica de crispación y enfrentamiento entre mayoría y minoría las Mesas de Ajuria Enea y de Madrid, que las convertiría en estériles.

Eso es comparar lo incomparable. Ajuria Enea es contra todo terrorismo, pero el que existe desde 1988 es el de ETA. ETA mata o intenta matar cada día. ETA ha intentado asesinar al jefe del Estado. Casi acaba con la vida del actual presidente del Gobierno. Comete crímenes sistemáticamente. Desde hace meses mantiene secuestrado a Ortega Lara. Es, desgraciadamente, muy posible que mueran personas, de toda edad y condición, en el próximo futuro por atentados del terrorismo etarra.Tratar de evitar esas muertes es una cuestión de Estado de primera magnitud, es la cuestión, y nada puede justificar -nadie lo entendería- que se cuestionase la unidad frente al terrorismo porque los papeles del Cesid no se desclasifican, en función de una interpretación de la Ley de Secretos Oficiales, que yo no comparto por ser preconstitucional, pero en la que han coincidido dos Gobiernos de diferente signo.

Poner en cuestión y desestabilizar los acuerdos de Ajuria Enea y de Madrid porque no se hayan desclasificado los papeles del Cesid, odebilitarlos convocando urgentemente la Mesa de Madrid en condiciones que sólo servirían para escenificar la discrepancia, es no querer darse cuenta de la distinta naturaleza política -y social- que tiene un asunto de guerra sucia de hace 12 años, sobre el que no hay ni puede haber punto final en la justicia, y un terrorismo de hoy, el que sufrimos todos los días de nuestro presente. ¿Cuál sería nuestra actitud si la situación fuese la inversa?

Lo mismo que la existencia de ETA no permite justificar o atenuar los crímenes de los GAL, y todo el peso de la ley debe caer sobre sus responsables, tampoco es. tolerable que los GAL sirvan para decaer en uno de los objetivos básicos de nuestro sistema democrático: evitar más muertes producidas por quienes aplican la pena máxima, sin juicio previo, sin garantías, como en la peor de las dictaduras, porque quieren, paradójicamente, una "Euskadi libre".

Para conseguir aquel objetivo, los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid, basados en el consenso, son vitales. Si un Gobierno los debilita no colaborando con la justicia (o, como los debilitó el PP antes del 3-M, negándose a la reinserción de los etarras), no le sigamos los demás en tal camino, porque eso es meter en un callejón sin salida al acuerdo político más importante que tenemos frente a la dura realidad del terrorismo de todas las estaciones.

Diego López Garrido es portavoz político de Nueva Izquierda.

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