La Guardia Civil informó al juez Andreu de que el patrimonio de Galindo no ocultaba nada irregular

El auto de la Sala Primera de la Audiencia de San Sebastián por el que se ordena la reapertura de la investigación sobre la supuesta implicación del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo en actividades de contrabando y narcotráfico ha causado sorpresa en medios judiciales vascos por el tono crítico con que se enjuician en él las actuaciones del juez Fernando Andreu y del fiscal Luis Navajas. En esos medios se indica que Andreu no investigó la supuesta implicación de Galindo en actividades de contrabando y narcotráfico porque un informe de la Guardia Civil exculpó expresamente al entonces jefe de la 513º Comandancia de Guipúzcoa en las diligencias informativas abiertas por el fiscal Navajas.

En aquel informe, que algunos círculos denominaron posteriormente "contrainforme" y le adjudicaron un propósito deliberado de exculpar a Rodríguez Galindo, la Guardia Civil negaba que el entonces jefe de la Comandancia de Guipúzcoa poseyera las propiedades que se le atribuían en las diligencias de la Fiscalía y descartaba su participación en actividades delictivas. Por informaciones publicadas por este mismo periódico se supo más tarde de la existencia dentro de la propia Guardia Civil de una operación denominada "Arca de Noé", destinada a exculpar a Rodríguez Galindo y a sabotear la investigación emprendida por la Fiscalía de San Sebastián.El juez Fernando Andreu, hoy destinado en Santander, se hizo cargo del caso después de que el fiscal Luis Navajas viera finalmente atendidos sus requerimientos de que se destinara -a la investigación a un grupo de guardias civiles, 15 o 20, ajenos por completo al cuartel de Intxaurrondo.. Cuando los investigadores reclamaron la intervención judicial de una serie de teléfonos, el Juez Fernando Andreu requirió una ampliación de la información considerada entonces secreta. La Guardia Civil, siguiendo al parecer instrucciones del entonces director de ese cuerpo, Luis Roldán, le entregó el informe exculpatorio para Galindo, resultado supuestamente de una laboriosa investigación interna.

Según resalta ahora la Audiencia de San Sebastián, que alega que ni el juez ni el fiscal investigaron a Galindo suficientemente, la Unidad de Servicios Especiales de la Dirección General de la Guardia Civil había solicitado al juzgado que "librase un oficio al Banco Bilbao-Vizcaya para que informase de los movimientos de las cuentas corrientes de que hubieran sido titulares en los últimos cinco años [1986-1991] Enrique Rodríguez Galindo y su mujer, María Fernanda Alvarez de Sotomayor", petición que, tras el informe exculpatorio elaborado por la misma Guardia Civil, el magistrado denegó mediante una providencia dictada en marzo de 1991.

El juez calla

Andreu no quiso ayer hacer declaraciones. "Ni puedo ni debo, ya que hay una querella contra mí", manifestó a EL PAÍS. La asociación Adore, entre cuyos dirigentes se encuentran personas próximas a Herri Batasuna, acusa a este magistrado de prevaricación por haber archivado la investigación sobre Galindo, que se inició en abril de 1988.Los mismos medios judiciales que han acogido con sorpresa el contenido del auto dictado ahora por la Audiencia donostiarra recuerdan que Fernando Andreu fue el único juez que en aquellos tiempos se atrevió a efectuar una entrada y registro en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, sede de la 513 Comandancia de Guipúzcoa.

Tras recibir el informe de la Guardia Civil, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián orientó la investigación hacia otros elementos que parecían desempeñar un papel clave en las tramas. Así, las pesquisas fueron dirigidas, preferentemente, hacia el empresario y ex jugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, asesinado por ETA; hacia el guardia civil Enrique Dorado, preso actualmente por su presunta participación en los asesinatos de los GAL; el contrabandista Pedro Luis Miguéliz, y el supuesto narcotraficante y confidente José Manuel Olarte, Plomos, también asesinado por la banda terrorista ETA.

El juez Fernando Andreu mantuvo la intervención de los teléfonos de un gran número de sospechosos durante 3 años. La amplia y laboriosa investigación, saboteada desde dentro de la Guardia Civil, sólo ofreció finalmente como resultado la imputación a Enrique Dorado Villalobos y Pedro Luis Miguéliz de un delito de cohecho por el que ambos fueron condenados.

Guardias contra guardias

La obstaculización de las pesquisas quedó ilustrada en escenas en las que los guardias civiles que investigaban a los agentes sospechosos eran a su vez seguidos y controlados por otros guardias civiles. La investigación se centró finalmente en José Manuel Olarte, pero quedó clausurada con el asesinato de éste.También el Tribunal Supremo, en el auto por el que rechazó la querella presentada por el abogado donostiarra Miguel Castells contra los tres fiscales generales del Estado que supuestamente congelaron la investigación del caso durante años, llegó a la conclusión de que las vías de investigación estaban agotadas. El Supremo se pronunció en estos términos tras analizar las diligencias instruidas por Fernando Andreu.