Opinión y delito

COLOCAR UNA bomba en la empresa de un industrial extorsionado por ETA puede ser expresivo de la mentalidad de quienes lo hacen, pero no es algo que tenga que ver con la libertad de expresión. La Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para Fernando Alonso y Andoni Murga bajo la acusación de haber colocado una bomba en Agurain, de ser miembros de ETA y de estar en posesión de armas y explosivos. ¿El hecho de que esas dos personas fueran periodistas del diario Egin convierte este asunto en un problema relacionado con la libertad de expresión? No faltarán quienes lo sostengan, a juzgar por algún antecedente. Pero si ya era forzado invocar esa libertad para oponerse, por ejemplo, al procesamiento de un redactor acusado de haber pasado a ETA información útil (y utilizada), ¿qué decir ahora que han sido hallados 27 kilos de explosivos, armas, municiones y manuales para preparar artefactos en poder de los redactores detenidos?Por supuesto, las responsabilidades penales son individuales, sin que puedan proyectarse sobre el diario las contraídas por ambos periodistas. Pero sólo desde la candidez podría ignorarse el significado político del hecho de que dos periodistas de Egin resulten ser a la vez activistas de ETA. Pues si bien se trata de un periódico, no es un periódico como los demás. Se trata del órgano de expresión del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, un eufemismo que designa al conglomerado que se agrupa en torno al tótem de ETA. Ese conglomerado tiene su propio sistema de recaudación, basado en la extorsión, su policía callejera -que determina qué manifestaciones (o qué regatas) se pueden celebrar y cuáles no-, su frente de intervención (militar) en última instancia y, desde luego, su aparato propagandístico, del que, forma parte Egin.

Lo singular de ese periódico no reside, por tanto, en las ideas que defiende: hay publicaciones extremistas, de derecha o de izquierda, que sostienen ideas y planteamientos tan radicales o más que los de Egin. Pero no tienen detrás un grupo cuya capacidad para convertir las palabras en actos esté acreditada por cerca de 800 víctimas. Esas otras publicaciones tal vez digan cosas terribles, pero no matan a niñas de dos años, aunque sean hijas de guardias civiles. No hay que ir muy lejos para recordar que ETA no sólo no retrocede ante esa posibilidad, sino que, cuando ocurre, la reivindica, culpando de ella a la intransigencia del Gobierno. De ahí que lo que en cualquier otro medio podría ser sólo una bravata o una salida de tono se convierta en las páginas de Egin en amenaza verosímil.

Y la amenaza es la energía que mueve todo ese tinglado basado en la intimidación. Hace dos años, un editorial de Egin se quejaba de que a sus periodistas se les "exija constantemente demostrar no sólo cualidades profesionales, sino su inocencia de delitos, no opiniones". ¿La colocación de una bomba y la posesión de explosivos son delito, opinión o información (en exclusiva)? ¿O acaso las tres cosas?