Liaño pretende que los diputados de la Comision de Secretos le revelen los papeles del Cesid

El juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, pretende que los diputados que en la anterior legislatura integraban la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso le revelen datos de los papeles del Cesid a los que tuvieron acceso en una comparecencia del ministro de Defensa. Se propone salvar así, con "propósito decidido, generoso trabajo y pulso firme", los "baches" y las "dificultades" impuestos por la negativa del Gobierno a desclasificarlos. Sin embargo, tanto el PP como el PSOE, los nacionalistas catalanes, el presidente del Congreso y los expertos constitucionalistas consultados consideran que la ley impide tal revelación. Tras discrepar del tribunal que decretó la libertad del procesado Enrique Rodríguez Galindo, Gómez de Liaño ha sometido al general a vigilancia policial permanente y le ha prohibido comunicarse con los otros presos.

En una resolución redactada en su estilo habitual y entre constantes proclamas de "respeto" y "humildad", Gómez de Liaño critica la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos del Cesid, considera "escasamente responsables" al fiscal del- Estado y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional por sus órdenes favorables a la libertad de Rodríguez Galindo y dedica varios folios a enmendar la plana al tribunal que ordenó su excarcelación.Tras la negativa del Gobierno a entregarle esos papeles, Gómez de Liaño ha acordado nuevas líneas secretas de investigación y, para comenzar su nuevo proyecto, "qué cosa mejor", explica, "que empezar procurando, con las mayores deferencias, el testimonio de aquellos diputados miembros de la Comisión de Secretos Oficiales -que en la anterior legislatura estuvieron presentes en la comparecencia del ministro de Defensa, a propósito de los documentos del Cesid". Por si acaso, precisa al instar la declaración de los mismos que lo hace "si ello no implica íncumplimiento de obligación alguna.

A renglón seguido, Gómez de Liaño interesa del presidente del Congreso, Federico Trillo, "gracia, licencia o venia" para que puedan declarar dichos diputados, a los que ofrece "pasar por sus despachos, previo aviso y señalamiento de día y hora", en vez de acudir al llamamiento judicial. El juez dispone enviar el oficio a Trillo mediante "cortés y argumentada exposición", por conducto de los presidentes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

También reclama al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Francisco Álvarez Cascos, en su calidad de secretario general del Consejo de Ministros, una "certificación literal" del acuerdo que deniega la desclasificación de los documentos.

Incongruente e irresponsable

En su "catálogo de serenas y respetuosas reservas", el instructor del caso Lasa-Zabala expresa su preocupación por la postura de las jerarquías del ministerio fiscal, que dieron "órdenes verbales y escritas favorables a la libertad de los procesados". Entiende que la actitud de los mandantes", el fiscal general del Estado, Carlos Granados, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, "parece tan poco congruente como escasamente responsable".En cambio, Gómez de Liaño asume plenamente la petición del fiscal del caso, Jesús Santos, de adoptar nuevas medidas cautelares respecto al general Enrique Rodríguez Galindo, que se añadan a la comparecencia semanal en el juzgado y a la prohibición de abandonar el territorio nacional. En ese sentido, recoge la preocupación por que la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos secretos "repercuta seriamente sobre los elementos incriminatorios existentes en las actuaciones".

Gómez de Liaño asegura que, tras la decisión del Ejecutivo, "algunos culpables de los delitos que procuran esclarecerse ( ... ) podrán contar con la confianza y ( ... ) la fuerza de un inmerecido silencio que les arropa".

El resto de la resolución lo dedica el juez a exponer su disconformidad con la excarcelación de Galindo al entender que los razonamientos del tribunal pueden precisar de su "modesta intepretación". En esa línea, señala que en el sumario se están practicando "muchas, variadas y urgentes diligencias cuyo resultado, con el procesado en libertad, es altamente probable que esté precipitado al fracaso".

"No se trata de desvelar algunas de esas actuaciones de investigación,", prosigue Gómez de Liaño, "pero cabe preguntarse si la investigación de identidades supuestas de ese procesado o la búsqueda de determinadas firmas, que son aspectos trascendentales para la instrucción, corren o no peligro".

Gómez de Liaño asegura, "desde la humildad que debe presidir cualquier discrepancia sensata", que el estado de las investigaciones aconsejaban la prisión de Galindo, el cual sigue teniendo a su alcance "amplias posibilidades de hacer desaparecer rastros delictivos que se persiguen y de los que, lo más seguro, sólo sepa el ahora liberado".

Con el respaldo del dictamen que había pedido al fiscal Jesús Santos informe que éste denegó a todos los medios de comunicación y que ayer publicó El Mundo-, Gómez de Liaño acordó ayer. una vigilancia policial permanente de Galindo "por miembros de la Policía Judicial que diariamente informarán al juzgado". Además, prohíbe al general comunicarse con los demás procesados presos y anuncia otras medidas cautelares reservadas, que adoptará "con el máximo de los sigilos".