Claves para una política de vivienda

Se ha celebrado la semana pasada en El Escorial, dentro del programa de actividades de la Universidad Complutense, un curso sobre La vivienda, un problema europeo, copatrocinado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid.Como director del mismo, y después de asistir durante una semana a las distintas ponencias de especialistas en la materia y de Representantes de los distintos grupos políticos que configuran nuestro panorama nacional, me parece interesante destacar las siguientes conclusiones:

1. Es imprescindible una mayor desregulación de toda la compleja normativa que invade nuestro derecho urbanístico; en este sentido, el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo, requiere de un posterior desarrollo, así como su presentación como proyecto de ley, de manera que deje sin efecto el ya famoso texto refundido de 1992, que realmente no ha producido los efectos esperados con su publicación.

2. Será necesario que esperemos un cierto tiempo, quizás algunos años, para que los efectos de la nueva política emprendida por el Gobierno del Partido Popular permita una bajada de los precios de la vivienda.

3. Política de consenso. Para el desarrollo de grandes operaciones urbanas en las ciudades (Madrid, con su Operación Chamartín, ciudad aeroportuaria, PAUS, etcétera) debe existir una acción coordinada de, las distintas administraciones -nacional, autonómica y local- que permita una actuación uniforme evitando que se produzcan desequilibrios regionales; baste señalar como ejemplo la rehabilitación del casco histórico de Madrid, donde la correcta coordinación de las tres administraciones ha permitido que la operación se desarrolle de una manera eficaz, produciendo una mayor calidad de vida para el ciudadano de Madrid.

4. Mejorar la seguridad y agilidad del tráfico inmobiliario, dotando de una mayor seguridad al comprador de una vivienda. Para ello es imprescindible la aprobación y posterior publicación de la reforma del reglamento hipotecario en materia de urbanismo, de forma que los registros de la propiedad puedan dar publicidad de las distintas situaciones urbanísticas por las que atraviesa una vivienda antes del contrato final de compra-venta.

5. Coordinación entre Catastro Y Registro de la Propiedad. Es una vieja aspiración histórica de nuestros legisladores de 1861 la identificación fÍsica de las parcelas, de manera que cuando se produzca el acceso al registro de una finca urbana estén perfectamente identificados todos los datos físicos de la misma, evitando las dobles inmatriculaciones de fincas, los excesos de cabida indebidamente identificados y la falta de una valoración objetiva por parte de la Administración. Por todo ello se debe aprobar el NIC, o número de identificación catastral, que permita una mayor agilidad en la gestión urbanística y un mayor dinamismo en la construcción de viviendas. Desde otro punto de vista, tiene que incorporarse al registro el planeamiento de los términos municipales para que la publicidad formal recoja las distintas situaciones urbanísticas. por las que atraviesa una finca.

6. Sí al urbanismo concertado. En el marco normativo que suponen los distintos planes de urbanismo, se debe permitir una mayor iniciativa privada que admita el acuerdo entre los particulares y la Administración y habilite la solución de problemas sobrevenidos que inicialmente no se recogieron en la aprobación de los planes generales de ordenación urbana.

7. Una mejor ordenación del territorio y menos urbanismo, de manera que permita una mayor coordinación entre municipios y que las regiones crezcan de manera uniforme. Para ello, es importante una política coordinada en materia de transporte que permita que se corrijan los desequilibrios territoriales producidos como consecuencia del mayor o menor valor del suelo por su menor o mayor proximidad al centro urbano.

8. Apoyo de los órganos judiciales en los procesos de okupación, permitiendo que la vivienda la disfrute el que tenga derecho y no se legitimen situaciones de fuerza.

9. Dotar de mayores medios a la magistratura para que las estafas inmobiliarias dejen de ser una frustración del derecho penal.

10. Mejora de la fiscalidad de la vivienda, reduciendo los tipos impositivos, principalmente en las viviendas de protección oficial de régimen especial; de igual forma se deben dar mayores incentivos fiscales para los propietarios de vivienda en alquiler y permitir una mayor desgravación en el impuesto de la renta de las personas físicas a los arrendatarios.

11. Contar las administraciones públicas con la colaboración de expertos independientes para evitar que la política de vivienda de una ciudad no sea una suma aritmética de normas jurídicas, instrumentos financieros e intereses especulativos.

12. Una puerta abierta al Madrid del siglo XXI. En fechas recientes se ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid; creo que es una oportunidad histórica para conseguir que la ciudad de Madrid sea la capital europea que presente unas mejores infraestructuras para que el desarrollo de una política de vivienda permita el crecimiento de la ciudad de una manera ordenada y armónica, desarrollando una ingeniería cultural de forma que nuestra ciudad se convierta en uno de los lugares de encuentro de las distintas culturas que componen nuestro continente.