Interior traslada a cárceles del País Vasco y Navarra a otros cuatro presos condenados por delitos de terrorismo

Otros cuatro presos condenados por delitos de terrorismo han sido trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra. Esta medida se inscribe dentro de la política penitenciaria impulsada por el Ministerio del Interior, que trata de forma individual el acercamiento de los reclusos a centros penitenciarios cercanos a Euskadi. El pasado mes de junio Interior decidió el traslado de 32 reclusos a centros penitenciarios cercanos a su entorno, rompiendo la política de dispersión de los internos vinculados a ETA puesta en marcha por los Gobiernos socialistas.El preso Jesús Gregorio Aginagalde,militante de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, desmarcado desde hace tiempo de la organización terrorista, ha sido trasladado desde Madrid a la cárcel de Nanclares de Oca (Ála'va). Aginagalde, condenado por un secuestro cometido hace diez años, ha demostrado arrepentimiento según los responsables de Interior.

La decisión de ingresar en la prisión de Basauri (Vizcaya) a Juan Carlos Gorrindo, hasta ahora preso en Palencia, también está motivada por su evolución personal. Gorrindo se encuentra en tercer grado penintenciario y sólo deberá acudir a la cárcel a pasar la noche.

Los otros dos casos han sido impulsados por razones humanitarias. Miguel Ángel Guerra será trasladado esta misma semana desde Málaga a Pamplona, debido al delicado estado de salud de su padre, y María Josefa Uzkudun, hasta ahora en Almería, ha sido internada en la prisión guipuzcoana de Martutene por el fallecimiento de un familiar.

El titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo recientemente que esta política de acercamiento estaba abierta a nuevos traslados, pero atendiendo cada caso concreto y no de forma general.

Por otra parte, Amnistía Internacional (Al) pidió ayer al Gobierno de Francia que explique un acuerdo que alcanzó con España para la entrega de presuntos etarras, al denunciar que podría soslayar garantías judiciales. Según Al, los etarras pueden ser deportados sin ningún control judicial y sin que se les permita solicitar asilo.