Dos organizaciones no gubernamentales aseguran que hay 50 inmigrantes en la cárcel en Guinea Bissau

Representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) Amnistía Internacional (AI) y de la Comisión Española de Asilo y Refugio (CEAR) aseguraron ayer en una conferencia de prensa que 50 de los inmigrantes expulsados de Melilla se encuentran desde el 24 de junio en Guinea Bissau. Esta versión se contradice con la del Ministerio de Interior, que asegura que son 22 los centroafricanos que están en ese país africano.Juan José Rodríguez Ugarte, secretario general adjunto de CEAR, aseguró que esas 50 personas son originarias de Nigeria, Liberia, Malí, Guinea Conacri, Ruanda y Togo, y que todas están "hacinadas" en un centro policial de Bissau. Rodríguez, citando fuentes de la Liga de Derechos Humanos de Guinea Bissau, explicó que los 50 expulsados llegaron a este país después de infructuosas gestiones de los funcionarios españoles en Camerún, tras las cuales consiguieron que las autoridades guineanas los admitieran.

Según Rodríguez, el Gobierno de Guinea Bissau quiere trasladarlos a sus países de origen, donde los representantes de las ONG consideran que corren serio peligro porque se vive un clima de "violencia generalizada". Rodríguez añadió que algunos inmigrantes vieron desde el avión, en el aeropuerto de Bissau, cómo los agentes españoles entregaban dinero a las autoridades locales.

El presidente de Amnistía Internacional en España, Santos Jorna, subrayó que su organización tiene informes desfavorables de los países que acogen inmigrantes en su territorio (Senegal, Malí, Guinea Bissau y Camerún) por practicar torturas, encarcelamientos políticos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Santos Jorna se mostró especialmente preocupado por la suerte que hayan podido correr 10 de los inmigrantes que recalaron en Camerún, porque están ilocalizables.

El sindicato Comisiones Obreras envió ayer una carta al fiscal general del Estado, Carlos Granados, en la que solicita una investigación "ágil" de cómo se produjeron estas expulsiones, informa Idoya Noain.

Juan Ramón Sáez Valcárcel, vocal del Consejo General del Poder Judicial, acusó al Gobierno de practicar el "racismo institucional" por realizar una "expulsión colectiva de personas extranjeras, cuya única vinculación es que son pobres y de color". El magistrado pidió en El Escorial (Madrid) que la investigación aclare por qué no se instruyeron expedientes de devolución y se utilizó la expulsión.

El defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, advirtió en Marbella que las autoridades judiciales son las únicas con potestad para ordenar el uso de sedantes, informa Jorge L. Soria. Álvarez de Miranda aludía así a la presunta administración de drogas a los centroafricanos por los funcionarios que les trasladaron.