Conde pide que Rojo, Martín y Croissier testifiquen en su defensa
El ex presidente de Banesto Mario Conde ha pedido en su escrito de defensa que testifique en el juicio oral el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, como prueba de que no falseó la contabilidad del banco, tal y como se le acusa, según informaron fuentes jurídicas. Conde solicita también que declaren como testigos el subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Carlos Croissier, éste último para testificar en tomo a la operación de Carburos Metálicos.
Otro de los acusados en el caso Banesto, Arturo Romaní, ha pedido que testifiquen en su defensa 32 personas, entre ellos el expresidente de la sociedad de Bolsa FG y actual presidente de Argentaria, Francisco González, quien desde su antigua empresa hizo una valoración de Oil D'Or antes de ser comprada por Banesto, según ha informado el abogado Miguel Ángel Gómez de Liaño.
Supresión de fianza
El escrito de defensa de Conde solicita a la Audiencia Nacional que modifique o suprima la fianza que se le impuso de 2.000 millones de pesetas para asegurar su presencia en el juicio, ya que considera que no es necesaria por el tiempo transcurrido y, sobre todo, después de que le hayan concedido permisos para viajar al extranjero.En su argumentación, Conde explica que no pudo hacer los artificios contables de los que se le acusa, dado que el Banco de España ha tenido una "presencia y actividad permanente".
Asegura además que toda entidad financiera tiene mecanismos de inspección internos y externos que son ajenos al control del presidente del banco, como son las auditorías independientes, que le impiden modificar o alterar las cuentas, tal y como le acusa el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón.
Con respecto a la salida de la caja de Banesto de 300 millones de pesetas, Conde asegura que él no dio ninguna orden para que se produjera esta operación, pese a que así lo declaró uno de los consejeros del banco, Martín Rivas. Conde defiende también que la operación de compra-venta de Isolux y la operación de Promociones Hoteleras se hicieron según criterios de "racionalidad económica" en las que no se produjo ningún perjuicio para Banesto, en contra de lo que afirma García-Castellón.
Tanto Romaní como Conde mantienen el mismo hilo argumental en la defensa de dos operaciones en las que están acusados, como fue la venta de unas sociedades cementeras a la familia valenciana Serratosa y la venta de una opción de compra de Carburos Metálicos a Air Producs. Los dos acusados aseguran que fueron los Serratosa quienes, mediante varias operaciones para generar plusvalías, pagaron una comisión de 1.500 millones a la sociedad Montilsa, que según ellos está controlada por el empresario panameño Jaime Cerdeño, mientras que el juez defiende que es propiedad de Arturo Romaní y de Rafael Pérez Escolar.
Con la compraventa de las cementeras, se generaron unas plusvalías de 1.224 millones que fueron a parar a Data Transmisión Systems, que según el juez pertenece a Conde y Romaní, aunque ambos argumentan que está controlada por Dicemen SA, sociedad pañamena cuyo representante es también Cerdeño.
