Los ediles díscolos del PSOE de San Sebastián se suben el sueldo

Los tres ediles díscolos del grupo socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (58.000 habitantes) han hecho una reorganización del grupo gracias a la cual dos de ellos aumentan sustancialmente sus percepciones económicas. Responden así al expediente sancionador que el 11 de julio les abrió la Federación Socialista Madrileña (FSM) y que puede acabar con su expulsión del partido.

El nuevo portavoz, José Luis Martín, aumenta en un 68% su salario municipal. Martín pasará de cobrar un millón bruto anual como concejal sin exclusividad a cobrar 1.680.000 como nuevo portavoz, pese a no estar liberado.

La más beneficiada por los cambios es María Manzanares, que percibirá un 420%. Manzanares cobraba 84.000 pesetas mensuales (un millón bruto anual) como edil sin liberación. Tras el enfrentamiento interno del PSOE local, ella ha copado la única plaza con dedicación exclusiva a la que tiene derecho su grupo y que antes tenía el anterior portavoz, Ángel Escribano. Su nuevo sueldo son 14 pagas de 371.755 pesetas brutas (5,2 millones anuales).

Martín aseguró en el pleno celebrado el pasado jueves que "los cambios se deben a una decisión democrática dentro del grupo", y en declaraciones posteriores mantiene que no ha querido aceptar la dedicación exclusiva porque es portavoz para "servir a los ciudadanos, no para recibir un sueldo, como parece que era el caso del anterior portavoz". Manzanares no ha querido hacer declaraciones sobre el incremento de su sueldo municipal. El único edil rebelde del PSOE que no ha aumentado sus emolumentos municipales ha sido José García Rizos, que continúa cobrando 1.680.000 pesetas brutas al año.

Hacienda reclama

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha reclamado a la empresa privada que efectúa la recaudación de San Sebastián para el Ayuntamiento un total de 12.733.869 pesetas, que se derivan de no haber facturado el IVA en el dinero que la compañía percibe por cobrar a los contribuyentes morosos.La empresa recibe como pago la mitad del recargo (20%) que se cobra por no pagar los impuestos dentro del periodo voluntario y es sobre esas percepciones sobre las que la Agencia Tributaria les exige pagar el IVA. Fuentes de la recaudación afirman que "no se puede aplicar el IVA a estos ingresos, porque, según la ley, forman parte del dinero obtenido a través de un procedimiento administrativo, que no se puede gravar con impuestos". Sin embargo, Hacienda mantiene que son pagos por un servicio y están sujetos al impuesto.

El proceso iniciado podría acabar en la vía contencioso-administrativa si la empresa recaudataria se niega a pagar.