La Fiscalía Anticorrupción plantea que se investigue el patrimonio de Barrionuevo

FRANCISCO MERCADO, La Fiscalía Anticorrupción "no estima suficientes, por ahora" los indicios contra el ex ministro del Interior y diputado José Barrionuevo, en la investigación sobre fondos reservados de la juez Ana Pérez Marugán como para que el caso pase al Tribunal Supremo. El dictamen pide que centre sus pesquisas en el enriquecimiento de ex altos cargos de Interior, y comprobaciones sobre dos ex ministros -Barrionuevo y José Luis Corcuera-, dos ex responsables de seguridad -Rafael Vera y Julián Sancristóbal-, un ex subsecretario, José Luis Martín Palacín, tres ex directores de policía -Rafael del Río, José María Rodríguez Colorado y Carlos Conde Duque- y familiares y subordinados más directos.

El dictamen emitido ayer por la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, analiza cuál ha de ser el tratamiento por la justicia de la investigación sobre los fondos reservados. El escrito recuerda que bajo el nuevo Código Penal sólo incurre en delito quien ha utilizado los fondos reservados para enriquecimiento propio o ajeno o los ha destinado a fines ajenos a la función pública. Ya no hay delito en el desvío de fondos reservados a fines públicos ajenos al uso legal previsto, como son el pago de abogados o ayudas a víctimas del terrorismo, comisiones judiciales o sindicatos policiales. En otro capítulo de "evidente ilicitud", pero cuya relevancia penal ha de ser valorada, se inscriben los sobresueldos a funcionarios técnicos o auxiliares sin responsabilidad política, o a compra de joyas por Corcuera para esposas de altos cargos.Estas pesquisas han agotado gran parte de los esfuerzos de la juez. Por ello, según Jimenez Villarejo, la instrucción no se ha dirigido sustancialmente hacia lo que tenía que haber sido su objeto principal: si los fondos reservados se han usado por los que tenían su disposición para el enriquecimiento personal propio o ajeno".

El escrito determina que la juez advierte indicios contra Barrionuevo que no son punibles -pagos a guardias por atentados, desvíos presupuestarios, y gratificaciones a interventores- y otros sí sancionables, pero en los que no está suficientemente acreditada la participación del ex ministro, como son los pagos de 89 millones a Mariano Jacquotot; de 30 millones a Carmen Estévez, la fallecida esposa de Manuel Fraga, y de seis millones al ex subdirector de la policía, Agustín Linares. El hecho de que Vera haya manifestado que Barrionuevo conoció dichos desembolsos y que Sancristóbal y Luis Roldán hayan afirmado que el ex ministro diseñó la práctica de los sobresueldos, son consideradas "declaraciones que por sí solas carecen de virtualidad para relacionar a Barrionuevo con los hechos".

Por todo ello, "no se estima suficiente, por ahora, para determinar la competencia sobre la causa del Tribunal Supremo, máxime cuando la instrucción no ha acometido aún el pleno esclarecimiento de las conductas sustractivas de los responsables de la disposición de los gastos reservados". "De tal manera -añade- que, en este momento del proceso, es prioritaria la práctica de ciertas diligencias que pueden contribuir al descubrimiento de otros indicios, ya más precisos y amplios sobre Barrionuevo".

El dictamen desecha que el Supremo a quien compete investigar los indicios. En opinión de Villarejo, "no puede plantearse los indicios relativos a Barrionuevo, ni la competencia de la sala segunda del Supremo, como se hace en la providencia [el escrito de la juez Ana Pérez Marugán] por la 'necesidad de investigar' el destino dado a los fondos correspondientes a la cuenta de habilitación material, la necesidad de aclarar los servicios prestados por Mariano Jacquotot o determinar de quién partió la orden de pagar con fondos reservados a los interventores de Hacienda, pues se trata de investigaciones que deben hacerse por el juzgado de instrucción". En este sentido, se recuerda que el Supremo ya expresó su imposibilidad para "poner en marcha mecanismos de investigación que no señalen a una persona concreta y perfectamente determinada, como presunto autor de un hecho punible, exigencias que no se cumplen en la causa en este momento procesal".

Las investigaciones que plantea la providencia deben ser, en todo caso, previas y sólo cuando se concreten los indicios contra Barrionuevo sera procedente elevar las actuaciones a la sala segunda [del Supremo]", se concluye.

Dentro de esta profunda reorientación de las pesquisas que plantea la Fiscalía Anticorrupción, se solicita que se ordene a Hacienda la remisión de las declaraciones de la renta correspondientes al periodo 1983-1989 de Barrionuevo y de su esposa, así como el análisis de sus cuentas bancarias y de sus propiedades inmobiliarias.

Valor de los anónimos

Por otro lado, mientras la Fiscalía Anticorrupción "no ve obstáculo legal a que los escritos anónimos que obran en la pieza, que afectan a José Luis Corcuera sobre supuestos bienes de éste, puedan servir para la comprobación de su veracidad", se urge a levantar el secreto del rastreo patrimonial sobre personas que no han sido todavía imputadas.

Por el contrario, la fiscalía solicita una batería de comprobaciones para acreditar posibles "conductas sustractivas con propósito de enriquecimiento". Entre ellas, figura que se tome declaración a Conde-Duque, en relación con un cheque de 19 millones de fondos reservados y que Del Río acredite el dinero con que adquirió un chalé a una sociedad de un hermano de Vera. Esta constructora, Epicasa, cuyo administrador es Juan Luis Vera, es requerida para que acredite los documentos contables que reflejan las operaciones inmobiliarias y de crédito mantenidas con Sancristóbal y el propio Rafael Vera, cuya esposa y suegro también son alcanzados por distintas pesquisas sobre su patrimonio. En torno a Sancristóbal, se piden mayores precisiones sobre las personas que le entregaron 874 millones para invertir en fondos opacos.

También Juan de Justo, jefe de gabinete de Rafael Vera, y su esposa son objeto de investigaciones patrimoniales. Otro tanto sucede con los matrimonios Corcuera, Rodríguez Colorado, Linares, y Francisco Álvarez Sánchez, ex coordinador de la lucha antiterrorista.