Señorías, rematen

EL ACUERDO para renovar el Consejo General del Poder Judicial está prácticamente cerrado. Tras ocho meses de renqueante negociación, el convenio parlamentario para el nombramiento de los 20 vocales -mitad por el Congreso de los Diputados, mitad por el Senado- lleva semanas prácticamente cerrado a falta de un nombre. Este órgano esencial para el Estado de derecho ha estado paralizado por escándalos y dimisiones. La situación hace tiempo que se hizo insostenible y exige que el PP y el PSOE, los dos principales responsables de culminar la renovación -se requieren las tres quintas partes de los votos en el Parlamento- den el último paso por recorrer. Y lo den hoy.De mediar en las próximas horas un esfuerzo de aproximación de los dos grandes partidos, se podrían convocar sendos plenos extraordinarios del Congreso y del Senado como muy tarde la próxima semana para que los parlamentarios puedan marcharse de vacaciones con este deber cumplido. De no ser así, la renovación del Consejo quedaría aplazada como pronto hasta septiembre. ¿Cabría recomendar entonces una apertura del año judicial con este Consejo demediado? Evidentemente, no.

Por ello se impone concluir el acuerdo sobre los 20 nuevos vocales, anunciarlo y convocar los plenos. Un nuevo aplazamiento, tras los aparentes progresos registrados ayer en las conversaciones, no se entendería sino como resultado de intereses de baja política que socavan el entramado institucional español. El PSOE, en contra de lo que hizo el PP en la oposición, no tiene por qué temer que la renovación del Consejo se convierta en un triunfo para la actual mayoría gobernante, menos aún cuando estamos al principio de la legislatura. Si alguien triunfa, serán las instituciones, y en particular el propio poder judicial. El PP debe facilitar este acercamiento.

Sería una grave irresponsabilidad política que se frustrase esta ocasión. No tendría justificación posible y dejaría al Consejo en una situación imposible, incapaz de funcionar y sin perspectivas de hacerlo. Por eso, sólo cabe recordar a los negociadores el trecho ya recorrido y pedirles que culminen su trabajo, que ya han sonado suficientes avisos.

Incluso así, parte del daño ya está hecho. Con el retraso acumulado hasta ahora, la renovación del Consejo ha perdido muchas ocasiones para reforzar la imagen y capacidad de este órgano de gobierno de los jueces. El vocal Pascual Estevill tuvo que ser destituido tras su condena por prevaricación y detención ilegal, ya que fueron baldías todas las apelaciones para que presentara la dimisión. Un mal trago que esta institución se hubiera podido ahorrar.

La premura actual obliga además a renovar a los vocales sin escucharles. El proyecto de dignificar la elección parlamentaria de los vocales con una presentación pública de los candidatos y sus ideas ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso ha pasado a mejor vida. Cuando menos, queda aplazado hasta la siguiente renovación.

Finalmente, el retraso en la renovación ha dado pie a que gane puntos la tesis asumida por el PP de volver a un sistema corporativo, por el que se restablecería la elección de 12 vocales por los jueces y 8 por el Parlamento. Desde 1985, todos los integrantes del Consejo son elegidos por los representantes de la soberanía popular. El sistema de cupos por partidos se va atenuando en favor de criterios más profesionales, pero deja aún mucho que desear. El Consejo ha quedado seriamente dañado después de los últimos episodios. Tardará en recuperar su vigor y credibilidad. Pero si no se renueva de inmediato, las lesiones podrían ser permanentes.