El nuevo Código Penal saca de la cárcel a 349 presos, en vez de los 13.000 que temía el PP

El PP blandió durante más de un año el temor social a que el nuevo Código Penal produjera la excarcelación de 13.000 presos. Pero hoy, 50 días más tarde de su entrada en vigor, el Código solamente ha ocasionado la puesta en libertad total de 334 reclusos y la libertad condicional de otros 15, después de que los tribunales hayan revisado ya unas 26.000 sentencias. "Se puede asegurar rotundamente que no a a haber excarcelaciones masivas", afirma Ángel Yuste Castillejos, director general de Instituciones Penitenciarias. Yuste añade que no se prevé una disminución drástica en la cifra de 37.946 personas recluidas en las prisiones dependientes de la Administración central.

El actual presidente del Congreso, Federico Trillo, fue uno de los críticos más ardorosos del nuevo Código Penal elaborado por el Gobierno del PSOE. Desde la oposición, Trillo y otros dirigentes del PP proclamaron hasta la saciedad que su entrada en vigor provocaría que 13.000 presos quedasen "de golpe" en libertad. Durante más de un año, los socialistas negaron una y otra vez que eso fuera a producirse y replicaron que la cifra de 13.000 esgrimida por Trillo partía de una interpretación errónea de unas declaraciones de David Beltrán, entonces director general de Instituciones Penitenciarias.Beltrán había manifestado en una entrevista publicada en EL PAÍS en junio de 1994: "Una cuarta parte de los reclusos actuales podría llegar a no estar en el sistema penitenciario o a entrar por vía del arresto sustitutorio, es decir, entre 12.500 y 13.000".

El Código Penal que entró en vigor el pasado 25 de mayo permite que los penados con anterioridad a esta fecha puedan acogerse a éste o al anterior texto legal, dependiendo de cuál de ellos les resulte más beneficioso. Pero la mayoría de los presos ha decidido acogerse al código antiguo, teniendo en cuenta que contempla determinados beneficios penitenciarios que no están recogidos en el vigente.

Dimensión oscurecida

"Los delitos cometidos a partir del 25 de mayo no van a tener esa posibilidad porque tendrán que ser enjuiciados y penados con arreglo al nuevo código. Cuando esto se produzca, tendremos la verdadera dimensión del código, que en este momento está oscurecida por la aplicación de la ley penal más favorable" para el condenado, señala Angel Yuste.Cincuenta días después de la puesta en práctica del llamado "Código Penal de la democracia", los tribunales han revisado ya 26.000 sentencias que afectan a unos 28.000 reclusos, lo que permite tener "una idea aproximada de cómo puede incidir en el cumplimiento de las penas privativas de libertad", según Yuste. Hasta ahora sólo han sido excarcelados 349 reclusos.

No ha podido ser confirmado si en el cómputo anterior figuran 80 personas que estaban internadas en psiquiátricos penitenciarios y que, en virtud del nuevo código, han causado baja en las prisiones al ser trasladadas a hospitales civiles. En el psiquiátrico penitenciario alicantino de Foncalent, sin embargo, aún hay personas "imputables" penalmente por sufrir trastornos mentales.

El responsable de Instituciones Penitenciarias afirma que "todavía es difícil evaluar la incidencia del nuevo Código Penal" porque hay muchos reclusos sobre los que pesa no una sóla condena, sino varias por diferentes delitos. No obstante, Yuste descarta por completo que vaya a haber excarcelaciones masivas.

El responsable de las prisiones tampoco prevé que pueda haber una disminución importante de la población reclusa, pese a que el nuevo código acorta determinadas penas. Lo que ocurrirá es que su "duración real" será más larga que hasta ahora, como consecuencia de la desaparición de algunos tipos de beneficios penitenciarios que reducían el tiempo de cumplimiento efectivo.

Instituciones Penitenciarias, que tiene a su cargo a 37.946 reclusos, no se atreve a aventurar si esta cifra se reducirá significativamente por la incidencia del Código Penal y, sobre todo, por la implantación de nuevas penas como los arrestos de fin de semana y el trabajo en beneficio de la comunidad. En las prisiones dependientes de la Administración central -todas excepto Cataluña- hay 3.634 mujeres, una cifra que tiende ligeramente al alza.