La 'huelga' de jueces concluye con 16.000 asuntos empantanados
La junta de jueces de primera instancia de Madrid acordó ayer poner punto final a la huelga que mantenían desde diciembre pasado y que consistía en ralentizar el reparto de asuntos civiles, con excepción de los urgentes (interdictos, medidas provisionales relacionadas con la familia). A partir de hoy se repartirán, sean o no urgentes, todas las demandas que lleguen al decanato. Las 16.000 demandas acumuladas por la huelga se distribuirán progresivamente a lo largo de un año para no atascar de golpe y aún más los juzgados. La decisión de la junta se produce después de que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (órgano de gobierno de los magistrados en el ámbito de la Comunidad) les instase en mayo a que normalizaran el reparto y tramitasen todas sin demora ni distinción.Fernando Fernández, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid, describió ayer un panorama desolador al término de la junta. "Todo el mundo nos ha dado la espalda. Y no se ha conseguido nada", subrayó. Ni siquiera los cinco nuevos juzgados que, como respuesta a la huelga, se comprometió a crear el anterior secretario general del Ministerio de Justicia. Según Fernández, el actual director general de Justicia, Juan Ignacio Zoido, se reunió hace tres semanas con representantes judiciales y les informó de que no se iban a crear los anunciados juzgados. No hay dinero, les razonó, según Fernández. El anterior equipo de Justicia se comprometió con la decana, Manuela Carmena, y el presidente del Tribunal de Madrid, José Mateos, a crear cinco nuevos órganos, que se especializarían en quiebras empresariales y suspensiones de pagos, en un edificio que Patrimonio del Estado posee en la calle de la Montera, cerca de la Puerta del Sol. "Todo mentira", indicó ayer, desmoralizado, el portavoz de la APM, mayoritaria y conservadora entre las asociaciones judiciales.
Los jueces de lo civil (sin contar los 12 que llevan asuntos especializados: quiebras, hipotecarios) convinieron en diciembre pasado ralentizar un 30% de las demandas no urgentes que arribasen al decanato. Exigían más juzgados, entre otras peticiones.
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Asuntos millonarios
Cada magistrado tramita al año 400 asuntos más de los que recomienda el Poder Judicial
La realidad es que, tras seis meses de huelga, los juzgados de lo civil de Madrid (que tramitan asuntos extremadamente complejos y con muchos millones de pesetas por medio) se enfrentan ahora a una situación difícil: los archivos del decanato acumulan unas 16.000 de mandas. En Madrid hay 65 juzgados de primera instancia, pero sólo entrarán 54 (los no especializados) en el reparto de estas 16.000 causas. Aproximadamente tocan a unos trescientos asuntos. Estos juzgados, atiborrados ya de por sí de causas, algunas muy complejas, recibirán estos asuntos de forma progresiva a lo largo de un año.El Consejo General del Poder Judicial recomienda que cada juzgado civil resuelva al año en torno a los ochocientos asuntos; los de Madrid, sin embargo, se enfrentan a una media anual de 1.200, 400 más de los recomendables. "Los jueces queremos trabajar bien, tener tiempo para razonar las sentencias y para leer con la tranquilidad necesaria los expedientes, ofrecer calidad al usuario. Antes de decretar un desahucio, por ejemplo, hay que estudiar con tranquilidad el expediente; la decisión es muy dura, y detrás hay personas", explica Fernández. Su palabras denotan rabia e impotencia ante la situación que se avecina.
Pero el colapso que sufre la justicia en Madrid no afecta sólo a los juzgados de primera instancia. Las secciones de lo civil de la Audiencia Provincial también están saturadas de trabajo. La mayoría emplea casi dos años en resolver los recursos que elevan los usuarios tras concluir su calvario en primera instancia.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre las judiciales y conservadora, indicó que la huelga se había revocado por amplia mayoría, aunque nueve magistrados apoyaron su continuidad. Fernández asegura que desde el principio se opuso a esta iniciativa por considerarla "injusta e ilegal". Él apostó por otras medidas menos perjudiciales para el usuario, como los señalamientos controlados; es decir, informar desde el primer momento al administrado del día en que debe acudir al juzgado para enjuiciar su caso. Esta medida no implica agilizar en el tiempo la tramitación, pero evita la "inseguridad jurídica" que supone al usuario no saber cuándo se verá su asunto.
Fernández expresó ayer su desánimo tras seis meses de huelga: "A pesar de la medida tan drástica que se tomó, nadie, ni el Consejo General del Poder Judicial ni el ministerio, se ha inquietado lo más mínimo. El presidente del Tribunal Superior de Madrid, José Mateos, ha sido el único que ha mostrado una preocupación", apostilla. En su memoria de 1995, el Tribunal Superior considera que la región necesita con urgencia, por lo menos, 40 nuevos juzgados.
Durante estos seis meses de huelga, sólo los asuntos urgentes se han repartido sin dilación -medidas provisionales en cuestiones de familias, interdictos-; los no urgentes también se han repartido, pero con retrasos de hasta dos meses desde que el abogado o procurador registraba su demanda en el decanato hasta que ésta arribaba al despacho del juez. El Colegio de Procuradores criticó en un comunicado la huelga.
Al salir de la reunión, el portavoz de la APM no tenía claro cómo y cuándo se repartirán los 16.000 asuntos empantanados. En todo caso, le parecía "injusto" que se repartiesen a lo largo del año. "Bastante tienen ya esos asuntos con llevar dos meses de espera".
