PSOE, IU y PNV piden al Gobierno que cesen las declaraciones alarmantes sobre pensiones

Los representantes del PSOE, IU y PNV en la ponencia parlamentaria del Pacto de Toledo pidieron al Gobierno que cesen las declaraciones "alarmantes y contradictorias" sobre las pensiones, como las realizadas el martes por José Barea, director de la Oficina Presupuestaria. La ponencia, que ayer comenzó sus debates, no detectó ninguna discrepancia con el documento elaborado por el Ejecutivo para desarrollar el Pacto de Toledo. Hoy el Consejo de Ministros estudiará un nuevo texto en el que detalla más sus propuestas y que servirá para proseguir el diálogo en el Parlamento y con los agentes sociales.

La ponencia parlamentaria que debe debatir el desarrollo del Pacto de Toledo mantuvo ayer su primera reunión con la presencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio. Durante una parte del encuentro también participó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas. Todos los grupos políticos reiteraron su compromiso con el consenso alcanzado el 6 de abril de 1995 y su disposición a repetirlo ahora, siempre que se respete en su integridad lo acordado hace un año.De momento, en el documento inicial del Gobierno (ver EL PAÍS del 5 de julio) no encuentran discrepancias reseñables. El diputado socialista y ex ministro de Trabajo José Antonio Griñán aseguró que se trata de un texto genérico y susceptible de discusión, "siempre que no sea enmendado por el señor Barea".

El ministro de Trabajo había matizado previamente las polémicas declaraciones del director de la Oficina Presupuestaria, quien el martes vaticinaba que, si las pensiones crecen igual que el IPC, se pondrá en peligro el sistema público. Arenas afirmó: "Barea es una persona de reconocido prestigio y con muchos conocimientos en materia presupuestaria, pero el Gobierno sólo se siente vinculado por los compromisos del presidente Aznar y garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones para toda la legislatura".

Juan Carlos Aparicio se comprometió a trasladar al Gobierno la petición de que cesen las declaraciones alarmantes sobre el futuro de las pensiones para evitar inquietudes innecesarias a los ciudadanos, tal como le pidieron José Antonio Griñán (PSOE), Jon Zabalía (PNV) y Pedro Vaquero (IU). Zabalía y Francesc Homs (CiU) aseguraron que en el encuentro de ayer quedó claro un mensaje a la sociedad: las líneas del Pacto de Toledo van a ser respetadas por todos los grupos políticos.

El 1 de enero, en vigor

El propósito del Gobierno y de los partidos es que las medidas entren en vigor el 1 de enero de 1997, aunque hay algunas discrepancias en la plasmación en una norma. El PSOE defiende que se elabore una ley específica para recoger todas las medidas, mientras que el Ejecutivo quiere que una parte sustancial se incluya en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales para 1997. Griñán argumenta que, dentro de una ley de acompañamiento tendría un consenso más difícil, porque se uniría a otras materias heterogéneas, sin embargo con una ley específica "tendría el apoyo de toda la Cámara".Javier Arenas minimizó las diferencias y aseguró que el tema se discutirá en la ponencia: "Por problemas de forma no se van a romper cuestiones de fondo. Queremos que la mayoría de las medidas vayan en la ley de acompañamiento, pero el Gobierno hará esfuerzos para que la plasmación legislativa no rompa el fondo".

También se trasladará a la ponencia parlamentaria y a la mesa de negociación con los sindicatos y la patronal el documento que aprobará hoy el Consejo de Ministros con sus propuestas más detalladas sobre el desarrollo del Pacto de Toledo. En ese texto el Gobierno pondrá números y medidas concretas para cada una de las recomendaciones, que luego tienen que ser debatidas en el diálogo paralelo con los partidos políticos y los agentes sociales.