Los alcaldes estallan contra la posible inhabilitación taurina
La inhabilitación para organizar espectáculos taurinos que estudia el Gobierno regional mantiene en vilo a cinco alcaldes, cuyos municipios tienen expedientes abiertos por haber cometido una falta muy grave en la celebración de sus encierros. Ayer estallaron contra el Gobierno regional. Temen que sus vecinos reaccionen mal si la Comunidad les condena a un año sin suelta de toros. "Nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esto", señala Daniel Meco, alcalde de Los Santos de la Humosa (950 habitantes).
La propuesta de Luis Mallo, director general de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia, de dejar durante un año sin encierros a cinco pueblos de la región (véase EL PAÍS de ayer) -Los Santos de la Humosa, Sevilla la Nueva (2.170 habitantes), Navalcarnero (11.470), Galapagar (15.44(1) y Camarma de Esteruelas (2.040)- ha provocado duras críticas de los regidores.Daniel Meco, regidor socialista de Los Santos, comentó ayer: "Hemos sido humillados. Nos prohíben efectuar encierros por el campo [modalidad que consiste en perseguir un toro campo a través] cuando jamás ha habido un accidente, algo que no pueden decir municipios tan grandes como Móstoles [199.400 habitantes] o Leganés [178.300]. Dicen que la fiesta es ilegal, pero ¿cuándo ha sido legal? Aquí celebramos estos encierros desde tiempos inmemoriales y jamás hemos necesitado permiso".
Meco, enfadado, asegura que acatará lo que la Comunidad determine. "Pero es injusto completamente, porque son unas fiestas populares. Nunca hemos cobrado nada a nadie por asistir a ellas. Son del pueblo y se las quieren cargar. No nos entienden", afirma. Meco añade que cuando lleguen las fiestas de este año no sabe qué -pasará en su pueblo. "No puedo ser un sheriff que impone las cosas. El pueblo quiere encierros", explica.
Por su parte, los regidores de Sevilla la Nueva y Navalcarnero, ambos del PP, anunciaron que si a sus, ayuntamientos les prohíben celebrar encierros se los darán a una empresa privada.
La Consejería de Presidentia está analizando ya esta artimañana legal. Fuentes del Gobierno regional señalaron que, "para que no sorteen la ley, se estudia no sólo inhabilitar al Ayuntamiento, sino impedir la celebración de encierros en todo el término municipal. De esta manera, ninguna empresa privada podría organizar este tipo de celebraciones en la localidad inhabilitada.
De hecho, la Comunidad ya ha incoado 16 expedientes sancionadores contra empresas -cuatro por faltas muy graves y 12 por leves- que organizaron encierros el año pasado sin cumplir los requisitos legales.
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