Rebrote de agravios entre las capitales canarias

El pasado 30 de mayo, Día de Canarias, el presidente del Gobierno autónomo, el nacionalista Manuel Hermoso, hacía un llamamiento a los canarios para evitar el rebrote del denominado pleito insular entre las islas capitalinas del archipiélago. La advertencia estaba relacionada con un movimiento que se venía gestando desde hace años en Gran Canaria, provocado por un sentimiento de discriminación respecto a Tenerife en cuanto a presupuesto y reparto de poder institucional, y que llegó a una gran crispación en las últimas semanas.

El detonante de este airado renacimiento del pleito insular, que hunde sus raíces en un enfrentamiento secular entre ambas islas, fue la decisión adoptada por el Gobierno autónomo el pasado 20 de junio de dejar sin sede oficial al Consejo Rector de la Zona Especial de Canarias (ZEC), un espacio financiero con grandes ventajas fiscales que se establecerá en las islas en virtud del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF).Desde las instituciones y organizaciones empresariales de Gran Canaria se exigía que la sede de dicho consejo estuviera ubicada en la capital de esta isla, puesto que es un órgano que depende de la Administración central y es en Las Palmas de Gran Canaria donde está la Delegación del Gobierno.

Por su parte, Tenerife reclamaba desde el principio una sede compartida, siguiendo así el modelo que ya se aplica con la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, que alterna cada cuatro años en una de las dos capitales.

La decisión del Gobierno regional obvió la propia advertencia de Manuel Hermoso, y ha creado tal malestar entre los sectores políticos y empresariales de una y otra provincia que ha provocado una escisión interna, tanto entre los diferentes partidos que integran Coalición Canaria como entre los representantes de su socio de Gobierno, el PP.

El pleno parlamentario de esta semana se convirtió en escenario de un crispado cruce de acusaciones entre miembros del Gobierno y se tradujo en la ruptura de acuerdos a la hora de votar asuntos de importancia, tales como la designación del nuevo Diputado del Común (Defensor del Pueblo canario) o la clarificación del denominado caso Tindaya, relacionado con la construcción de un monumento del escultor vasco Eduardo Chillida en una montaña de Fuerteventura.

Dentro de la coalición nacionalista, dirigentes como José Carlos Mauricio y Lorenzo Olarte, ambos grancanarios, han exigido una redistribución presupuestaria y de representación institucional, que según datos del propio Ejecutivo cuenta con 216 centros directivos en Tenerife y 167 en Gran Canaria.

La propuesta del vicepresidente del Gobierno, Lorenzo Olarte, de crear un organismo para reequilibrar la sede del Ejecutivo regional, así como las críticas de Mauricio, han sentado mal entre sus socios de coalición, cuyo núcleo central está formado por la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) que lidera Manuel Hermoso.

En el Partido Popular las aguas están si caben más revueltas desde que su secretario regional, el tinerfeño José Ignacio González, descalificara al máximo dirigente de su partido, el grancanario José Miguel Bravo de Laguna, por cuestionar el acuerdo de gobierno sobre la ubicación de la zona CEZ.

Con ánimo de encontrar una solución a este rebrote del pleito insular, que amenaza con quebrar la imagen de unidad de los canarios que Coalición Canaria se ha esforzado por mostrar, los nacionalistas han convocado una reunión interna para limar diferencias. El PP ha solicitado además del presidente del Ejecutivo una cumbre política para estudiar los desequilibrios.

Empresarios y sindicatos han terciado también en la polémica; aquéllos exigiendo a Hermoso desde Gran Canaria que ponga coto a las "provocaciones", y desde Tenerife apuntando la conveniencia de crear consorcios independientes en las distintas islas para gestionar la Zona Especial de Canarias.