La adjudicación de pisos sociales cambia para primar los casos más urgentes

El consejero explica que el sistema de puntuación que están planteándose recuperar es el que se aplica en la gran mayoría de las comunidades autónomas. En él, los solicitantes consiguen o no piso en función de los puntos que acumulen por una serie de variables: situación de la vivienda donde habitan, número de hijos, nivel de ingresos (siempre dentro de cantidades inferiores a 2,5 veces el salario mínimo)...En la puntuación se establecerán algunos indicadores para valorar si el solicitante está o no en situación extrema: no disponer de vivienda o estar en riesgo de perderla, el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas de la casa, problemas de convivencia, toxicomanías que se remontarían mejor de disponer de un hogar...

Otro de los propósitos de los populares es que esos pisos para casos extremos puedan adjudicarse de forma inmediata. Los afectados tienen ahora que esperar a que haya un sorteo de viviendas, presentarse y, si no salen beneficiados en la adjudicación general, entonces optan al 5%. Existe una excepción: que les adjudiquen uno de los pisos vacíos o sometidos a irregularidades recuperados por el Ivima.

El Gobierno de Ruiz-Gallardón considera poco operativo tener que esperar a un sorteo cuando se está planteando el alojamiento de personas con urgentes carencias.

Con este cambio, el PP retorna, en parte o en su totalidad, al sistema de adjudicación de vivienda por puntos que existió hasta enero de 1994, cuando el mismo Ejecutivo socialista que lo puso en marcha lo cambió por los sorteos y el cupo del 5% para situaciones urgentes.

Pero el proyecto popular tiene una diferencia con la situación de hace tres años: establece un porcentaje fijo de pisos para los casos extremos cuando antes el procedimiento único era la puntuación por tener la vivienda en ruina o por el número de hijos o ingresos.

En 1994, el PSOE eliminó las baremaciones por creer que con el sistema de puntos sólo lograban pisos sociales o los más pícaros (aquellos que tienen ingresos, pero difícilmente cuantificables por ser ilegales o no estar regulados) o los grupos más marginados, quedándose fuera obreros también con pocos medios económicos y necesitados de vivienda.

De paso, borró así una indeseable lista de espera que superaba los 10.000 apuntados aunque, dado su estancamiento y la falta de renovación de los documentos aportados, algunos de los casos estaban ya obsoletos cuando se les iba a dar solución. Los socialistas alegaban que resulta difícil decidir y explicar por qué se adjudica un piso público a quien tiene, por ejemplo, 8,91 puntos y no a quien ronda los 8,88. Creyeron más ecuánime sortear las viviendas entre todos aquellos que cumplen los requisitos básicos exigidos y destinar el 5% a los sectores marginados.

El PP considera, que, a menudo, la gente más marginalizada no se entera de que hay sorteos de vivienda social y no se apunta a ellos por lo que sólo les queda acceder a ese pequeño porcentaje de pisos recuperados, y eso si acceden a los servicios sociales municipales o a los del propio Ivima.

El Ivima regenta unas 90.000 viviendas sociales en la Comunidad de Madrid, la mitad heredadas del franquismo.