Derechos "gays"

ASOCIACIONES DE homosexuales, lesbianas y gays han salido esta semana a las calles a manifestarse a favor de sus derechos. El primero de ellos, a la propia manifestación pública de su inclinación sexual. El segundo, a verse reconocidos por la sociedad y por una legislación no discriminatoria. La marginación de la condición homosexual está de hecho tocando a su fin en las sociedades democráticas, aunque sólo unos cuantos Estados -Noruega , Suecia o Dinamarca- hayan reconocido hasta ahora la unión legal entre homosexuales. Porque es el respeto al individuo, al margen de toda inclinación, el que define los derechos en las democracias más avanzadas.La percepción social y legal del matrimonio y la familia ha cambiado profundamente. Las parejas heterosexuales conviven cada vez más sin vínculos legales. O, cuando los tienen, los rompen con gran frecuencia. La media de una unión legal en Francia es de diez años. La mitad de los matrimonios en Estados Unidos acaba en separación, y en Suecia el porcentaje es aún mayor. Frente a esta situación, los homosexuales reivindican el derecho al matrimonio, de modo que el compañero sea beneficiario de los mismos derechos que un esposo o una esposa y sea tratado jurídicamente de igual forma.

Su razonamiento impecable parte de que nadie debe decidir sobre las preferencias sexuales de cada cual. Los prejuicios sociales que quedan en contra de la homosexualidad se revelan vetustos y anacrónicos. La tolerancia gana terreno continuamente al respecto. La familia ya no es, como en el pasado, la única opción posible frente a la soledad, aunque sea, muy transformada, la célula más común de la colectividad moderna y para la mayoría, cabe pensar, la primordial.

Los cambios de residencia y de trabajo, las migraciones, las tendencias generalizadas al cambio y al consumo rápido han afectado profundamente a las relaciones humanas. España es, con Portugal, Grecia e Irlanda, un país en el que los valores familiares convencionales son fuertes y tienen un valioso amparo. Pero todo parece tender hacia hogares mucho más diversificados. Ya hay sentencias españolas que han fallado a favor de derechos de pensión o de arrendamiento que protegen a parejas heterosexuales de hecho. Esta vía irá conduciendo a la aceptación de esos derechos en el caso de las parejas homosexuales y es posible que hasta a su pleno reconocimiento legal. El Gobierno ha declarado que esta meta no se encuentra entre sus prioridades. Es legítimo que tenga otras.

Pero las realidades sociales son tercas. Y cualquier Gobierno, del signo que sea, habrá de enfrentarse a las mismas. Porque los preceptos morales son perfectamente aplicables en la vida particular de cada uno y en su entorno familiar si los acepta. Pero las actitudes, los hábitos y las inclinaciones respetuosas con las libertades ajenas son derechos de la persona. Y ningún Gobierno democrático puede negarse a que los demanden quienes se sientan afectados.