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Tribuna:

Privatizaciones

La clave del comportamiento empresarial en el mercado es la responsabilidad, medida en una magnitud cuantificable, económica, por supuesto. El empresario es el responsable último del resultado económico de una actividad empresarial, y esa responsabilidad se materializa en su propio enriquecimiento o empobrecimiento, en la medida en que sea propietario de la empresa o en el de los otros propietarios que han centrado en él la función empresarial, como sucede normalmente en las sociedades mercantiles.Esta responsabilidad patrimonial, que es el, motor del empresario, no opera del mismo modo en la empresa pública. Ésta puede contar con gestores y gestión excelentes, pero en ella falla el resultado como medida de la excelencia empresarial, ya que el gestor no es propietario, y además tiene uno, más o menos difuso, que no suele pensar en la empresa primordialmente como fuente de beneficios, sino en otras funciones que puede cubrir, como la buena prestación de un servicio a la gente o el aseguramiento de un suministro a todo el mundo, o el precio reducido en ese servicio o suministro, o el mantenimiento de unos puestos de trabajo, o la defensa nacional, o la autarquía económico-política, o quién sabe qué otros excelsos fines que exceden a la empresa misma.Por ello, los gestores de empresas públicas tienden a transformarse en empresarios en la medida en que las empresas se privatizan, aunque sea parcialmente: si hay que responder de los resultados ante una parte, aunque sea minoritaria, de propietarios, las cosas y la función empieza a verse de otro modo. Porque se sabe que si un año, por ejemplo, no se reparten dividendos, el Estado propietario no suele conmoverse gran cosa; por importante que sea la empresa, el dividendo será una gota de agua en el mare magnum de los ingresos públicos; pero el socio privado al que se priva de dividendo experimenta un lucro cesante y además una disminución del valor de su propiedad.

Ni siquiera la competencia suele ser un factor suficiente para transformar la empresa pública en una entidad con verdadero riesgo patrimonial, pues los problemas que la competencia plantee pueden resolverse también mediante el recurso al favor público en cualquiera de las múltiples formas, como mercados (públicos) cautivos, concesiones, autorizaciones, facilidades de capital o crediticias u otras que, aunque en un ambiente europeo como el actual de eliminación de trampas de la competencia, siguen operando en buena medida de modo más o menos solapado. Más aún, puede pensarse, con buena lógica, que las empresas públicas rentables lo son, casi siempre y en todo o en buena parte, porque llevan consigo algún privilegio monopolístico o de otro modo; hasta el punto de que esa rentabilidad puede cubrir, con frecuencia, una notable ineficacia.

Desde el punto de vista de la eficiencia económica, nada como una empresa privada no monopolística; es así de sencillo. Por ello, la privatización de empresas públicas debe plantearse, en mi opinión, más que como una cuestión de discrepancia en cuestiones económicas, como una cuestión pura y descarnadamente política. Podrán mantenerse como públicas aquellas empresas en las que la función extraeconómica que desarrollan no pueda mantenerse mediante la oportuna privatización, porque desde el punto de vista de la eficiencia económica no hay mucho que discutir. La buena lógica y buena administración requieren, por tanto, la identificación de esa función extraeconómica (política) de cada empresa en particular, la cuantificación del coste de mantenimiento de esa función y la razonable conclusión de que esa función no puede cumplirse igualmente mediante una privatización apropiada. Así, lo más claro es que la empresa pública que subsista esté normalmente subvencionada, como muestra evidente del coste para la colectividad del mantenimiento, a través de ella, de esa función política que excede de la pura función económica empresarial, tanto si se trata de mantener unos puestos de trabajo como de dar servicios a precios políticos u otras variedades de esta foresta que suele enmascarar las más inocentes o taimadas subvenciones. Y habida cuenta de que esta función política no debe ser el engordarmiento del poder político mediante el manejo de una entidad empresarial económicamente poderosa. No siempre es fácil distinguir entre la función pública proclamada para mantener a una empresa en la esfera pública y su virtualidad como elemento de poder adicional de los políticos que ocupan los órganos del Estado de los que las empresas dependen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de junio de 1996