El afán del PP y el PSOE por imponer a sus patrocinados prolonga la negociación del CGPJ

Las asociaciones judiciales tuvieron ayer un sitio de honor en el Parlamento. Partido Popular y PSOE no cesaron de consultar a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y a Jueces para la Democracia, respectivamente, sobre los nombres que proponían para designar a los 20 jueces, magistrados y juristas que integrarán el futuro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A medianoche, los negociadores se dieron una tregua hasta hoy después de que el PSOE propusiese un nombre que consideraba 'Imprescindible", pero que para el PP resultaba "inaceptable".

Si alguna vez se dijo que el sistema de cuotas por partidos debía de mitigarse para poner sobre la mesa sólo a personas de reconocido prestigio profesional, con lo que ocurrió ayer se demostró que todo sigue como siempre. Esto es, cada grupo político defiende a capa y espada sus nombres y veta con empeño al del contrario. Tan sólo el PNV, Coalición Canaria y CiU se retiraron de la negociación a primeras horas de la noche, una vez que sus candidatos obtuvieron el plácet general.Los peneuvistas no tuvieron problemas para que su candidato Emilio Olabarría, diputado en el Congreso, fuera aceptado. Coalición Canaria propuso con éxito a Antonio Doreste Armas, juez de lo Social en Las Palmas, y CiU consiguió llevar al Consejo a Francesc Caminal y, en propuesta a medias con el Partido Popular, a la jurista Esther Jiménez Salinas.

Izquierda Unida, a través de su portavoz Rosa Aguilar, llegó a un acuerdo con el PSOE para apoyar a Manuela Carmena. A última hora de la noche estaban colocados en la lista Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes; la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Margarita Rituerto, Luis López Guerra, a propuesta del PSOE; Teófilo Ortega, Elisa Veiga, Benigno Varela y Damián Alvarez.

Después de varias interrupciones, Siempre para evacuar consultas, se anunció que los 20 estaban consensuados pero los negociadores se negaban a facilitar nombres porque quedaba una última reunión y ahí vino la ruptura, tregua o receso, ya que hoy, a las nueve de la mañana, se reanudaban los contactos. Pasada la medianoche, el portavoz socialista, Joaquín Almunia, que negoció en solitario con el del Grupo Popular, Gabriel Cisneros, y con el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez- Cascos, señaló que no había acuerdo.

Gabriel Cisneros aseguró que cuando todo estaba ya cerrado el PSOE pretendió introducir un cambio proponiendo a una persona que ya había sido rechazada por el PP en los prolegómenos de la negociación. Cisneros confió en que hoy el PSOE "reconsidere" su posición. Tal nombre se convertirá en famoso ya que mientras que para el PSOE resultaba "imprescindible", en apreciación de Cisneros, para los populares era "inaceptable".

Durante la tarde, tanto Cisneros como Almunia no dejaron de consultar a las asociaciones judiciales. Para rizar el rizo de la situación, según fuentes de la negociación, entre las propias asociaciones también hubo discusión. Estas fuentes aseguran que cuando el portavoz popular les comunicaba que se había aceptado un determinado nombre, el interlocutor de la APM lo rechazaba con el argumento de que el elegido había sido incluido en su lista de sugerencias "como relleno" y que para la designación real preferían a otros.

Lo mismo ocurría, al parecer, con Jueces para la Democracia. El ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, conocedor privilegiado de la asociación al haber sido uno de sus fundadores, prestaba auxilio a Joaquín Almunia informándole sobre la identidad de las personas que proponía el PP.

A última hora de la noche no habían trascendido quiénes eran los vetados por el PP, pero sí quiénes habían tenido el rechazo del PSOE. Éstos fueron los casos de Manuel García Castellón, encargado del caso Banesto, de Enrique Míguez y de Jesús Souto. Personas cercanas a los dos primeros aseguran la contrariedad de ambos con los dos grupos políticos: con los vetadores por razones obvias y con el grupo proponente por haberlo hecho sin tener garantías de aceptación.

El PSOE asegura que el nombre de García Castellón no podía ser aceptado por cuanto contradecía una de las seis cláusulas pactadas por todos los grupos. Ésta era la de que ningún juez que hubiera tenido protagonismo social debiera entrar en el Consejo. Traducido para que todo el mundo lo entienda, entre ellos hablaban del no a los "jueces estrella".