Los comunistas de Portugal proponen legalizar la interrupción del embarazo

El Partido Comunista portugués (PCP) ha reactivado una vieja batalla política: el derecho al aborto. Los comunistas han presentado en la Asamblea de la República un proyecto de ley que propone el aborto libre durante las primeras doce semanas de embarazo y amplía los actuales plazos de interrupción de la gestación. Los comunistas pretenden actualizar una legislación desfasada, ampliamente superada por la realidad social y hacer frente a una extendida hipocresía, especialmente entre la clase médica, que provoca anualmente más de 16.000 abortos clandestinos, en algunos casos con grave riesgo para la vida de las mujeres.Los supuestos sobre los que el PCP quiere ampliar el derecho al aborto es en los siguientes casos: cuando exista evidente peligro de muerte o grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre durante las primeras 16 semanas de embarazo, cuando exista grave riesgo de que el nasciturus pueda nacer con una enfermedad incurable o con malformaciones durante las 22 primeras semanas de gestación y cuando existan serios indicios de que el embarazo procede de una violación (crimen contra la libertad y autodeterminación sexual, según el texto) durante las primeras 16 semanas o hasta las 22 semanas si la víctima es menor de 16 años.

Libertad de voto

Asimsimo, el proyecto comunista propone despenalizar el aborto para las mujeres toxicómanas durante las primeras 16 semanas de embarazo y destaca la necesidad de reorganizar los servicios públicos de salud reconociendo el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.

El proyecto, que deberá ser debatido por el pleno de la Asamblea de la República, incomoda y remueve las conciencias de todos los partidos políticos, incluido el socialista. Miembros del Gobierno socialista han avanzado que el Ejecutivo está a favor de la liberalización de la ley, aunque han advertido que el aborto "es un problema de conciencia que quizá obligue a dejar libertad de voto a los diputados".

José Manuel Fernandes, subdirector del diario O Público, reconocía el domingo en su columna editorial que "la ley vigente no resuelve el problema", y "provoca una enorme hipocresía". "Todos los años", dice Fernandes, "hay 16.000 'mujeres delincuentes' y todos los años las autoridades cierran los ojos 16.000 veces. ¿Por qué no encarar entonces el problema de frente y despenalizar formalmente aquello a lo que hipócritamente se cierra los ojos?".

Los embarazos no deseados o problemáticos provocan serias dificultades a las mujeres portuguesas. Las cifras son realmente alarmantes y la pasividad del Gobierno es poco menos que injustificable. Una ley restrictiva, la invocación de problemas de conciencia por la clase médica y los altos precios de estas intervenciones provocan que centenares de portuguesas se trasladen a clínicas españolas para interrumpir sus embarazos.

Una clínica de Mérida, cerca de la frontera, recibe semanalmente una media de doce mujeres que desean abortar. Este es un caso significativo, pero no el único. Clínicas de Madrid y de otras ciudades españolas reciben semanalmente decenas de mujeres portuguesas obligadas a salir de su país para abortar.