En defensa de Telefónica

Uno de los principales problemas de la economía española es su dificultad manifiesta para potenciar empresas multinacionales capaces de tener un papel relevante en los mercados internacionales y resistir, en los propios, la creciente competencia impuesta por las multinacionales extranjeras. No obstante, en los últimos años, hay que anotar algunas excepciones, como las de Repsol y Telefónica. La primera inicia ahora una nueva etapa, tras la salida de Óscar Fanjul de su presidencia ejecutiva después de haber realizado una labor eficaz reconocida internacionalmente; la segunda puede verse seriamente afectada por las primeras decisiones del Gobierno de Aznar que limitan su crecimiento, en favor de otros intereses particulares estrechamente vinculados a la nueva mayoría.Aunque el sector de las telecomunicaciones en España no es precisamente eficiente, hay que reconocer que la Compañía Telefónica ha logrado un espectacular crecimiento hasta convertirse en uno de los primeros activos de la economía española. Basta como muestra que Telefónica se ha situado entre las 10 primeras operadoras mundiales si se atiende a algunos destacados indicadores, o ratios, como, por ejemplo, el número de líneas en servicio, los ingresos por empleado o el volumen de inversiones en material. Y, sobre todo, Telefónica es la operadora mundial que soporta un mayor peso de su inversión sobre sus ingresos de operaciones, sólo comparable a NTT y Deutsche Telekom.

La expansión de Telefónica ha sido especialmente destacable en América Latina. En muy pocos años, Telefónica Internacional se ha introducido con envidiable posicionamiento -frente a la fuerte competencia norteamericana- en Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, México, lo que le ha permitido obtener, en 1995, unos beneficios de 29.709 millones de pesetas y unos niveles de rentabilidad sobre fondos propios del 12,7%. Y, lo que es más destacable, Telefónica Internacional no se ha limitado a la telefonía básica; cuenta con más de un millón de clientes en la televisión por cable americana y desarrolla una estrategia multimedia que abarca desde la oferta de servicios móviles hasta un proyecto panamericano con conectividad hacia el resto de América Latina, Estados Unidos y Europa de enorme potencialidad. Finalmente, Telefónica ha afrontado con éxito los primeros pasos del proceso de liberalización del sector, posicionándose, además, en los mercados internacionales a través del consorcio europeo Unisource -junto con AT&T-, lo que le sitúa en un privilegiado lugar de cara a los retos de los próximos años.

Pues bien, de cara al futuro, el Gobierno de Aznar, en lugar de optar por la liberalización plena del sector que beneficiaría a todos los consumidores, ha decidido otorgar una licencia de explotación de telefonía básica a un segundo operador, Retevisión, organismo público que sirve, en régimen de monopolio, las señales de televisión de las cadenas públicas y privadas. Esto es, Retevisión podrá ofrecer telefonía básica a partir del próximo año en competencia con Telefónica y, a partir de 1998, con todos los restantes operadores en un mercado liberalizado. La pregunta es obligada: ¿qué sentido tiene un año y medio antes de la liberalización del sector otorgar una segunda licencia para la telefonía básica? La respuesta a esta pregunta requiere las siguientes consideraciones:1. La fórmula del duopolio adoptada por el Gobierno no es ni mejor ni peor que otras, pero sí es caduca. Fue ya utilizada en 1982 por el Gobierno del Reino Unido que autorizó a Mercury como segundo operador frente a la British Telecom durante el periodo de competencia limitada previo al proceso de liberalización del sector. Lo que en aquella ocasión tuvo sentido como punto de arranque del proceso de liberalización no lo tiene en 1997 -15 años después- cuando Telefónica ha estado sometida a un proceso disciplinario de creciente competencia en muchas de sus actividades, ha extendido el servicio a la totalidad del territorio, ha eliminado las listas de espera y está adaptando su marco tarifario a las exigencias del mercado. Y es que la estrategia del duopolio sólo es válida cuando se cuenta con un periodo de transición suficientemente amplio, lo que no es el caso. Y menos aún, cuando el mandato comunitario obliga a la liberalización total del sector el 1 de enero de 1998, aunque una cláusula de salvaguardia -que un Gobierno de temple "tan liberal" no debería utilizar- nos permita retrasarlo por unos años más.2. Pero sea cuaIquiera el plazo que, en definitiva, se adopte, es imposible que Retevisión -empresa monopolista de escasa tradición comercial- pueda realizar un papel relevante en el campo de la telefonía básica. Ni sus activos se lo permiten, ni cuenta con los medios necesarios para afrontar en tan corto espacio de tiempo la construcción de una red troncal alternativa, ni puede realizar grandes inversiones en infraestructura para desarrollar servicios interactivos como los del cable.

El futuro de Retevisión sería muy problemático salvo que se ceda lo que con toda probabilidad va a producirse:

a) Que el propio Gobierno obstaculice el normal desarollo de Telefónica, imponiendo toda clase de servidumbre e impidiendo -tal como ya ha sido anunciado- su participación en el negocio del cable durante los dos primeros años, lo que supone un notorio perjuicio para la compañía, sus centenares de miles de accionistas y su trabajadores.

b) Que la anunciada Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nombrada íntegramente por el Gobierno, establezca un precio de favor a Retevisión por la utilización de la infraestructuras de la red de telefonía beneficiando con ello los particulares que se haga cargo de la empresa.

3. De hecho, Retevisión no es un proyecto del Gobierno de Aznar. Tiene un origen corporativo que se canaliza a través del propio Ministerio de Obra Públicas. Más tarde, el ministro Borrell trató de imponerlo como disciplina liberalizadora a Telefónica siguiendo el modelo inglés, e impulsando otra nueva empresa pública que agrupase los activos de otras empresas del sector (Correos, Hispasat, etcétera).

Después, se complicó como otros muchos proyectos de ese ministerio y ha sido, finalmente, el Gobierno de Aznar quien con otra orientación le ha encontrado una utilidad manifiesta: por una parte, la posibilidad de obtener ingresos adicionales por la venta de los activos de Retevisión cuyo valor se ve incrementado por la renta monopolista que le otorga la licencia.

Por otra, la posibilidad de favorecer con los bienes públicos a un grupo financiero y de comunicación del entorno más próximo al Partido Popular -que lidera, entre otros, el Banco Santander- que será, sin duda, como tendremos ocasión de comprobar, uno de los principales beneficiarios del concurso, o subasta que ponga punto final al lanzamiento del nuevo operador de la derecha.

es el seudónimo de un grupo de Economistas y Catedráticos de Economía Aplicada.