La oposición y los sindicatos critican una venta masiva
La inminencia de un documento oficial sobre privatizaciones ha desatado un debate abundante. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, afirmó ayer que la privatización "sólo ayudará a medias" a cumplir los objetivos de Maastricht, porque la Comisión Europea no contabiliza las privatizaciones como reducción del déficit". Matizó las posiciones máximalistas: "Pensamos que hay cosas que no se tienen que privatizar, porque tampoco se tiene que privatizar todo".El PSOE fue más duro. Jesús Caldera, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, dijo que la "venta masiva" de activos del Estado será muy peligrosa para la mayoría de los ciudadanos, que dependen del Estado para la prestación de servicios; por contra, los beneficiarios serán los "potentes grupos económicos", que sí podrán hacer negocio con las privatizaciones. Precisó que el PSOE no se opone a un plan ordenado de ventas, pero sí a las ventas masivas, que son "una exageración sin precedentes que no tienen sentido ni lugar".
Rosa Aguilar, portavoz de IU en el Congreso, profetizó que habrá movilizaciones en la calle contra el plan de privatizaciones, al que calificó como "desamortización de Rato". "Cada día que pasa nos asusta más la política de la derecha, porque no puede ser más salvaje". Aguilar dijo ayer en el Congreso que el Gobierno del PP pretende poner en venta el Patrimonio del Estado "como si fuera su cortijo Particular".
El secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, se sumó a las críticas: "Nunca he visto un vendedor tan malo, que enseñe tantas cartas a compradores que todavía no han aparecido, de las cosas que quiere vender". "Más que un plan de privatizaciones, lo que hay es una obsesión ideológica por desprenderse de todo lo que suene a público y lamentablemente lo que nos vamos a encontrar es que se privatizan beneficios", dijo Gutiérrez, quien aseguró que el anuncio del Gobierno "es una mala manera de proceder porque pretendiendo obtener dinero rápido se puede obtener menos del que en buena lógica se conseguiría con una política más prudente en el tratamiento de las empresas públicas". El líder de UGT calificó de "colosal disparate" el que se pretenda "una enajenación de los bienes del Estado", así como una privatización de las empresas públicas "de forma indiscriminada".
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