"Los guardias civiles de la lucha contra ETA tenían total impunidad"

El miedo a seguir la suerte del contrabandista José Antonio Santamaría y del supuesto narcotraficante José Manuel Olarte Plomos, asesinados por ETA, y también a verse involucrado en los atentados de los GAL ha llevado a Pedro Luis Miguéliz, Chofo, a colaborar con la justicia. El contrabandista empezó a prestar declaración ante el juez de la Audiencia Carlos Bueren y su testimonio ha sido decisivo para avanzar en el esclarecimiento del secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983.

Chofo compraba la complicidad de los guardias civiles corruptos de la 513 comandancia de Guipúzcoa "a 1.000 duros por caja de tabaco, 200.000 o 500.000 pesetas por descarga". Ahora se ha convertido en el principal testigo de cargo contra el ex sargento de Enrique Dorado Villalobos y otros presuntos integrantes del llamado Gal verde. Miguéliz, "lugarteniente" y amigo de Santamaría, el ex jugador de la Real Sociedad que dirigió una de las principales redes de contrabando de tabaco en Guipúzcoa, mantenía una estrecha relación con Dorado, procesado como presunto autor de los asesinatos de Lasa y Zabala.Donostiarra, de 36 años, Chofo asegura que Dorado les contó a él y a Santamaría que había secuestrado a los presuntos miembros de ETA en Bayona (País Vasco francés), en compañía de Felipe Bayo y otros dos guardias apellidados Hermida y Sandoval, y les había trasladado al palacio de La Cumbre, en San Sebastián. El general Enrique Rodríguez Galindo estaba informado y el entonces gobernador de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, también.

"Los tuvieron varios días en la fresquera de la cocina que había en los sótanos, interrogándoles y pegándoles. Dorado dijo que él y Felipe Bayo habían hecho turnos de 12 horas de vigilancia y que al final, como estaban en mal estado y no contaban nada más, les habían inyectado algo y trasladado a Alicante en el portamaletas de sendos coches, uno de ellos el Renault 12 del propio Dorado. Los mataron en el misno sitio en que los enterraron".

Chofo sostiene que Dorado y otros guardias que trabajaban para los contrabandistas "tenían patente de corso" para hacer lo que quisieran. "Cambiaban de coches y de matrículas. Me hablaron incluso de que atracaban gasolineras cuando volvían de llevar detenidos a Madrid. Con eso de la lucha contra ETA tenían total impunidad. Dorado", indica el testigo, "siempre decía que estaba a las órdenes de Rodríguez Galindo, aunque nunca afirmó que éste les hubiese ordenado secuestrar o matar a Lasa y Zabala".

Afirma que las informaciones extraídas bajo tortura a los secuestrados permitieron luego al GAL verde matar a otro etarra con un rifle de mitra telescópica. Aunque Miguéliz dice no poder especificar de quién se trata, todo apunta a Eugenio Salazar, Tigre, asesinado el 25 de febrero de 1984.

¿Por qué Dorado se sinceró con él y con Santamaría hasta el punto de contar su participación en los asesinatos de los GAL? Chofo responde que el ex sargento, hoy en prisión, se vio en una situación difícil cuando fue arrestado por atracar una tienda en Irún. Según Miguéliz, Dorado les pidió a él y Santamaría que intercedieran ante un alto responsable político, cuya identidad no quiere revelar, con la advertencia de que si le dejaban tirado empezaría a hablar de los GAL. La gestión dio rápido resultado y Dorado enseguida dispuso de un abogado.

Explica Chofo que decidió colaborar con la justicia cuando se descubrieron los esqueletos de Lasa y Zabala en el cementerio de Busot. "Comprobé que era verdad lo que Dorado me había contado diez años antes; me decidí a hablar al leer unas declaraciones en las que el comandante de la Guardia Civil Máximo Blanco, que había sido segundo jefe de Intxaurrondo, afirmaba que los GAL fueron financiados por contrabandistas".

"A echarnos el muerto"

"ETA ya había matado a Santamaría y a Olarte", añade, "y vi claro que iban a echamos el muerto de los GAL y que nos habían puesto en el punto de mira de ETA". Miguéliz, que junto a Dorado fue condenado en San Sebastián a cuatro meses de prisión por cohecho, dice que desde que empezó a colaborar con los jueces de la Audiencia Nacional ha sido vigilado, perseguido y amenazado por guardias civiles y que, más recientemente, el antiguo abogado de Interior, Jorge Argote, le ofreció 50 millones para que se retractara de lo que había declarado.

La conexión entre guardias civiles corruptos y miembros del GAL verde ha podido ser acreditada gracias, en buena medida al testimonio de este contrabandista acogido a la Ley de Protección de Testigos e identificado en la causa con el número 2345. Los. investigadores policiales creen que los mandos de la Guardia Civil promotores del GAL verde consintieron la corrupción de los agentes involucrados en la guerra sucia contra ETA como una manera de gratificarles económicamente.

Algunos creen que la permisividad con estos agentes respondía igualmente a la idea de que su participación en delitos ajenos a la guerra sucia contra, ETA actuaría como "segundo freno", en el caso de que alguno se aventurara a desvelar la trama verde de los GAL.

La utilización de los contrabandistas como complemento de la redes de información policial antiETA es también una hipótesis que los investigadores manejan con soltura, pero no parecen existir pruebas. Miguéliz lo niega. "Nosotros sólo éramos contrabandistas, no teníamos nada que ver en la lucha contra ETA, y sólo nos dedicábamos al tabaco, nada que ver con la droga".

En informes de la Guardia Civil y del fiscal jefe de Guipúzcoa, Luis Navajas, del año 1988, se indicaba que Santamaría "ha perdido la confianza" en Miguéliz por dedicarse a la heroína sin ponérselo en conocimiento". Pero éste niega tal imputación. "Ese informe se hizo al desatarse la guerra entre el general Fuentes y el entonces coronel Galindo, una guerra que nos pilló en medio y en la que se dijeron cosas falsas".

Santamaría siempre negó haberse dedicado al narcotráfico y esta versión, sostenida con énfasis por sus amigos, es corroborada por Chofo. "ETA se equivocó al matar a Santamaría, pero hubo alguien", afirma Miguéliz, "que había filtrado interesadamente al diario Egin que se dedicaba al narcotráfico". Aunque no lo diga, Miguéliz sospecha que los autores de aquella filtración fueron guardias civiles ligados a los GAL.

El contrabandista, que ahora trabaja en el ramo de la seguridad, reconoce abiertamente haber sobornado a una serie de guardias civiles, como Dorado, Bayo, Hermida y Sandoval, y también al cabo Cruz, que testificó contra él en el juicio en el que fue condenado por cohecho. Niega haber conocido al antiguo responsable de Intxaurrondo, hoy encarcelado, Rodríguez Galindo. Afirma que jamás ha estado con él y que los guardias que trabajaban para los contrabandistas nunca citaron al jefe de la 513 Comandancia como destinatario de parte del dinero. "Era para ellos, aunque yo no sé qué hacían luego con él".