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Tribuna:

La cuadratura del círculo

En principio, hay que distinguir dos etapas en el lamentable asunto de los GAL, antes y después de ser de dominio público quiénes son los responsables. Hasta que el juez Garzón no empapeló a los ex policías Amedo y Domínguez y asistimos al espectáculo ignominioso de verlos protegidos por el Ministerio del Interior, si se quiere con mayor precisión, hasta que no fueron condenados a largos años de cárcel, pese a que en el juicio oral contasen con el testimonio favorable del entonces ministro del Interior, hoy también procesado, cabían las dudas sobre la verdadera trama de esta organización terrorista. Después, ya no.Han transcurrido entretanto largos años en que el asunto de los GAL no ha hecho más que pudrirse en una mentira oficial cada vez más transparente, que en ocasiones ha llegado a cuestionar seriamente al Estado de derecho, arrastrando consigo a todos los que se han prestado a defender lo indefendible, hasta el punto que ya sólo saltan a la palestra los directamente implicados. El último espectáculo deprimente lo dieron dos ex ministros y un ex secretario de Estado defendiendo la inocencia de un general al que se le imputan gravísimos crímenes, sin que en este alegato surgiera un solo argumento que remitiera al hecho de que hablaban desde un partido democrático que respeta la Constitución.

Distingo una primera etapa, aproximadamente hasta 1987, en la que muchos tan convencidos estábamos de que el Gobierno socialista no podía estar detrás de una política contraria al Estado de derecho que, antes de asumir lo que luego se fue configurando como la triste verdad, aceptábamos como moneda de ley hasta las más burdas patrañas: ¿recuerdan aquello de que los GAL estarían financiados por un grupo de empresarios vascos; o la teoría posterior de la conspiración, que tanto vale para un remiendo como para un descosido? Ya sé que tanta ingenuidad hoy ya no es vendible, sobre todo porque no niego que me llegaron, como probablemente a toda persona medianamente informada, comentarios que atribuían las acciones de los GAL a los órganos del Estado -además, como me dice un buen amigo, sin ser Sherlock Holmes bastaba la lógica más elemental para haber caído en la cuenta-, pero, pobre de mí, los tomaba por rumores surgidos en la órbita abertzale para deslegitimar al Gobierno. Tengo que añadir, no sé si como descargo, que, pese a esta experiencia traumatizante, no he cambiado de actitud ante los muchos chismes, y algunos graves, que me siguen llegando sobre comportamientos indecorosos de algunos poderes del Estado, y al igual que en el caso de los GAL, tampoco ahora, mientras no adquieran mayor densidad y fundamento, soy proclive a creerlos, y menos a hacerlos públicos. Tal vez un día se me acuse, como me lo han reprochado respecto a los GAL, de haber callado cuando había que haber hablado.

En la segunda etapa, en cambio, he sido beligerante, al no haber ya forma de escapar al convencimiento de quiénes eran los responsables y cuando los tribunales, aunque con cuentagotas -la justicia es lenta, pero algo se mueve-, han ido llamando a uno tras otro, sin que nadie sepa cuándo se cerrará la lista ni las sorpresas macabras que todavía nos tiene reservado el porvenir. Sin duda azuzaba un Gobierno que, lejos de esforzarse en dar al guna explicación convincente, no hacía más que entorpecer la acción de la justicia, a la vez que de clinaba asumir las más elementales responsabilidades políticas alegando que se debía dejar actuar a una justicia, a la que se le ponían todas las trabas imaginables, sin retroceder ni siquiera ante la denigración y la calumnia de los jueces que parecían menos conciliantes. Lo más llamativo es que las personas más significa das, desde el presidente para abajo, proclamaban una fe inquebrantable en la presunción. de inocencia de los procesados, pése a que recalcarla hasta estos extremos suponía de hecho que los indicios de culpabilidad que habían detectado los jueces se considerasen impulsados por actitudes y resentimientos que se acercaban a la prevaricación, seguridad que, por lo demás, pronto se les volvió en contra al autoinculparse algunos de los imputados.

Con el cambio de Gobierno ha empezado una tercera etapa, con caracteres nuevos, aunque no menos ambiguos y peligrosos. Por lo pronto, ha perdido vigencia la cuestión de la responsabilidad política, qué respiro, a la vez que el nuevo Gobierno, al no estar directamente implicado, tiene un campo mayor de maniobra. Felipe González ha perdido las elecciones, pero por tan escaso margen que es difícil concluir que el electorado le haya reprochado el asunto GAL. A la inversa, por triste que pueda ser esta constatación, hay que dejar constancia de que los GAL siguen contando con un amplio respaldo social. Y ello no sólo cuestiona los principios sobre los que se levanta la democracia, prueba contundente de lo poco sólidos que son sus cimientos, sino también, y sobre todo, por las consecuencias perniciosas que comporta en la lucha contra ETA: nada favorece y a la -postre legitima tanto la violericia etarra como el que se defienda o por lo menos se encubra, una violencia en sentido contriario, aquella que desde hace muchos años reclaman las pintadas de -un fascismo residual. Si toleramos un espacio de vacío de derecho en el tratamiento de la lucha antiterrorista, o en el castigo de sus extralimitaciones, estas bolsas de ajuridicidad tienden a extenderse a los campos más diversos. Una de las más terribles secuelas de haber organizado los GAL, desde luego no prevista, y de la que se habla demasiado poco, remite a los estragos sufridos por la justicia -y los que se vislumbran todavía en el horizonte- por el afán de preservar la impunidad de estas acciones. En todo caso, en democracia nunca se pueden echar en saco roto las opiniones mayoritarias, por desagradables que nos resulten.

Hemos pasado de negar la evidencia -"no hay pruebas ni nunca las habrá"- a reconocer la necesidad de encontrar una solución rápida al asunto GAL, conscientes de que constituye una pesada carga para la legitimidad del Estado, que no se puede mantener por un tiempo indefinido. Obligación de los políticos a los que hemos encomendado la alta responsabilidad de gobernar es resolver los problemas graves todavía pendientes. La dificultad consiste en que ha de finalizarse el asunto, sin que en la operación nos carguemos el Estado de derecho. El gran error cometido en el pasado consistió en disociar Estado y derecho, perfilando una razón de Estado al margen o en contra del derecho. El dislate se ha mantenido al tratar de resolver el problema en el plano de la justicia al que pertenece, pero, como se comprueba que dejándola a su aire el proceso es muy lento y sobre todo incalculable en sus consecuencias políticas -el Estado Pasa a la página siguiente

Viene de la página anterior no puede depender de los avatares de un proceso judicial imprevisible-, en las altas esferas se sigue especulando con la posibilidad de una justicia, constreñida y manejada desde las razones de Estado. A la judicialización de la política que caracterizó a la segunda etapa, taponando con ello desde un principio una solución política, podría corresponder en esta tercera etapa una politización de la justicia, en el sentido de tratar de encontrar una solución política, pero utilizando medios jurídicos y encargando la operación a unos tribunales especialmente seleccionados para llevarla adelante.

La tentación es grande, hasta tal punto aprieta el caso, pero nada fácil de llevar a la práctica. El señor Belloch, en su doble calidad de ministro del Interior y de Justicia -para esta finalidad hasta se comprende la fusión de ambos ministerios-, lo intentó con el resultado conocido de provocar grandes desaguisados, para luego conseguir siempre los efectos contrarios de los buscados. El periodo de Belloch pasará a la historia por el abismo que muestra entre intenciones y objetivos, por un lado, y resultados tangibles, por otro. Ahora, con la distancia y la experiencia acumuladas, resulta patético el propósito de González en 1993 de encargarse él mismo de la limpieza de un edificio de cuya podredumbre era el mayor responsable, encomendado, para mayor sarcasmo, la depuración -pues cae por su peso que tendría que dejarle incólume- a unos magistrados que gozaban de un merecido prestigio por su valentía y compromiso democrático.

En el afán de encontrar una solución política por los canales de la justicia, algunos elementos ya se han filtrado, como construir un sumario único en el Tribunal Supremo, que tiene por lo pronto la ventaja de evitar a filiales de año la vista oral del juicio contra Barrionuevo; o anular los sumarios instruidos por Garzón y otras ideas por el estilo. Todo ello vendría implementado con la elección de un Consejo Superior del Poder Judicial que, imbuido de Estado, sirviera a ese objetivo. Además de que, al dar un paso decisivo en el camino de la destrucción del Estado de derecho, el remedio sería peor que la enfermedad, choca con el obstáculo principal: todas estas medidas serían también aplicables a ETA y si, por ejemplo, se subsumieran en un solo sumario todos los relacionados con ETA, pararíamos la acción de la justicia.

No se ha prestado la suficiente atención al hecho de que las acciones judiciales contra la guerra sucia se están llevando a cabo sin cumplirse ninguna de las dos condiciones que se han dado en otros países al acometer medidas de gracia o de justicia. La primera, que se hubiera derrumbado el régimen político que aplicó la guerra sucia, es decir, que los tribunales juzgasen sobre un pasado políticamente ya superado. La segunda, que se hubiere ganado la guerra aunque los métodos hubieran sido inadmisibles. En España nos encontramos ante el primer caso de un Estado que, continuando en el poder la misma clase política y sin haber ganado la guerra -ETA sigue matando-, se ve obligado a castigar a sus servidores. Ello dificulta no pocas soluciones. Cualquier medida que se tome a favor de los GAL, dejando aparte consideraciones de orden jurídico o moral, afecta tanto a la lucha contra ETA como a la legitimidad del Estado en el País Vasco.A nadie se le oculta que es prioritario encontrar una solución política al tema de los GAL, pero también, que si no se acierta, los costes pueden ser muy altos para el Estado de derecho y/o para la eficacia de la lucha antiterrorista. ¿Cuál es entonces la solución? Lo ignoro: cuanto más reflexiono sobre el asunto, más me parece la cuadratura del círculo.

Ignacio Sotelo es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de junio de 1996