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Tribuna:

Camino por recorrer

La aplicación de la justicia al tema, GAL sigue poniendo a prueba nuestra capacidad para debatir esa materia de modo razonable, sin romper la comunidad de la que unos y otros formamos parte. Se precisa una capacidad tal para seguir conversando; y tenemos todavía mucho que conversar. He aquí cuatro reglas prácticas que pueden favorecer esta conversación.La primera regla sería la de cuidar las declaraciones de intenciones: abreviar la defensa de las propias y obviar la denuncia de las ajenas. Sobre todo, esto último.

Cuando se cruzan las denuncias de intenciones suele ocurrir que cada cual se indigne porque los demás le atribuyan intenciones que no reconoce como suyas. La indignación induce protestas de inocencia y preguntas retóricas (¿es que acaso yo trato de defender lo indefendible?) que provocan más indignación (porque ¿cómo no indignarse de que alguien pueda siquiera sospechar que uno está dispuesto a defender lo indefendible?). Ello sirve de atenuante para que, en el calor de la pelea y al abrigo de la ofuscación, se responda con denuncias que tergiversan las intenciones del contrario. Con ello se cierra el círculo y, a partir de ese momento, cada cual puede desconocer todo límite y dar rienda suelta a su elocuencia. Los mutuamente indignados pueden disfrutar así de la emoción de cabalgar entre frases gloriosas soltándose dardos mal-intencionados (a veces, en estos entretenimientos, se reconocen los adversarios como almas gemelas). De este modo, se llenan los tiempos de las pláticas y las hojas de las publicaciones, y el ruido desplaza al argumento.

Claro está que, con estas emociones, se rompen los argumentos y las comunidades de conversantes. Por eso creo que tanto ruido no es deseable y que, en materia de declaración de intenciones, la brevedad (combinada con la sinceridad) debería ser la norma. Dejemos claras las nuestras al principio, respetemos las del otro y entremos en el meollo del asunto. Olvidemos, por el momento, las intenciones: analicemos los hechos, sus causas y sus consecuencias.

Una segunda regla práctica podría ser la de evitar la alusión a catástrofes cuya inminencia se anuncia sobre la base de una información que el anunciante no está en condiciones de compartir con su auditorio. Por ejemplo, en los últimos tiempos algunos dicen: si se sigue con el tema de los GAL pueden ocurrir cosas terribles. En este caso la emoción suscitada es de angustia, o temor a lo desconocido, con el aditamento de algunas metáforas espaciales que sugieren, borrosamente, los contornos del objeto en peligro, que suele ser el Estado, bien sus cimas, bien sus cimientos, que se podrían tambalear.

El problema es que resulta difícil argüir con quienes, a la hora de aducir sus razones, miran fijamente y guardan silencio, quizá porque dan por supuesto que aquello de lo que están hablando es obvio, y el nombrarlo, innecesario. No cabe una comunidad de debate con quienes rehúsan comunicar las premisas de sus argumentos. En este punto conviene que tomemos una decisión acerca de qué tipo de comunidad queremos: una comunidad de personas que debaten, o una de personas que se miran fijamente. Las dos tienen sus pros y sus contras, y ambas son merecedoras de estima. Pero se trata de comunidades distintas, y hay que elegir entre ellas.

Si queremos una comunidad de gentes que conversan con el objetivo de aprender unas de otras y, eventualmente, de convencerse y llegar a algunos acuerdos, puede ser muy útil (y ésta sería una tercera regla práctica) comprobar desde el principio si compartimos, o no, algunos principios normativos de la acción pública. Por ejemplo, probablemente casi todos deseamos que el país tenga aquel tipo de estabilidad política que sea compatible con la existencia de un Estado de derecho, y no el que sea incompatible con éste. El principio parece elemental, pero es muy importante, porque permite situar la discusión en el marco de un régimen de democracia liberal, a diferencia de lo que sería una discusión en el marco de un régimen autoritario o totalitario, que también tienen sus formas propias de estabilidad política.

Otro principio normativo, en el que quizá casi todos estemos de acuerdo, es el de (y con esto llego a mi cuarta regla práctica) dar prioridad al desarrollo de la educación cívica del país: conviene hacer las cosas de modo que esta educación progrese. Si pudiéramos comprobar la existencia de un acuerdo ampliamente mayoritario en torno a este principio, esto podría tener como consecuencia una mejora casi inmediata del clima de la conversación.

Porque si, desde esta perspectiva observamos el debate actual, vemos que éste, a pesar de su emocionalismo, las atribuciones cruzadas de intenciones non sanctas y las referencias ominosas al fin de los mundos, da motivo para considerar con tranquilidad y moderado optimismo lo que está ocurriendo. Se está dando una discusión pormenorizada de los actos específicos de los jueces, y éstos saben que responden de ellos no sólo ante su conciencia y otras instancias jurisdiccionales, sino también ante una masa crítica de ciudadanos concernidos que analizan sus pasos. Es posible que la opinión publicada se divida, a veces, entre la de los defensores y los detractores de estos o aquellos jueces; pero también es posible que la opinión pública se divida entre quienes razonan y quienes se dejan llevar de sus afectos, y los primeros vayan siendo cada vez más n numerosos.

El público es capaz de mantener la atención sobre tales materias, enrevesadas y con frecuencia turbias, precisamente porque ya consiguiendo identificar, con algún grado de precisión, cada uno de los actos delictivos, probados o presuntos, que se están poniendo sobre el tapete. Está aprendiendo a fijarse en los hechos, sus causas y sus consecuencias; a ponderar la carga probatoria de indicios, y testimonios, y a comparar las diversas hipótesis explicativas de los mismos. El público tiene, así, la oportunidad de alcanzar ecuanimidad de juicio en el proceso de ir acompañando, con discriminación y mesura, la marcha de la justicia; y la justicia, la de merecer, y recibir, el apoyo y el respeto del país.

También, eventualmente, su gratitud. Porque, sin duda, Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior el país agradece, y agradecerá, la ayuda que pueda recibir a la hora de enfrentarse con la tesitura de tener que juzgar, entender el porqué y hacerse cargo de sus sentimientos contrarios ante infracciones de la ley por parte del poder que han podido conducir a muchos asesinatos, por no hablar de robos y de engaños. Esas infracciones, y esas muertes, tilenen que ser consideradas como se cometieron, de una en una. El trago es amargo pero inevitable, si se quiere que el país madure y se eduque en el duro aprendizaje de la vida civil. No conviene, por ello, elludirlo mezclando las cosas.

El público puede seguir un caso detrás de otro, pero no todos juntos, y menos en una ceremonia de la confusión. Debe apreciar, en cada caso, las personas y las circunstancias, y recorrer, una y otra vez, el camino que va del atisbo al convencimiento, parándose, cada cierto tiempo, en la duda. Ésa es la senda; y es una senda a recorrer con paciencia, que no conduce al hundimiento del mundo.

Víctor Pérez Díaz es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de junio de 1996