Economía protege a los usuarios de gasolineras

Los automovilistas madrileños podrán comprobar en las gasolineras si las cantidades de combustible suministradas son las correctas. Lo podrán hacer con una botella de 10 litros que todas las estaciones de servicio deberán tener a disposición de los usuarios. Es uno de los aspectos que recoge el nuevo decreto sobre el servicio de gasolineras que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad a propuesta de la Consejería de Economía.La norma obligará a las estaciones de autoservicio a facilitar a sus clientes unos guantes. Todas las gasolineras deberán vigilar que la existencia de agua en sus depósitos no supere los 0,5 centímetros si no quieren ser sancionadas. También serán obligatorios los carteles sobre el precio de venta al público del litro, con indicación de su octanaje. La Consejería de Economía ha dado seis meses de plazo a todas las estaciones de servicio de la Comunidad para que se adapten a la nueva normativa.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un acuerdo que permitirá alimentar con 3.450 millones de pesetas a Telemadrid. Las distintas consejerías firmarán contratos programa con el canal regional a cambio del pago de la cantidad que la Consejería de Hacienda aprobó ayer. También autorizó el Ejecutivo regional la puesta en funcionamiento de las universidades privadas Antonio de Nebrija y Europea de Madrid.

La puerta y el puente

La Consejería de Educación y Cultura declaró ayer bienes de interés cultural a dos de los monumentos más conocidos de Madrid: la Puerta de Toledo (construida para recibir a los diputados constituyentes de Cádiz) y el Puente de Segovia (el más antiguo de Madrid, levantado en 1582).Aprobó el Gobierno, por último, la subvención semestral a la Asamblea de Madrid para su funcionamiento (991 millones). En el Parlamento regional, por la tarde, los diputados discutieron en pleno los problemas de los chabolistas que fueron desalojados hace dos semanas del Cerro de la Mica y que, desde entonces, piden un techo.

La izquierda regional denunció ayer la política social del PP, mientras los dirigentes del Gobierno tan sólo abrieron esperanzas para dos de las familias desalojadas. El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, se comprometió a estudiar la posibilidad de adjudicar dos viviendas públicas para resolver casos de extrema necesidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 06 de junio de 1996.

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