La CEOE y los constructores lamentan que el recorte afecte sobre todo a la inversión pública

Las reacciones empresariales por el recorte en la inversión pública no tardaron en llegar. La patronal CEOE valoró ayer positivamente el recorte de 200.000 millones en el gasto "ya que es la única vía que permite compensar los efectos de los menores ingresos derivados de la desaceleración económica". No obstante puso un pero. La patronal cree que "debe lamentarse de que dicho recorte haya afectado al capítulo de ínversiones reales".La CEOE considera que, dadas las actuales restricciones en el gasto público, "sería beneficioso" para nuestra economía que se diese mayor protagonismo a las vías de financiación extrapresupuestaria de las infraestructuras.

La Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (Seopan), que siente el recorte directamente, coincidió con CEOE en que el recorte de 80.000 millones en la inversión pública -en torno a una tercera parte corresponde a Medio Ambiente, ahora en otro ministerio- agravará la difícil situación del sector, lo que empeora las ya pesimistas previsiones sobre la actividad durante en este ejercicio".

Los constructores entienden que el recorte se une al descenso del volumen de obra pública licitado durante 1995, a la no incorporación de créditos no utilizados el pasado año y al continuado retraso por parte de las Administraciones públicas en los pagos.

UGT destacó que el recorte incidirá en el empleo y el crecimiento y denuncia que aún no se conoce cómo afectará a programas de gasto concretos. CC OO califica de "barbaridad" la medida ya que "a nadie con dos dedos de frente se le escapa el negativo efecto sobre el empleo".

El secretario de Estado para la UE, Ramón de Miguel, confirmó por otra parte que la reducción de 56.000 millones aplicada al capítulo de la UE no es un recorte, sino un "ajuste contable".

De Miguel aseguró que esa cantidad en realidad corresponde al "remanente que la UE devuelve a los Gobiernos una vez deducidas aportaciones y gastos". Son, añadió De Miguel, "presupuestos comunitarios no gastados, inicialmente previstos para la Política Agraria Común" y que una vez devueltos a los Gobiernos han sido utilizados libremente".