Los etarras que ya viven en México sólo podrán ser reclamados por delitos comunes

El procurador general de la República de México, Antonio Lozano García, afirmó ayer que el nuevo protocolo de extradición entre su país y España sólo podrá aplicarse en casos de terrorismo para aquellos actos delictivos que se cometan a partir del 5 de junio, fecha en la que entra en vigor el texto que modifica el Tratado de Extradición entre ambos países. De este modo, los etarras que viven en México y que hayan cometido delitos de terrorismo antes de esa fecha sólo podrán ser reclamados por la Justicia española si han cometido delitos comunes.El procurador general, un cargo ministerial a caballo entre fiscal general del Estado y ministro de Justicia, insistió en que, en virtud del principio fundamental del derecho que establece la no retroactividad de la ley, "sólo podrá aplicarse el supuesto de terrorismo en un proceso de extradición cuando los actos delictivos sean cometidos con posterioridad a la fecha de la entrada en, vigor del Tratado", pero matizó que la no retroactividad del Tratado no implica "de ninguna manera" que los delincuentes gocen de impunidad.

Lozano, no obstante, aclaró que en casos de delincuencia común, como homicidios, lesiones, daños, robos o violación de la ley de inmigración, "se estudiarán las posibles peticiones caso a caso". Si el Poder Judicial español solicita alguna petición de extradición, "el Gobierno mexicano traspasará el asunto a un juez, quien será el que definitivamente dictamine sobre la extradición en cuestión", dijo el procurador.

Lozano no supo precisar el. número de etarras que viven refugiados en su país, pero dijo que su labor en los próximos meses será definir "el número exacto y sus nombres", en estrecha colaboración con el Ejecutivo español, aunque apuntó que había recibido "tres o cuatro solicitudes de extradición por parte del Gobierno español que están examinándose".

El procurador general se entrevistó horas antes con el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el cual acordó la elaboración de un censo completo que determine cuántos sospechosos de pertenecer a ETA se refugian en México.

Fuentes policiales han cifrado esta colonia en unos dos centenares de vascos, simpatizantes o relacionados de alguna forma con ETA, si bien el número de los activistas con causas pendientes en España e implicados en atentados sería mucho menor. La policía considera que México se ha convertido desde hace años en una especie de "segunda retaguardia" para ETA [la primera sería Francia], donde se esconden individuos que "a largo plazo" podrían ser reclamados por la dirección de la banda para trasladarse a España e incoporarse a algún comando.

Mayor Oreja confirmó que este encuentro ha sido el primer paso para consolidar a medio plazo una relación de diálogo permanente en materia antiterrorísta.

El nuevo protocolo aprobado por ambos países incluye también los delitos de carácter fiscal, que en el anterior tratado de extradición estaban excluidos, y aclara los ámbitos de su aplicación. Según Lozano, la Procuraduría General que él preside está fundamentalmente interesada en la extradición por parte del, Gobierno español de un número de ciudadanos mexicanos, cuyo número tampoco pudo precisar, implicados en fraudes y delitos fiscales, si bien concretó que "en algunos casos muy específicos los procesos se iniciaron con anterioridad".

El procurador general inauguró la Agregaduría para Asuntos Legales en la Embajada mexicana.