El Constitucional rechaza revisar la sentencia sobre los 'papeles del Cesid'
El Tribunal Constitucional decidió el lunes pasado rechazar el recurso de amparo interpuesto por la acción popular del caso GAL contra la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que dio la razón al Ministerio de Defensa en su contencioso con Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, por los llamados papeles del Cesid. El recurso de la acción popular se basaba en que el tribunal de conflictos no le permitió intervenir en el proceso.Según la acción popular, esta negativa supuso la vulneración de tres derechos fundamentales: a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de armas en el proceso y al juez ordinario predeterminado por la ley. Sin embargo, la Sección Primera del Constitucional, de la que forma parte el presidente del tribunal, Álvaro Rodríguez Bereijo, considera que no hubo tal vulneración.
Así, el auto señala que la tutela judicial "no es un derecho absoluto susceptible de ser ejercido en todo caso y al margen del proceso legalmente establecido", sino que corresponde a jueces y tribunales interpretar la legalidad.
El alto tribunal razona que "la decisión adoptada por los órganos jurisdiccionales sólo será susceptible de revisión ante este tribunal si puede ser considerada manifiestamente ilógica y arbitraria", lo que no se ha producido en este supuesto.
Prematuro y sin contenido
La resolución señala que, "sin necesidad de abordar otras posibles causas de inadmisiblidad, como pudiera ser su carácter prematuro", por no haber agotado "todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial", la demanda "incurre, ante todo, en el motivo de carencia manifiesta de contenido".La decisión del Constitucional de rechazar este recurso avala la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del 14 de diciembre pasado, que resolvió en favor del entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, su contencioso con Garzón. Este fallo atribuyó al Gobierno la facultad de decidir si entrega o no al juez documentos secretos tras "valorar los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación", subrayó, "le corresponde en esta materia".
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