El magistrado pide 18 documentos secretos del Cesid

El juez Baltasar Garzón elevó ayer una exposición razonada al Gobierno en la que pide la desclasificación como secretos de 18 documentos del Cesid relativos a la guerra sucia contra ETA. En un escrito de 41 folios, el magistrado reclama al ejecutivo de José María Aznar los documentos que ya le fueron negados por el anterior ministro de Defensa, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, y que dieron origen a un conflicto, de jurisdicción resuelto en favor del departamento de Defensa.El vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos manifestó anoche que el Ejecutivo respetará la decisión del juez de pedir la desclasificación de documentos: "La petición del Garzón está fundada en derecho y, con arreglo a eso, el Gobierno tomará la decisión que corresponda aplicando y velando por el Estado de derecho y, en particular, por la Ley de Secretos Oficiales".

Entre los documentos solicitados figuran la denominada acta fundacional de los GAL y las notas de despacho enviadas por el coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid, al entonces director general de los servicios secretos, teniente general Emilio Alonso Manglano, en las que le informaba del inicio de la guerra sucia contra ETA o de la inminencia del atentado en el que resultó muerto el etarra Ramón Oñederra, Kattu.

El magistrado reclama también la desclasificación de varios documentos de los que ya tiene copias en su poder, como los incautados al coronel Juan Alberto Perote en su celda de la prisión militar de Alcalá de Henares.

Estos documentos contienen un relato novelado sobre la guerra sucia en la que atribuye imputaciones a diversos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado basándose en el contenido de varios documentos del Cesid.

El juez ha decidido volver a pedir los papeles al Gobierno del Partido Popular, siguiendo ahora el cauce indicado por el tribunal de conflictos, que en su sentencia señalaba que el instructor debería elevar una exposición razonada para que el Ejecutivo entendiese para qué necesita el magistrado los documentos y valorar sí la des clasificación de los documentos afecta o no a la seguridad del Estado.