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Editorial:

GAL: la pesadilla

CADA VEZ se echa más en falta esa explicación responsable, de carácter político, que el anterior Gobierno socialista debió dar a la sociedad española sobre el asunto de los GAL. A su debido tiempo esa explicación habría contribuido a desactivar en cierta medida un asunto que, al margen de su chapucería criminal, constituyó un inconmensurable error político que ha condicionado y sigue condicionando el normal desarrollo de la vida política e institucional del país.El principal problema ha sido siempre cómo dar una explicación verosímil y creíble al insólito hecho de que los GAL utilizaran estructuras, armas y fondos públicos sin que lo supiera el Gobierno. De haber sido así, seguramente los españoles nos habríamos ahorrado la pesadilla y la inquietud, que produce ver cómo un asunto tan grave, que afecta a instituciones y personas directamente relacionadas con la seguridad del Estado, amenaza con contagiar también a la nueva legislatura, aunque siempre lo haría en grado menor, puesto que alcanza al partido de la oposición y no al del Gobierno.

Pero al margen de las derivaciones parlamentarias que pueda tener aún el caso GAL, éste se sustancia hoy fundamentalmente en los tribunales, y el balance judicial de lo actuado hasta ahora no resulta nada tranquilizador. No lo es ver como imputados en procesos relacionados con la guerra sucia contra ETA -casos Marey, Oñederra, Lasa-Zabala...- a dos ministros del Interior, a tres generales y a otros altos responsables políticos y policiales de la seguridad del Estado. Es decir, a quienes durante una década asumieron la responsabilidad de defender al Estado frente al terrorismo.

Es verdad que en toda la maraña de declaraciones vertidas hasta ahora hay un alto componente de autodefensa, pero tampoco puede obviarse que los testigos acusatorios son en muchos casos altos responsables de la lucha antiterrorista. Esto es, personas que al acusar a otros se acusan a sí mismos, y que desde luego, por razón del cargo, debían estar al tanto de las operaciones. Tampoco se puede olvidar que elevar las acusaciones hasta el propio Felipe González y a cuantos tuvieron responsabilidades en la lucha contra ETA puede ser una estrategia defensiva en busca del borrón y cuenta nueva. En medio de este cruce de intereses sólo cabe confiar en la responsabilidad de los jueces, obligados más que nunca a discernir la verdad y, al mismo tiempo, a impedir que el caso GAL condicione la vida política del país.

Las actividades de los GAL que investigan los jueces Garzón y Gómez de Liaño, no pueden ni deben quedar impunes. Es su deber esclarecerlas en todas sus ramificaciones delictivas en la medida en que dispongan de indicios fundados, con escrupuloso roespeto a los procedimientos y a las garantías de los implicados. Algunas actuaciones judiciales en este nuevo episodio, de la investigación de los GAL siguen recordando en demasía a otras precedentes.

Es cierto que la prisión preventiva ha dejado de usarse como forma de quebrar la voluntad de los imputados, tras el inequívoco pronunciamiento del Tribunal Constitucional en contra de tal uso y de las recientes reformas legales que lo dificultan. Pero siguen viéndose cosas extrañas, como presiones a un abogado para que abandone la defensa de dos imputados o anuncios de futuras imputaciones sin escuchar a los afectados con el argumento de "prevenir situaciones de indefensión" y para que pueda declarar con asistencia letrada. ¿Se previno esa situación de indefensión en el caso, de Barrionuevo al instante en que Amedo testimonió contra él en su primera declaración ante el juez Garzón en diciembre de 1994? De haberlo hecho se habría evitado que el ex ministro del Interior permaneciera durante siete meses sabiéndose imputado y sin poder defenderse, si bien Garzón tendría que haber enviado la causa al Supremo siete meses antes.

Algunos pensarán que estas cosas son peccata minuta en comparación con los hechos que se investigan. Sin una decidida defensa de los procedimientos no se pueden defender los derechos y libertades que ampara la Constitución. Esto es igualmente aplicable al responsable político o funcionario policial que recurre a métodos legales para luchar contra el terrorismo que al juez -con más razón si cabe- que investiga tales conductas sin respetar escrupulosamente las reglas y las garantías.

Hay que admitir en todo caso que la tarea de los jueces no es fácil. Sobre todo si se tiene en cuenta que los principales testigos acusatorios siguen siendo el convicto José Amedo, el ex prófugo y pluriprocesado Luis Roldán y un espía como Juan Alberto Perote, que presuntamente robó miles de documentos secretos. No es extraño que el escenario judicial de los GAL pueda convertirse así en una especie de callejón del gato donde todo acabe por deformarse. Ése es el desafío que tiene ante sí la justicia: distinguir las voces de los ecos entre el cúmulo de testimonios confusos, interesados, sesgados y contrapuestos que el cada vez más nutrido grupo de acusadores, testigos, autoinculpados e imputados hacen llegar a la Audiencia Nacional. Para que se haga justicia y el mundo no perezca, en contra de lo que afirma el terrible lema del juez justiciero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de mayo de 1996