Ahora, el Consejo

EL NUEVO proceso por cohecho abierto a instancias del fiscal anticorrupción contra el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Lluís Pascual Estevill ha coincidido con la inuguración de la VI Legislatura. Se dan, pues, las condiciones para que las fuerzas políticas se pongan a la tarea de renovar un Consejo Judicial que lleva en funciones desde hace medio año. Y de paso, para terminar con la indignidad que supone que el órgano de gobierno de los jueces mantenga entre sus miembros a uno sospechoso de la práctica totalidad de las variantes de corrupción -prevaricación, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias... previstas en el Código Penal. Indignidad, por otra parte, que no alivia el hecho de que Pascual Estevill se haya decidido a solicitar una excedencia temporal como juez, lo que no afecta a su. condición de vocal del Consejo.Este caso ilustra como ninguno, por su. carácter extremo, las graves consecuencias que se derivan del sistema de cuotas con el que los partidos políticos han pervertido la elección parlamentaria de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. La responsabilidad política por lo sucedido alcanza, en primer lugar, a CiU, que propuso su nombramiento, y después, al PP y al PSOE, que dieron su visto bueno. A estas alturas sigue siendo un misterio cómo pudo ser nombrado vocal del Consejo un. abogado de inquietante trayectoria profesional, convertido en su madurez en un juez de perfiles no menos inquietantes, con ínfulas de justiciero y de talante inquisitorial. Este error garrafal no hubiera sido posible sin la forma viciosa en que los partidos han interiorizado su participación en la designación: como una manera de adquirir, conservar o aumentar influencia política.

Los criterios expuestos por el portavoz del PSOE en el Congreso, Joaquín Almunia, en la carta enviada recientemente a los grupos parlamentarios proponiéndoles la renovación del Consejo supondrían, de Cumplirse, el enterramiento del nefasto sistema de cuotas. Algunos son tan elementales como que el candidato sea de "una conducta moral intachable", "neutral, en el sentido de no tener una especial relevancia partidista", y que cuente con "una amplia experiencia en el ejercicio profesional". Sería en cualquier caso, un acontecimiento que el juego limpio, la transparencia y la publicidad presidieran a partir de ahora el proceso de elección de candidatos incluso con su comparecencia ante una. comisión que valorase su idoneidad y su trayectoria profesional y jurídica- y que no fueran posibles en el futuro casos tan bochornosos como el de Estevill.

Bochornoso, al menos, para quienes lo han lamentado y denunciado, aunque no para el inefable vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, que no lo ha considerado causa suficiente para la destitución del vocal en cuestión. Manzanares, que se ha prodigado en declaraciones incendiarias sobre la responsabilidad de los políticas, se ha atrincherado en los argumentos más pedestres para eludir las suyas propias y las del Consejo como tal en el pudrimiento del caso Estevill. Algunos jueces han descrito esta doble vara de medir responsabilidades del vicepresidente del, Consejo -estricta e incluso inquisitorial con las ajenas, laxa y complaciente con las propias- con la acertada metáfora de "cambiar la tea por el traje de bombero". Y es que, por mucho que se empeñe Manzanares, la exigencia de respansabilidades no es sólo cosa de políticos, sino de cuantos ostentan algún tipo de poder, incluido el judicial.

Pisotear este principio democrático ha permitido que los españoles tengan que soportar la vergüenza de ver en un. cargo institucional de la justicia a un sospechoso de haber convertido la función de juzgar en un arma particular contra sus adversarios y críticos, y a su juzgado en una oficina de compraventa de libertades para enriquecerse. Y de no poner fin a esa. vergüenza son responsables directos Manzanares y el grupo de vocales-entre ellos, la actual ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante- que cerraron filas tras él en defensa de Pascual Estevill. Aunque sólo sea por este motivo, urge, pues, que el Parlamento proceda a elegir un nuevo Consejo Judicial.