Garzón inculpa a los generales Cassinello, Sáenz de Santa María y Galindo un crimen de los GAL

El juez Baltasar Garzón dictó ayer un auto por el que se declara inculpados en el denominado caso Oñaederra a los generales Andrés Cassinello, José Antonio Sáenz de Santa María y Enrique Rodríguez Galindo, que han desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la Guardia Civil, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. La inculpación de los generales es genérica, ya que no se les imputa ningún delito concreto, y tiene que ver, según las mismas fuentes, con supuestas funciones de dirección en el llamado GAL verde. Garzón pidió al fiscal que le informe si, a la vista de las declaraciones de Luis Roldán, ex director general del instituto armado, debe llamar a declarar como imputados a José Luis Corcuera, ex ministro del Interior; Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y Jorge Argote, abogado vinculado al citado departamento.

La imputación de los tres generales se produce, a propuesta del fiscal, en el sumario 17/95, el caso Oñaederra, que instruye Garzón y está declarado secreto para las partes. En él se investigan los asesinatos de los etarras Ramón Oñaederra, Kattu, en Bayona (Francia) el 19 de diciembre de 1983, y Vicente Perurena, Peru, y Ángel Gurmindo, Stein, en Hendaya (Francia) el 8 de febrero de 1984, así como el atentado contra los franceses Christian y Claude Olaskoaga, en Biriatou (Francia) el 18 de noviembre de 1984 y en el que resultó muerto el primero y gravemente herido el segundo.Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que en estos hechos se aprecian delitos de asesinato, pertenencia o colaboración con banda armada, depósito de armas, tenencia de explosivos, falsificación de documentos y uso público de nombre supuesto. En las diligencias practicadas hasta ahora y en los documentos del sumario se vierten acusaciones contra los tres generales y existen "indicios que no son inverosímiles" contra ellos, según fuentes que conocen la investigación.

Sáenz de Santa María fue director general de la Guardia Civil entre 1983 y 1986; Cassinello, jefe del Estado mayor del instituto armado, y Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián.

El juez, para contrastar esos indicios, les ha notificado la condición de imputados con el fin de que puedan ejercer su derecho de defensa con mayor garantía. También ha anticipado que les citará a declarar en fecha aún sin concretar porque depende del resultado de diversas diligencias y pruebas: declaraciones de otros testigos e imputados, comisiones rogatorias a Francia, pruebas periciales y documentos requeridos.

Las imputaciones a los generales no tienen relación directa con la declaración del también ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, que ayer volvió a declarar ante Garzón, sino presumiblemente con las declaraciones y la documentación incautada al coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid. En uno de los documentos que Garzón intervino en la celda del que fue número dos de los espías españoles aparece un relato sobre la guerra sucia contra ETA, así como un organigrama de los implicados en ella y en el que supuestamente figuran los generales.

Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que de los cuatro asesinatos del caso Oñaederra, Cassinello y Galindo podrían aparecer vinculados al atentado contra Christian y Claude Olaskoaga mientras que Sáenz de Santa María estaría relacionado con hechos conexos.

La investigación sobre los Olaskoaga es la que va más avanzada y de la que se dispone de más pruebas. Los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo son los principales sospechosos, si bien aún no han sido llamados a declarar. Según varios medios informativos, se habrían desplazado a Biriatou (Francia) en una moto, de un hermano de Dorado, y tras el atentado habrían perdido una pistola y una lenteja (auricular diminuto para intercomunicarse entre ellos).

El vicepresidente primero del nuevo Ejecutivo y ministro de la Presidencia, Francisco Álvarez Cascos, declaró ayer, tras el Consejo de Ministros, que la tradicional doctrina del PP sobre el "distinto camino" de las responsabilidades políticas y penales hace que la inculpación de los generales "afecte sólo al ámbito personal de los interesados y en ningún caso al Gobierno". Las responsabilidades políticas "han tenido ya su tiempo", agregó.

Alvarez Cascos dijo que el Gobierno no tiene que plantearse la destitución de Galindo y Sáenz de Santa María como asesores personales en el Ministerio del Interior porque dejan su puesto automáticamente al cesar la persona que les nombró.

Mientras tanto, el secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, resaltó que los tres generales siempre han efectuado sus tareas antiterroristas "desde la observancia de la legalidad": "La Justicia realizará su labor, pero las personas mencionadas han dedicado sus esfuerzos y trabajo en momentos muy difíciles a defender la democracia y la lucha contra el terrorismo".

Por otro lado, el fiscal de la Audiencia Nacional ha instado a Garzón para que solicite al Gobierno que desclasifique una serie de documentos del Cesid que interesan para el esclarecimiento de la guerra sucia contra ETA, en general, y del caso Oñaederra, en particular. Se trata de los originales de unos informes del Cesid que Perote menciona en los documentos que le fueron incautados en su celda.