Promesa cumplida

DESDE EL pasado sábado, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, de 46 años, uno de los máximos dirigentes de ETA en la década de los ochenta, se encuentra en la prisión de Alcalá-Meco, a disposición de la justicia española. Se resuelve así, de manera satisfactoria para España, un caso que ha puesto a prueba tanto la consistencia de la colaboración francesa en la lucha antiterrorista como la firmeza del compromiso personal contraído en este sentido por el presidente francés, Jacques Chirac, con Felipe González en la cumbre europea de Turín (Italia).La entrega de Josu Ternera no es "un regalo" de Francia al Gobierno español. Esa tesis la han propalado los dirigentes de Herri Batasuna (HB) para mejor justificar los desmanes y sabotajes cometidos este fin de semana por grupos de simpatizantes de ETA en el País Vasco y Navarra en protesta por la medida. Constituye un acto perfectamente congruente con las pautas de comportamiento de dos Estados democráticos de derecho como Francia y España y es conforme a las reglas de colaboración judicial. Este activista, con una larga dedicación a la causa terrorista, no podía dejar de vérselas con la justicia española tras haber cumplido condena en Francia por actividades terroristas cometidas en su territorio. Naturalmente, ni su entrega ni su encarcelamiento prejuzgan su suerte final ante la justicia española. Pero, de momento, el lugar donde le corresponde estar es la cárcel para responder de los hechos que se le imputan y de otros que pudieran imputársele en el curso de la investigación judicial.

Se comprende que la hasta ayer secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, no haya querido dejar su puesto sin cobrarse una pieza tan importante en la batalla antiterrorista que libra España y se haya empleado a fondo para despejar las dudas surgidas en el último instante sobre su entrega en el lado francés. Y que en este empeño haya contado con el total respaldo ante las autoridades francesas de los nuevos gobernantes del Partido Popular. El terrorismo es un problema que no ha perdonado a ninguno de los Gobiernos democráticos y que exige, por tanto, la mayor unidad y continuidad en las políticas diseñadas para erradicarlo. Ambas parecen haber salido reforzadas con el abandono por el nuevo Gobierno popular de su propósito de introducir en el nuevo Código Penal, que entrará en vigor el 25 de mayo, el llamado cumplimiento íntegro de las penas para terroristas. Ayer, la nueva ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, confirmó que no habrá reforma del Código Penal, y el nuevo ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, anunció que la política antiterrorista seguirá anclada en los principios de los pactos de Ajuria Enea y Madrid y en el acuerdo entre las fuerzas democráticas.

Esta actitud del Gobierno de Aznar demuestra inteligencia y sentido común. Aunque fuera fruto más de la matemática electoral y de los pactos de gobernabilidad con el PNV que del íntimo convencimiento. O quizá precisamiente por ello. Los nuevos gobernantes han caído en la cuenta de que no tenla sentido seguir empeñados en una medida que contribuía a distorsionar el imprescindible consenso entre las fuerzas democráticas y que, encima, no aportaba ningún elemento verdaderamente efectivo a la lucha antiterrorista. Era un guiño a una sociedad ahíta de terrorismo; nada más.

Pero la lucha contra el terrorismo de ETA y el vandalismo de sus grupos de apoyo requiere algo más que guiños. Por ejemplo, la exigencia de una colaboración internacional efectiva como la que ha dado lugar a la entrega de Josu Ternera y la actuación diligente e inteligente de la justicia en la búsqueda de pruebas en los delitos que se le imputan. O reformas legales que, al tiempo que sean razonables, sean verdaderamente eficaces. Como la ya recogida en el nuevo Código Penal que hará posible que, a partir del próximo día 25 de mayo, los actos vandálicos contra personas y bienes públicos -quema de ertzainas, lanzamiento de cócteles mólotov, incendios de sucursales bancarias...- cometidos por grupos de apoyo a una banda terrorista como ETA puedan ser castigados como propios del terrorismo.