Los vecinos de Fuenlabrada consiguen con una colecta el dinero de la fianza de los detenidos

La batalla por el desahucio del lunes en Fuenlabrada prosiguió ayer en el terreno de las declaraciones. Un frente lo formaron el decanato de los juzgados de Madrid y la Jefatura Superior de Policía, quienes aplaudieron la intervencion de los antidisturbios y condenaron la violenta resistencia de los vecinos a una orden judicial. Al otro lado se situaron Izquierda Unida y UGT, que calificaron la acción policial de represiva y exigieron al Gobierno la depuración de responsabilidades. En medio de este cruce de declaraciones, la juez dejó en libertad con una fianza de 250.000. pesetas a cada uno de los tres vecinos detenidos en el desahucio. Los vecinos, en. un nuevo gesto de solidaridad, consiguieron con una colecta el dinero de la fianza.

El desahucio del lunes acabó con un violento enfrentamiento. Medio millar de vecinos intentó impedir el desalojo de una familia que había perdido su piso por una deuda de 600.000 pesetas contraída hace 14 años. Los afectados se consideran estafados por un abogado al que acusan de haberse apropiado parte del dinero de las letras de sus pisos. Las sucesivas cargas policiales -50 agentes-, que fueron recibidas con pedradas y botes de pintura,. permitieron el acceso a la vivienda de la comitiva judicial a costa de ocho vecinos heridos, tres policías contusionados y una agente apuñalada.Entre los detenidos figuraban el presidente de una asociación vecinal y el hombre que supuestamente apuñaló por la espalda a la agente. El resultado no ha impedido a la policía y los jueces defender a los antidisturbios. "Si no es por la intervención de la policía, nos, habrían linchado y probablemente todos estaríamos ahora en el hospital", indicó ayer un portavoz de la comisión judicial que se desplazó el lunes a Fuenlabrada para ejecutar la orden de desahucio dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid. Este por tavoz afirmó que dos miembros de la comisión fueron "violenta mente golpeados" por los vecinos.

Estas declaraciones tuvieron continuidad en la decisión de la juez decana de Madrid, Manuela Carmena, de informar de los hechos al juzgado del que procedía la orden de desahucio, para que se investigue por la vía penal la agresión a los funcionarios.

Asimismo, la juez decana lamentó ayer los incidentes, y recordó que la justicia es para todos". "Unas veces la pedimos nosotros", explicó, "y otras nos la piden; por tanto, no se puede impedir el efecto de la justicia".

Un miembro de la comisión judicial que acudió el lunes a Fuenlabrada añadió: "Hay que respetar la acción de la justicia; si no, esto se convertiría en la ley de la selva, no habría ningún orden y cada cual haría lo que quisiera. Siempre, detrás de una actuación del servicio de notificaciones y embargos [al que pertenecen los funcionarios agredidos], hay una orden judicial. En un estado de derecho, las resoluciones de los jueces hay que cumplirlas".

"Cuidado exquisito"

En este mismo sentido, se expresó la Jefatura Superior de Policía, que emitió un comunicado en el que sostiene que los agentes que participaron en el desahucio mantuvieron "un cuidado exquisito" y emplearon "medios proporcionados" para controlar la situación de "extremada violencia". Según la policía, los agentes tuvieron que intervenir después de que un grupo de vecinos "impidiera el paso at la comisión judicial" con "una actitud violenta". La policía afirmó que uno de sus agentes sufrió una puñalada por la espalda a manos de un vecino -Miguel G. B. de 59 años- que luego, para impedir la detención, simuló un falso infarto.Diametralmente opuesta fue la reacción de Izquierda Unida, que sumó a la críticas realizadas el día anterior por el alcalde de Fuenlabrada. La coalición afirmó en un comunicado: "La policía cargó sin mediar palabra, de forma injustificada, salvaje y desmedida contra el grupo de vecinos que mostraba su solidaridad contra el desahucio. Actuaciones como esta son difícilmente justificables en una sociedad democrática, manifestándose mas bien como residuos de una época donde las fuerzas de orden público resolvían con métodos de represión cualquier atisbo de solidaridad vecinal".

UGT, por su parte, mostró su apoyo a los desalojados exigió al igual que IU que la Delegación del Gobierno abra una investigación para establecer las responsablidades de quienes ordenaron y no evitaron la carga policial".